Cristina Casol se convirtió el pasado mes de noviembre en la primera diputada que activó el protocolo del Parlament de Cataluña diseñado para detectar, abordar y prevenir situaciones de acoso por razones de género. De aquella denuncia se derivó un informe de la Oficina de Igualdad del Parlament que acreditó discriminación en Junts después de múltiples entrevistas a diputados y diputadas del grupo. Pero Junts hizo oídos sordos, concluyó únicamente que el informe no culpaba al denunciado (el presidente del grupo, Albert Batet) y procedió, primero, a expulsar a Casol de Junts y, luego, a presentar una querella contra los tres autores de ese informe por “injurias”. Este viernes están citados a declarar en la Ciudad de la Justicia.
La diputada, convertida en no adscrita en el Parlament, se mantuvo firme a pesar de las presiones recibidas. “He preferido tener que trabajar sola y sin despacho que no convivir con un machismo y con un acoso tan arraigado en la política”, dice en esta entrevista que publicamos en Artículo14. Por su parte, los tres querellados (una experta en violencias machistas, una abogada y un psicólogo) recibieron, al poco de conocerse la denuncia de Junts, el apoyo inmediato de la consellera de Igualdad en funciones, Tània Verge (ERC) y de colectivos como el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB).
“La querella presentada supone un claro ataque a una compañera abogada simplemente por ejercer su profesión. Los abogados y abogadas actuamos siempre en defensa de los derechos”, reaccionó el ICAB. “Es muy grave que, con esta querella, Junts no sólo intente desacreditar el protocolo contra el acoso del Parlament, un instrumento que pocas cámaras tienen, sino que se ataque a profesionales externos e independientes de la institución que aportan mayores garantías al protocolo”, deploró la consellera de Igualdad.
Junts cuestiona el protocolo
La consellera se refirió con esas palabras al insólito giro que pretendió realizar Junts de la situación denunciada por Cristina Casol. La presidenta del Parlament, Anna Erra (Junts), no solo evitó cualquier tipo comunicación y respaldo a la diputada denunciante, sino que llegó a proponer ante la Mesa de la cámara catalana suspender el protocolo sobre acoso, pero fracaso porque el resto de partidos (PSC, ERC y CUP) rechazaron la iniciativa.
En este contexto los tres querellados que hicieron el trabajo de peritaje e investigación llegan a la Ciudad de la Justicia. De entrada se encontrarán el apoyo de una concentración convocada este viernes a las 10 horas. Allí estará, claro, Cristina Casol, la diputada que no sale de su asombro viendo la pendiente por la que ha lanzado Junts desde que denunció su situación de acoso y que quiere estar arropando a los expertos que redactaron su informe.
“Para nosotros, esta querella es una represalia, pero también una amenaza. Si se crea un precedente en el que se puede denunciar a cualquier persona por emitir su criterio profesional, están chantajeando a todas las trabajadoras del sector. Están diciendo ‘si no me gusta lo que dices te puedo denunciar'”, ha dicho una de las querelladas, la hospitalense Laura Fabiano, experta en violencias machistas, a Districte 7, un medio de su municipio.