El Tribunal de Cuentas ha activado el proceso para que el hermano de Pedro Sánchez devuelva lo que cobró. En un escrito, pregunta a la Diputación de Badajoz si pretende abrir un procedimiento de devolución, lo que ampliará a la Fiscalía y al resto de interesados tras un plazo de cinco días. Este trámite se abre después de que lo hayan solicitado Iustitia Europa, Vox y Hazte Oír, además de un escrito del Grupo Popular en la Diputación, según recoge la diligencia de reparto de la Secretaría de Gobierno, de fecha de 20 de julio de 2026, que ha consultado este medio.
El texto, que ha avanzado La Razón, supone el inicio de un procedimiento que desveló Artículo14: el que la Diputación de Badajoz no reclamara a David Sánchez, una vez que la Fiscalía tampoco lo hizo, no extingue la responsabilidad civil, que sigue viva, y la pelota se encuentra en el tejado del ente provincial, que preside la socialista Raquel del Puerto, tras la salida el pasado junio del ya condenado a 18 años de inhabilitación pública Miguel Ángel Gallardo.
La Diputación, que es la empleadora, puede y debe reclamar los 340.572 euros que cobró David Sánchez entre julio de 2017 y mayo de 2025. Que la sentencia no resuelva la acción civil que no se ejerció no afecta y el organismo municipal está obligado a reclamarlo. Si no lo hace, tendrá responsabilidad contable, compatible con la prevaricación, que es dictar una resolución injusta a sabiendas, en este caso, dejar de reclamar un derecho, según explican las fuentes jurídicas que ha consultado Artículo14. Si no se le reclama, Sánchez no tiene por qué devolver.
Prescripción
En este tipo de procesos, si es funcionario, el plazo para reclamar los haberes recibidos indebidamente es de cuatro años, y si es laboral, un año, en principio el caso de Sánchez.
Puede defenderse que desde que se pudo reclamar, como ni la Diputación ni la Fiscalía han ejercido la acción civil cuando pudieron, habría prescrito, pero al ser responsabilidad civil derivada del delito depende de la condena que declara que no trabajó, posibilidad por la que se inclinan las fuentes consultadas.
Si no liquida y reclama, el organismo local sería responsable contable por omisión ante el Tribunal de Cuentas, que debía reclamar a la Diputación, y podía iniciar antes el proceso de oficio. Finalmente, se han producido denuncias y el órgano fiscalizador ha iniciado el procedimiento.
También aplica a su asesor de Moncloa
David Sánchez cobró un sueldo de 22.603,82 euros desde julio de 2017, que el año siguiente alcanzó los 48.212,58 euros. En 2019 el montante se elevó a 49.281,91 euros. Entre septiembre de 2020 y octubre de 2021 disfrutó de una excedencia, por la que cobró 37.747,08 el primer año y 12.695,58 euros en 2021, y en 2022 su salario fue de 36.885,78 euros.
En 2023 cobró 55.560,66 euros y en 2024, 57.627,07 euros. En 2025 su última retribución hasta principios de mayo fue de 19.957,88 euros.
Todo esto se aplica de la misma forma a Luis Carrero, el asesor de la Moncloa que la Diputación contrató para trabajar con Sánchez y que le llamaba “hermanito”. Amigo del hermano del presidente del Gobierno desde hace décadas, ha sido también condenado a nueve años de inhabilitación.
La Diputación pagó la defensa de dos condenados
La propia Diputación de Badajoz proporcionó asistencia jurídica a dos de los once condenados.
La diputada de Cultura y el jefe del Servicio de Recursos Humanos fueron representados por los Servicios Jurídicos del ente provincial.
La asistencia jurídica a empleados y cargos públicos por parte de una administración no es un hecho excepcional y está previsto en algunos casos cuando los hechos investigados se producen en el ejercicio de sus funciones. Sin embargo, es menos habitual tratándose de los delitos en liza en esta causa.
Absuelve pero apunta a tráfico de influencias
David Sánchez, primer hermano de un presidente del Gobierno al que un tribunal le impone una condena de nueve años de inhabilitación por prevaricación, ha sido absuelto del delito de tráfico de influencias.
No ve suficiente carga probatoria en la influencia recibida por ninguno de los altos cargos que participaron en la creación y adjudicación de ese puesto: “No ha quedado probado, por tanto, que persona o personas determinadas ejercieran presión o influencia sobre los acusados primeramente filiados, prevaliéndose del ejercicio de las facultades de un cargo o de cualquier otra situación derivada de una relación personal o jerárquica con aquellos”, arguyen. Aunque no haya quedado probado, la sentencia dedica varios párrafos a argüir que lo hubo.
Así, a lo largo de las 378 páginas de la sentencia publicada el pasado 15 de julio los magistrados se empeñan en dejar claro que sí hubo ese tráfico de influencias y que Pedro Sánchez tuvo que ver en todo, en un momento en que estaba optando a la Secretaría General del partido o directamente que ya la había obtenido.
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