La APM sale en defensa de Griso, Quintana o Ferreras tras los insultos de Belarra en el Congreso

“El afán por controlar los medios es propio de partidos con un escaso respeto por el derecho a la libertad de información”, alertan las asociaciones de periodistas

La candidata de Sumar a las europeas, Estrella Galán, con Antonio García Ferreras

La candidata de Sumar a las europeas, Estrella Galán, con Antonio García Ferreras Artículo14

La Asociación de la Prensa de Madrid ha reiterado su frontal oposición a los señalamientos e insultos contra periodistas que se vienen registrando desde la tribuna del Congreso de los Diputados por parte de algunos representantes políticos. Un pronunciamiento que respaldó públicamente la FAPE, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España.

En concreto, la secretaria general de Unidas Podemos, Ione Belarra, insultó este mismo miércoles desde el pleno a los periodistas Susanna Griso, Ana Rosa Quintana, Antonio García Ferreras o Pablo Motos, a los que llamó “mentirosos”, “corruptos” y “conspiradores”.

La presidenta de la Cámara, Francina Armengol, tomó la decisión de “retirar” esas descalificaciones tras las quejas del Partido Popular.

La APM ve “intolerable” que Belarra diga que “los intereses económicos y políticos” estén detrás de “las mentiras que vierten”, porque considere que las informaciones que difunden son críticas hacia su formación.

De igual modo, las palabras de Belarra en el sentido de que “hay que atar corto” a los que califica de “periodistas corruptos” no tienen cabida en una sociedad democrática, según la Asociación de Periodistas de Madrid.

“La sociedad española cuenta con suficientes medios para actuar cuando haya indicios de que se producen casos de corrupción, sin necesidad de atentar contra la libertad de expresión”, expone la APM en su comunicado, hecho público a través de las redes sociales.

La APM estima que “el afán por controlar los medios de comunicación es propio de partidos con un escaso respeto por el derecho a la libertad de información recogido en el artículo 20 de la Constitución española”.

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