La gestión de la sanidad pública y la gestión del transporte son dos factores cruciales en el panorama electoral español, capaz de castigar o premiar a los partidos políticos. La percepción que tiene la ciudadanía sobre la calidad del servicio influye directamente en el sentido del voto. Son un desgaste importante para los partidos en el gobierno a nivel autonómico y se tiene mucho en cuenta en época preelectoral. Los incidentes en la red de transportes son utilizados por quienes están en la oposición para arremeter contra el Ejecutivo con acusaciones y reproches de falta de inversión o mantenimiento. Los retrasos, la falta de seguridad y la baja calidad en el transporte público impactan de forma negativa en el bienestar social y esto es sinónimo de desaprobación política. Este el riesgo al que se está enfrentando la Vicepresidenta, ministra de Hacienda y candidata a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero.
El corte del AVE a Málaga que inicialmente estaba previsto hasta el mes de marzo y luego prorrogado hasta después de Semana Santa amenaza con provocar unas perdidas de 2000 millones de euros y poner en riesgo 6000 empleos en plena temporada alta. No estoy hablando solo de reservas hoteleras canceladas. Hay decenas de sectores vinculados a una actividad esencial en la economía andaluza que hacen que la factura de pérdidas sea millonaria. Ligados al turismo hay 80 sectores de actividad diferentes. Son datos del sector con los que esta semana hemos estado en “La Mirada Crítica” de Telecinco y que aseguran que en Málaga hay alrededor de 30.000 empleos vinculados al turismo, de los que unos 6000 son fijos discontinuos o temporales. Estos últimos son los que precisamente peligran si cae la llegada de turistas a Málaga.
El Gobierno achaca los retrasos a que prioriza la seguridad de los viajeros y de los trabajadores que reparan la zona pero la Junta de Andalucía estudia que instrumentos jurídicos puede articular para exigir al Ejecutivo de Pedro Sánchez que compense los daños al sector. La clave no está solo en el retraso de las obras ni en las dificultades técnicas derivadas de las condiciones metereológicas. Lo más lesivo es la falta de información que ha habido. Nunca ha habido un calendario fiable para un asunto en el que nos jugamos tanto y, si el Gobierno sabía que restablecer la conexión no iba a producirse antes de las vacaciones como se pensó en un primer momento tendría que haberlo comunicado con antelación para haber preparado alternativas en la infraestructura aérea.
Los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona) dejan a la vista dos meses después una red ferroviaria que acumula miles de incidencias, la semana pasada hubo más de un millar, y a la que, en el caso de la red convencional, se le ven las costuras. Desde el pasado 18 de enero, fecha de la fatal tragedia de Adamuz, nos hemos familiarizado con el término Límite Temporal a la Velocidad (LTV).Es parte del protocolo de seguridad que aplica ADIF en circunstancias como obras de mantenimiento, pero también si los maquinistas detectan desperfectos en las vías, o en el caso de Cataluña y también de Andalucía por deterioro del material debido a los diferentes temporales que han azotado a los dos puntos en los últimos meses. Hay más trabajos de inspección porque hay más cautela pero no se nos olvide que el origen de todo está en el mal mantenimiento de la red, que siempre ha sido denunciado por el sector pero que ahora cobra más fuerza. Mal mantenimiento de las infraestructuras y muchos retrasos que se avalan con datos y no solo con sensaciones de pasajeros. Según datos de ADIF los trenes que sufren retrasos se triplican desde 2019, suben un 235%. Si en el año 2019, justo antes de la pandemia y de la liberalización ferroviaria, el número total de trenes que sufrían una demora era de poco más de 10.000, en 2025 hemos llegado a superar los 34.000. Son cifras que se corresponden a la suma de la red convencional y la red de alta velocidad que es el servicio que más ha empeorado.
La red ferroviaria arrastra un deterioro evidente. Las restricciones, los retrasos, las incidencias masivas y la desconfianza creciente de los usuarios son una realidad acreditada por los hechos. El accidente de Adamuz, las advertencias previas sobre el mantenimiento de la red y la incapacidad para restablecer con rapidez un corredor estratégico han colocado a Andalucía en una situación de aislamiento que es impropia de una comunidad que vive del turismo y aporta ingresos al Estado desde la misma partida. Este problema tiene además una dimensión electoral. Cuando una comunidad autónoma siente que es poco atendida y que no se le informa, el desgaste político es una consecuencia lógica. El Gobierno tiene la obligación de restablecer cuanto antes el servicio, explicar con mucha transparencia que ha pasado y fallado y compensar los daños causados a un sector turístico que se va a ver golpeado y que comienza muy mal la temporada turística. Otro asunto va a ser como afecta esto a la carrera electoral de Montero en Andalucía. Veremos si los andaluces le pasan factura.