La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) decidió este lunes, por cuatro votos a favor -con el voto de calidad de la presidenta del propio CGPJ y de la Comisión, Isabel Perelló– y cuatro en contra, remitir al Promotor de la Acción Disciplinaria, Ricardo Conde, copia del auto dictado el pasado sábado por el juez Juan Carlos Peinado para que él valore si las expresiones con las que dudaba sobre la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado son constitutivas de una falta grave según el artículo 418.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). Un precepto que establece como “falta grave el exceso o abuso de autoridad, o falta grave de consideración respecto de los ciudadanos, instituciones, secretarios, médicos forenses o del resto del personal al servicio de la Administración de Justicia, de los miembros del Ministerio Fiscal, abogados y procuradores, graduados sociales y funcionarios de la Policía Judicial”.
La reunión de la Comisión se desarrolló después de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, trasladara el pasado sábado la “más enérgica queja” al órgano de gobierno de los jueces y solicitase la adopción de “las medidas que puedan resultar procedentes en uso de sus atribuciones”.
¿Pero qué supone esto a efectos prácticos en el caso del juez Peinado? Ahora será la Sección de Actuaciones Previas, adscrita al Promotor de la Acción Disciplinaria, la que tramite la diligencia informativa; una investigación obligatoria, preliminar y confidencial para verificar si existen motivos para sancionar al magistrado en un futuro. “La incoación de la diligencia informativa es un trámite que no se puede saltar. Se hace siempre“, traslada la Oficina de Comunicación del CGPJ a este medio.
Casi 100 días para resolver una diligencia informativa
Sin embargo, es en este punto donde se mezclan dos hechos que podrían dejar sin efecto el trámite iniciado este lunes por la Comisión Permanente, como avanzó este periódico. La primera es que la duración media para resolver una diligencia informativa, según datos contenidos en la última memoria del CGPJ hecha pública -la de 2025-, se ha visto incrementada exponencialmente; 56 días en 2023 y 97 en 2024. A estos números hay que añadirle el dato relativo a 2025, el cual avanza la Oficina de Comunicación del órgano de gobierno de los jueces a este periódico: 90 días. La segunda cuestión es que la jubilación del instructor del caso Begoña Gómez se hará efectiva en 96 días. Será el 27 de septiembre concretamente cuando Peinado cumpla 72 años, edad límite que marca la LOPJ para ser miembro del Poder Judicial.
Aunque estos datos son puramente orientativos, pues la Oficina de Comunicación del órgano de gobierno de los jueces informa a este medio de que “no hay límite legal” para resolver la diligencia informativa. “Su duración depende de lo que constituya su objeto de investigación y de la concurrencia de circunstancias que puedan dificultar la determinación de los hechos”, añaden voces autorizadas del CGPJ al respecto.
Sin embargo, el magistrado no sería expedientado ni sancionado una vez finalizara la resolución de la diligencia informativa. En caso de que el Promotor, una vez concluida la tramitación de dicha diligencia, decida incoar un expediente disciplinario, investigar más a fondo el asunto y vea materia disciplinaria en la denuncia, sería tras este último paso cuando podría determinar si procedería imponer una sanción al juez Peinado. Si el Promotor estimara que no hay motivos para abrir un expediente disciplinario, la queja se archivaría e iría a la Comisión Permanente. Esta podría confirmar ese archivo o no, en cuyo caso podría instar al Promotor a que continuara con la investigación.
Además de ello, hay otro dato a reseñar: las diligencias informativas incoadas en 2024 fueron 617. De ellas, 322 fueron resueltas. Es decir, 295 quedaron pendientes de ser tramitadas al finalizar el año. De esas 322, según la última Memoria del CGPJ hecha pública, solo 24 metamorfosearon en expedientes disciplinarios: un 7,4%. Además, la resolución de un expediente disciplinario abierto en 2024 tuvo una duración media de 194 días.
Instructor del caso DAO
Cabe recordar que el tipo de proceso iniciado este lunes es el mismo en el que está involucrado el magistrado David Maman. Fue a finales de abril cuando más de 150 asociaciones, sindicatos y partidos políticos enviaron un escrito a la Comisión Disciplinaria del CGPJ con el fin de denunciar las manifestaciones realizadas por el instructor del caso en el que se investiga si el ex DAO de la Policía Nacional José Ángel González cometió un delito de agresión sexual. La diligencia informativa que afecta a dicho magistrado se incoó el pasado 27 de abril y todavía se encuentra en tramitación.
El nombre de este miembro del Poder Judicial surgió en el debate público debido a unas declaraciones que hizo el pasado mes de febrero durante una charla en el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid sobre los procedimientos de custodia y visitas. El titular de la plaza n°8 de la sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Madrid señaló que debido a la existencia de una denuncia por violencia de género o un recurso pendiente de resolución no se concede la custodia compartida al padre mientras la causa sigue abierta, algo que le llevó a asegurar que “a ese niño, mientras tanto, la madre le va haciendo el correspondiente lavado de coco y ese niño se va separando del padre progresivamente”. Además, aseguró que muchas mujeres van “a la caza de la orden (de protección)” y que tienen muchas “ventajas” a la hora de denunciar.
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