Pedro Sánchez ha dejado pasar 10 días sin pronunciarse sobre el escándalo de la militante socialista Leire Díez y los audios que recogen cómo intentó recabar información para usarla contra la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Díez, que ha ostentado cargos en empresas públicas (2018-2024), también ofreció tratos con Fiscalía a empresarios investigados a cambio de esas informaciones.
El presidente del Gobierno intentará prolongar este periodo de silencio, y más después de que Díez se diera de baja como militante, facilitando que Ferraz pueda dar carpetazo al expediente que le abrió sorpresivamente hace casi una semana. Tras pasar dos horas en Ferraz este martes, a raíz de ese expediente, Díez ha convocado a los medios el miércoles para dar explicaciones.
Pero, para Sánchez, una cosa es ganar tiempo y otra evitar una nueva comparecencia ante el pleno del Congreso de los Diputados, una vez la han exigido el PP, y después ERC y Podemos han registrado una solicitud por su cuenta. Teniendo en cuenta que el apoyo de Vox se da por hecho, la aritmética parlamentaria es clara. A todas luces el presidente tendrá que volver a rendir cuentas desde la tribuna de oradores, como conceden fuentes de La Moncloa.
“Si el Parlamento lo pide, el presidente del Gobierno acudirá”, asumen. El problema es que la agenda de Sánchez está muy cargada en estas semanas, por lo que es posible que esta comparecencia se posponga.
Que aproveche la cita casi obligada para informar del desarrollo de la cumbre de la OTAN en La Haya (Países Bajos), el 24 y 25 de junio. Y de lo expuesto en el Consejo Europeo del 26 y 27 de junio. Esto supone que no habrá comparecencia, al menos, hasta el arranque de julio.
Ambas citas son dos hitos de importante peso político; ya era previsible que Sánchez compareciera tras estas cumbres, y el hecho de aglutinar varios motivos para explicarse serviría para diluir todo lo que tiene que ver con el caso de Díez. Le ayudaría, además, a centrarse en el tema que le resultase más provechoso. Y facilitaría que relegara a un segundo plano el más incómodo.
En mayo, cuando el jefe del Ejecutivo se vio obligado a comparecer en la Cámara Baja para hablar del aumento del gasto en defensa y del apagón del 28-A, cuyo origen aún se desconoce, dedicó buena parte de su tiempo a defender su modelo energético, cimentado fundamentalmente sobre las energías renovables.
La arista más afilada de esta cita, el incremento de la inversión en defensa que sus socios rechazan, quedó prácticamente opacada. Además, salvo que haya nuevas revelaciones sobre las actividades de Díez, si esta se borra de la escena pública después de este miércoles, la presión política y mediática acabará rebajándose considerablemente.
Está previsto que la petición de ambos socios del Gobierno sea calificada por la Mesa el próximo martes, según fuentes parlamentarias. Podría producirse el jueves, si el PP logra que se celebre entonces una nueva reunión, toda vez que su petición de comparecencia no fue tratada en la sesión telemática de este martes. El cuándo puede cambiar, pero la aritmética del Congreso le fuerza a volver a dar la cara, en la que será su tercera comparecencia ante el pleno en lo que va de año.
El asunto de Díez, de quien Ferraz y el Gobierno se desvinculan por completo, resulta tremendamente incómodo para el Ejecutivo. Son conscientes de que no hay forma cómoda de enfocarlo, y por eso lo evitan como pueden. En Moncloa no creen que este asunto tenga “la gravedad” que le conceden los medios, y restan importancia a que Sánchez haya evitado responder cualquier pregunta sobre esta materia: “9 días no es tanto”.
La decisión del PP de lanzar una ofensiva parlamentaria ha precipitado este escenario, al que Podemos se abrió desde un primer momento. La dureza de los morados, y seguidamente de Izquierda Unida, ha llevado a Yolanda Díaz a exigir a su socio de coalición que actúe ante un escándalo que les ha arrebatado el control de la agenda pública. No es la única crisis abierta, pero sí es la que, hoy por hoy, más daño les infringe.
El Gobierno se niega a rectificar después de difundir una noticia falsa
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría criticó la “agresividad” de Juan Vicente Bonilla, excapitán de la UCO, en sus conversaciones con un confidente. Bonilla es hoy alto cargo del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, y tanto Alegría como otros ministros han difundido estos días informaciones periodísticas sobre la supuesta voluntad de este guardia civil de colocar “una bomba lapa” al presidente.
Se extrajeron de un compendio de más de 3.000 mensajes de Whatsapp incorporados en un sumario judicial. Y se difundió una interpretación incorrecta en relación a esta expresión; era Bonilla quien ironizaba con que él mismo pudiera ser víctima de un artefacto explosivo.
Alegría ha evitado rectificar, y ha incidido en que estos mensajes son “muy agresivos”. Fuentes del Ejecutivo han rechazado abiertamente rectificar, y han defendido que los mensajes son “interpretables”, y que por tanto no consideran que deban reconocer ningún error por haber difundido -y después dejado de difundir- estas informaciones.
Sin esperanzas ante la Conferencia de Presidentes
Alegría comunicó este martes que el Gobierno ha decidido aceptar todas las peticiones de las CCAA gobernadas por el PP para incluir nuevos asuntos en el orden del día de la Conferencia de Presidentes que se celebrará este viernes en Barcelona. Inicialmente sólo querían tratar dos temas, pero la presión de los conservadores les ha llevado a rectificar.
Fuera de cámara reconocen que albergan pocas esperanzas sobre la utilizad de esta cita. “Reunirse es importante”. “Que haya un listado y un orden del día es algo”, apostillan.
Y, aunque rechazan reconocer que dan “por perdida” esta cita, ven muy poca “predisposición” del PP al entendimiento más básico. “36 horas después hay una manifestación contra la mafia”, afirman, en referencia a la movilización convocada por los conservadores este domingo, precisamente a raíz de la supuesta fontanera del PSOE.
El Gobierno aún no ha recobrado el ritmo. Empezó la semana con escasa presencia pública, y la continuó con algunos anuncios de calado, pero aún atrapado por los escándalos. El Consejo de Ministros aprobó destinar 229 millones de euros a las comunidades autónomas para reforzar la atención primaria y la salud mental. Pero escasas horas después Leire Díez entraba en Ferraz para anunciar un nuevo encuentro con la prensa, este miércoles. Volvía a acaparar buena parte de los focos.