El Gobierno ha visto pasar la última semana aletargado por el escándalo de Leire Díez y los audios de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Mirando con ansia al verano, a la espera de que baje la presión política y mediática a la que se ve sometido. “Bajará”, aseguran en el PSOE. Pero, además de resistir los embates, junio es un mes clave para averiguar con cuantas bombonas de oxígeno político puede contar aún la coalición en su futuro inmediato.
“Lo que pase en junio, antes de verano, será la antesala para saber si hay caldo de cultivo para los Presupuestos”, aseguran fuentes de la dirección socialista. Aluden a las cuentas públicas para el año 2026 -en el Ejecutivo ya han renunciado a presentar las de 2025 por falta de apoyos-. También se refieren a una serie de hitos que, aproximadamente en este mes y en el siguiente, dibujarán la estructura sobre la que Pedro Sánchez pueda seguir haciendo política en el próximo curso, a partir de septiembre.
Es a finales de este mes cuando está previsto que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la ley de amnistía para los involucrados en el procés independentista catalán; cuando se intentará reactivar la delegación de las competencias de gestión de la inmigración a la Generalitat de Cataluña, a la que Podemos se opone de forma tajante.
Por no hablar de la cumbre de la OTAN, en La Haya (Países Bajos), en la que los aliados, liderados por EEUU, adoptarán un nuevo compromiso para elevar el gasto en defensa en los próximos años, previsiblemente con 2032 como horizonte. Fijarán el porcentaje del PIB que deberá suponer para ese año la inversión que realicen los Estados en estas partidas.
Su secretario general, Jens Stoltenberg, lo situó hace un par de semanas en el 5% del PIB, una cifra que para España resultaría imposible alcanzar sin tocar el gasto social.
De hecho, además de establecer los números, también aterrizarán los requisitos a cumplir para que las distintas partidas puedan computarse como gasto en defensa. Esto último, como explican fuentes de Defensa, es tanto o más importante que el porcentaje de PIB que se establezca como meta. España ya adelantó a 2025 el compromiso para 2029, y este año debe invertir la friolera de 33.000 millones de euros para alcanzar el 2% del PIB.
Las negociaciones, apuntan fuentes del Ejecutivo, deberían cobrar velocidad esta semana. Lo que trasladan desde el Gobierno es que España no puede hoy multiplicar el gasto en estas partidas, porque el tejido productivo e industrial no podría absorberlo. Por eso intentarán que la Alianza Atlántica les permita -y efectivamente contabilice- el 2% del gasto en 2025 y 2026, para explorar otros escenarios a partir de 2027.
Sumar “entenderá” el incremento del gasto en defensa; “Podemos lo tendrá que entender”
Antes de que Stoltenberg pusiera cifras al incremento que persigue imponer, en Ferraz aseguraban que Sumar “entenderá” que se necesita aún más inversión en estas partidas. “Y Podemos lo tendrá que entender”, apostillaban. Los morados, que estaban en el Ejecutivo de coalición cuando se aprobaron anteriores aumentos de gasto – nunca tan elevados-, han convertido su apuesta “por la paz” y contra la “espiral belicista” en su piedra angular.
Esto situación ya erosiona a Sumar, en particular a Izquierda Unida, y estas fuerzas tendrían muy difícil asumir nuevos incrementos en estas partidas. Sin nuevos Presupuestos, como asumen fuentes de todo el arco parlamentario, Sánchez tiene difícil desviar más recursos para estos fines a partir de este año.
Pero, si hay mimbres para unas nuevas cuentas públicas (lo ven complicado), destinar más recursos a estas partidas haría muy difícil que los aliados de izquierdas, con Podemos a la cabeza, prestasen sus votos.
Sánchez ya ha demostrado que puede gobernar sin nuevos Presupuestos -los actuales han sido prorrogados en dos ocasiones, desde 2023-, pero también sabe que la Constitución exige su presentación en el Congreso el último día de septiembre. Lleva dos años sin hacerlo.
Semanas clave para la izquierda en Andalucía
La cuestión militar es espinosa, pero no es el único laberinto del que debe salir la izquierda alternativa al PSOE. Izquierda Unida, la formación del espacio con más implantación y peso político en Andalucía, aspira a que Podemos aclare este mes si está dispuesto a concurrir junto con ellos y Movimiento de Sumar, el partido de Yolanda Díaz, en las próximas elecciones autonómicas. Juanma Moreno Bonilla puede apurar hasta mediados de 2026 para convocar los comicios, pero tiene en su mano adelantarlos en cualquier momento.
La predisposición de la dirección morada en Andalucía no basta; debe ser la cúpula morada en Madrid la que autorice esta unión. Las conversaciones están avanzadas, y todas las partes están al tanto del efecto que tendría la ley electoral sobre el resultado final en escaños si finalmente concurren por separado. Si el socio minoritario no contiene la fuga de votos y empieza a reconciliarse con su electorado, las opciones de revalidar la coalición en Moncloa se irán por el desagüe.
El resto de fuerzas ya ha designado candidatos, y la propia cabeza de lista del PSOE, María Jesús Montero, también vicepresidenta primera, lleva semanas calentando una suerte de precampaña temprana. Tratando de pescar “en la bolsa de votantes frustrados por la situación de la sanidad”, como afirman desde el PSOE.
A partir de septiembre, todo se acelerará. Volverán los tambores de campaña, y por eso IU entiende que toca actuar cuanto antes. En cualquier caso, una cosa son los pactos a nivel regional y otra los que se puedan dar ante unas elecciones generales. Lo que pase con esta cita con las urnas servirá de termómetro, pero no despejará todas las incógnitas de la ecuación.
El caso Leire Díez divide al Gobierno: “Poner la otra mejilla” o atacar, el dilema
Para llegar a todas las citas pendientes con cierto margen, en el Gobierno y en el PSOE confían en que en las próximas semanas se desinfle el caso Leire Díez. Por si no ocurre, ya hay voces en La Moncloa que apuestan por desviar el foco a otra parte de los hechos que han aflorado con las grabaciones publicadas por El Confidencial.
“Hay pruebas de que hay guardias civiles falsificando pruebas contra el Gobierno”, afirman. De hecho, hay quienes se centran en criticar el daño recibido (una amplia mayoría de los consultados), y quienes piden pasar a la ofensiva y ponen el foco en los agentes.
“Éste es un tema de corrupción policial, en concreto de la Guardia Civil, que alguien pretende contar al revés”, afirma otra fuente del Ejecutivo. “Como lo de que era la Fiscalía la que ofrecía un pacto y no el defraudador”, ironiza, en relación al caso de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. “El tiempo, al igual que en ese asunto, pondrá las cosas en su sitio”, zanja.
En Moncloa lamentan que el “debate público esté centrado en esto”, en “una mentira construida para copar el debate público”. Todo, explican, con el fin “de generar a la población una sensación falsa [de caos]”. Las mismas fuentes insisten en que no consta que se haya desarrollado campaña alguna contra la UCO: “No han recopilado información”, “no hay campaña ni dosieres”, insisten.
Nadie es capaz de explicar por qué una militante, a la que además colocaron en dos empresas públicas entre 2018 y 2024, participó en una reunión en la que intentó recabar información contra la Guardia Civil. Sí insisten en que es la UCO quien “investiga a exmiembros” del Gobierno. “A pesar de eso, no nos queda otra que poner la otra mejilla”.