El Gobierno asume que la OTAN le exigirá nuevos esfuerzos para elevar el gasto en defensa en los próximos años, pero cree que tiene argumentos para plantarse, al menos, en los ejercicios 2025 y 2026.
El año actual y el que viene, para los que se marca el objetivo de gastar la friolera de 33.000 millones de euros por ejercicio en estas partidas, tras la subida extraordinaria decidida por Pedro Sánchez en Consejo de Ministros. Fue rechazada políticamente, pero sin opción a votar, por la mayoría del Congreso de los Diputados.
Desde que decretó este incremento extraordinario, en abril, en el Ejecutivo han reconocido que no podían descartar la opción de tener que aprobar nuevas inyecciones económicas, si así lo requerían la UE o la OTAN. Lo hacían siempre fuera de cámara, mientras en público evitaban contestar.
El fin de semana, el secretario general de la Alianza Atlántica, Mark Rutte, reclamó disparar el gasto hasta el 5% del PIB antes de 2032. Con la vista puesta en la cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte prevista para el mes de junio, en La Haya, fuentes del Gobierno aceptan que este aumento supondría pasar de gastar 33.000 a cerca de 80.000 millones al año, un escenario totalmente inasumible. De hecho, piden tiempo para que la industria logre “tener músculo” como para poder absorber el 2% que ya ha establecido Sánchez.
“Las industrias tienen que poder responder”. “La posición de España es que vamos a cumplir el 2% ahora”, apuntan fuentes del Gobierno. Esto es lo que ha defendido ante cámaras y micrófonos la ministra del ramo, Margarita Robles, pero supone descartar el escenario que hasta ahora, en privado, el Ejecutivo no podía desterrar. Esto es, que la OTAN forzara un nuevo aumento, que además sería difícilmente compatible con mantener los actuales umbrales de gasto social (un compromiso de Sánchez con el Congreso y con sus socios de Sumar).
“Este año y el que viene”, apostillan, el objetivo es gastar la friolera de 33.000 millones de euros. Un incremento mayor, sostienen “no se puede asumir”, porque el tejido productivo aún no está preparado. “El problema son los plazos y las propias industrias”; “les cuesta mucho sacar nuestros programas”, argumentan. El problema no es tanto desplegar estos recursos, añaden, sino “dónde” comprar estas armas.
Después de 2026, todo se verá, pero aseveran que la OTAN aún tiene muchos detalles por definir en su nueva hoja de ruta. Interpretan que la presión de Rutte obedece a su deseo de “contentar” al presidente de EEUU, Donald Trump; que el secretario general de la Alianza Atlántica ha puesto “toda la carne en el asador”. Que esto no esconde que aún “se está negociando” el rumbo.
Por ejemplo, destacan que inicialmente Rutte puso el año 2030 como tope para sustanciar el nuevo incremento, y ahora está aludiendo a 2032.
También contemplan que el objetivo se sitúe en el 3,5% del PIB en defensa, y se permita computar un 1,5% adicional en otras partidas que estarían lejos de lo que habitualmente se ha englobado en la materia. “Para carreteras, puentes, para cualquier cosa”. “El concepto de armamento ha cambiado mucho”, sintetizan.
La idea es que las próximas semanas sirvan para acercar posturas, para llegar a la cumbre de finales de junio con todas las cartas ya sobre la mesa. Sí esta claro que el aumento ya anunciado supuso serios problemas con sus socios de Gobierno, y por tanto un nuevo incremento sería prácticamente imposible de digerir para Sumar. En particular para IU, que llegó a amagar con romper la coalición por el contrato por 6,6 millones de euros en balas con una empresa israelí.
Dudan de la efectividad del embargo: “No podemos ser hipócritas”
Por otra parte, fuentes del Ejecutivo han expresado sus recelos sobre la efectividad de un futurible embargo a las compraventas de armas con Israel y sus empresas. El martes, el Congreso aprobó iniciar la tramitación de una proposición de ley para establecer este embargo, que aún debe tramitarse y lograr el visto bueno de la cámara. Ya asumen que es “políticamente” muy “importante”, aunque “complicado” de sustanciar en “la práctica”.
“No podemos ser hipócritas”, reclaman, porque “la mayoría de la ciberseguridad que tiene el mundo entero” viene directamente de Israel. Ocurre con licencias de tecnología, con armas y con distintos componentes. “Los discursos políticos están muy bien, la realidad es otra”; “hecha la ley, hecha la trampa”, apostillan.
Hasta este martes, Sánchez, que ha destacado por sus posiciones en lo que toca al conflicto de Israel en Gaza, no había querido contemplar un embargo. El PSOE decidió prestar sus votos a Sumar y Podemos, los firmantes de la iniciativa, y lograron que saliera adelante. Pero está sólo en el inicio de su travesía parlamentaria; ni se puede garantizar que llegará al BOE, ni el Gobierno aclara aún numerosas cuestiones relacionadas con este frente. Nadie informa de qué ha ocurrido con las decenas de contratos con ese país y con sus empresas que se comprometió a derogar.
Durante la mañana del miércoles, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, asumió el “error” de haber seguido adelante con el contrato para comprar balas por 6,6 millones de euros, pero este es sólo uno de los acuerdos comerciales que el Ejecutivo prometió cancelar.
Sumar y los socios de izquierdas presionan ya al Gobierno para que el embargo se tramite por la vía de urgencia. Aunque en el ala socialista piensen que el bloqueo comercial a las armas israelíes es “complicado” de sustanciar, tendrán difícil oponerse a dar este nuevo paso.