Al parecer hablar de los negocios de prostitución de la familia política del presidente Pedro Sánchez es traspasar una línea roja, y que Feijóo mencionase esas saunas donde, además de vapor y acaloramiento, se daba sexo por dinero, ha levantado una reacción muy airada.
Efectivamente. Desde hacía tiempo, oíamos hablar de que ese era el negocio de la rama Gómez de la familia. Pero, como algo tan potencialmente sabroso no parecía interesar a unos partidos de derecha muy baqueteados, pensábamos que podían ser rumores sin demasiado fundamento. O eso o que eran tontos. Y que eran tontos era una buena posibilidad. No porque el PP sea singularmente tonto (es algo que se discute) sino porque ese tipo de politesse la hemos visto demasiado en la derecha en todo tiempo y lugar.
Sánchez fue partícipe, a título lucrativo, del abominable negocio de la prostitución. pic.twitter.com/CgkKSmcRXU
— Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) July 9, 2025
El PSOE, por ejemplo, se ha cansado de señalar que Isabel Díaz Ayuso se beneficia del fraude fiscal de su pareja, Alberto González Amador. Este partido, incluido su presidente, ha sugerido que Ayuso podría ser “beneficiaria a título lucrativo” de este supuesto fraude, expresión que ha sido recogida por el jefe de la oposición señalando que Sánchez y su esposa vivieron en un apartamento financiado por el suegro, quien supuestamente operaba prostíbulos (ilegales en España, recordemos).
Pero, mientras que el PSOE puede diseminar acusaciones contra Ayuso o Feijóo sin tanto escrutinio mediático, las acusaciones del PP contra Sánchez, especialmente sobre temas personales como los de su esposa, son rápidamente tachadas de “ataques personales” o “bajeza moral”. El PSOE puede atacar a Ayuso o Feijóo con relativa impunidad en ciertos medios, mientras que las acusaciones del PP contra Sánchez, especialmente las que involucran a su familia, son vistas como “cruzar una línea”.
Sí, el PP ha roto con un estilo, que es el de la autocensura de la derecha. La derecha a menudo es retratada en medios mainstream como extremista o intolerante, lo que puede llevar a los acomplejados a moderar su discurso. Existe la percepción de que las posiciones de izquierda están más toleradas que las de derecha, y que los de derechas tienden a autocensurarse más. Y esto se ve mejor en algunos entornos, particularmente en instituciones académicas, medios de comunicación tradicionales y plataformas digitales con políticas de moderación estrictas.
Por ejemplo: investigaciones como las de Jonathan Haidt y otros en Estados Unidos sugieren que en universidades, especialmente en ciencias sociales y humanidades, predomina una inclinación hacia valores progres (me niego a llamarles “progresistas”) o de izquierda, creando una cultura donde las ideas conservadoras se enfrentan con un mayor escrutinio o rechazo. Encuestas como las dePew Research (2020) en EE.UU. indican que las personas con inclinaciones conservadoras manifiestan sentirse más limitadas para expresar sus opiniones en público, especialmente en temas como raza, género o inmigración, por temor a ser juzgados o “cancelados”.
Esto se atribuye a la presión social en espacios dominados por normas de la izquierda. En muchos entornos laborales o académicos, por ejemplo, expresar opiniones conservadoras puede percibirse como arriesgado. También las redes sociales, (como Twitter/X antes de 2022 o Facebook) evidencian que ciertos contenidos conservadores, especialmente sobre temas como inmigración o identidad de género, son más denunciados o eliminados por violar supuestamente normas comunitarias, lo que alimenta la percepción de un sesgo contra la derecha.
Pero la fiera ya está desatada (espero), y el PP ha insistido en estas acusaciones exigiendo detalles además sobre el alquiler de apartamentos públicos que podrían estar relacionados con estos negocios. Sin embargo, ni el gobierno ni el PSOE han respondido a estas acusaciones y demandas, que han calificado, como no, de excesivas. Y es que la líneas rojas siempre se las pone el PSOE al PP.