“Antes de la que se montó en Eurovisión, el PSOE no hubiera dicho que sí”. La frase de una dirigente de Sumar recoge el sentir del socio minoritario del Gobierno, que respira con alivio y cierto optimismo desde este martes. El pleno del Congreso ha avalado iniciar la tramitación de su proposición de ley (PL) que se traducirá en un embargo a la compraventa de armas a Israel, por la destrucción generada en la franja de Gaza.
Pedro Sánchez, al que sus socios de izquierdas llevaban tiempo reclamando más acciones para afrontar la escalada de violencia en Gaza, ha dado un paso que hasta hace escasos días el PSOE se resistía a asumir.
Desde octubre de 2023, el presidente del Gobierno ha ejercido como una de las voces europeas más críticas con el régimen de Benjamín Netanyahu. Si el lunes abogó en un acto público por no permitir que ese país compita en Eurovisión mientras persista en su ofensiva sobre Gaza, el viernes viajará a Turquía para reforzar sus alianzas ante Israel. El sábado, en un acto de la internacional Socialista, que preside él mismo, el jefe del Ejecutivo volverá a reclamar el fin de esta guerra.
Se da la circunstancia de que el presidente del Gobierno ha decidido mover ficha coincidiendo con la decisión de la UE de revisar el acuerdo de asociación con Israel (España la apoya), ante sus dudas sobre el cumplimiento de los derechos humanos. Y con el anuncio de Reino Unido de que suspenderá las negociaciones para un acuerdo comercial con Israel por su “política atroz” en Gaza, que ya ha causado más de 50.000 muertos.
La proposición de ley apenas inicia su tramitación parlamentaria, pero el socio minoritario lo considera un paso crucial, habida cuenta de que acusa al PSOE de haber “arrastrado los pies”, incluso para reconocer el Estado palestino, el año pasado. Se trató de una decisión simbólica, sin efectos vinculantes, aunque granjeó a Sánchez varias críticas y la reprimenda de Netanyahu.
De lo que aún no ha informado el Ejecutivo, y más concretamente el Ministerio de Defensa, es del Estado de los contratos en avanzado estado de tramitación o ya sellados con Israel, que prometió revertir.
Economía remitió un informe desfavorable al embargo
Son Sumar y Podemos quienes firman la proposición de ley. La alianza de Yolanda Díaz dejó en manos de Enrique Santiago (IU) presentarla la semana pasada, pero llevaba tiempo registrada en el Congreso.
El PSOE decidió su posición esta misma semana, como confirman a Artículo14 fuentes parlamentarias; la SER informa de que el Ministerio de Economía remitió un informe a la Cámara, el lunes, en el que rechazaba este endurecimiento de los controles.
En concreto, la norma propone modificar la figura del embargo de armas y su régimen jurídico; desplegará sus efectos cuando se comercie con Estados que hayan sido “demandados ante un Tribunal internacional” cuya jurisdicción reconozca España. Y siempre que esta demanda esté relacionada con presuntos delitos como el genocidio o los crímenes de lesa humanidad.
La iniciativa, registrada por distintas organizaciones de la sociedad civil en defensa del pueblo palestino, incluye además instrumentos para mejorar las inspecciones de cualquier tipo de transportes, para así facilitar que las armas no lleguen a esos países.
El PP la considera un “pastiche jurídico que destila rancio antisemitismo”
Junts per Cataluña, habitualmente el socio más problemático para Sánchez, anticipó que votarían a favor junto a la mayoría de investidura, por lo que la pelota quedaba en el tejado del Gobierno. Con 176 votos a favor y 171 en contra, lograban salvar una votación fundamental para el partido más pequeño de la coalición.
Con todo, su respaldo a la norma no impidió al diputado Isidre Gavín y Valls (Junts) lanzar algún dardo a la coalición: “No he visto tanto entusiasmo en pedir que se evite la actividad para dar apoyo armamentístico y logístico a Hamás y Hezbolá”, afeó.
Para el diputado Pablo Hispán (PP), la norma constituía un “pastiche jurídico que destila rancio antisemitismo”. “Va contra Israel” y es “puro pisoteo del Estado de Derecho”, declaró, según Europa Press.
La mayoría de investidura salva la reforma del Reglamento del Congreso
La formación de Carles Puigdemont también ha avalado con sus votos el inicio de la tramitación de la reforma del Reglamento del Congreso, que permitirá imponer sanciones y hasta expulsar de la Cámara Baja a los agitadores y activistas que acceden con acreditación de prensa.
El socio minoritario, además, ha logrado el desbloqueo de su proposición de ley para regular los alquileres temporales, que llevaba tiempo durmiendo el sueño de los justos, en la fase de prórroga de enmiendas. En esta ocasión, el voto a favor del PP sirvió para truncar la voluntad del PSOE, que no avalaba este impulso a la norma, y precipitó que pase a la fase de ponencia, donde ya no hay ataduras temporales reglamentarias.
El Congreso, además, ha reprobado por segunda vez al Ministro de Transportes, Óscar Puente. La iniciativa del PP contó con los votos de Vox y UPN, pero sólo fue posible gracias a las abstenciones de Junts, Podemos o BNG.
Al Gobierno le espera una jornada que se anticipa más dura el miércoles, con la comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, para hablar sobre el polémico contrato de compra de 6,6 millones de euros en balas a una empresa israelí.
La ofensiva liderada por Izquierda Unida, dentro de Sumar, llevó a Sánchez a desautorizar a su ministro del Interior y a exigir la reversión del acuerdo. Marlaska tendrá que dar cuenta de la gestión que ha permitido a la oposición desgastar al Ejecutivo, pero también ha llevado a IU a amagar, por primera vez en cinco años, con romper la coalición.