La situación de los incendios forestales en España sigue siendo crítica. Es la peor ola de incendios del siglo y cualquier cifra -hectáreas quemadas, número de incendios, población evacuada, pérdidas humanas, cabezas de ganado…- empieza a ser abrumadora. También lo es el impacto económico. Es pronto para dar una suma, pero los primeros cálculos apuntan alto. Al costo de la extinción hay que añadir pérdidas en la agricultura, la ganadería, el turismo, el comercio, la hostelería, la restauración de las zonas afectadas y otros daños que serán difícilmente cuantificables en casas, terrenos y cultivos.
La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) estima que en su sector la cifra se eleva por encima de los 600 millones de euros. Son miles de cabezas de bovino, cientos de miles de cabezas de ovino y más de 1.500 explotaciones de ganadería extensiva. Si contamos por hectáreas quemadas, casi 400.000, las pérdidas superan los 1.260 millones de euros. Según un estudio de la Comisión Europea en 2022, el impacto económico de los incendios supone para España un coste del 4,5% de su PIB. Es decir, unos 71.623 millones de euros, una cifra que dobla el presupuesto destinado a Defensa.
Quién paga la factura
El martes 26 de agosto, el Gobierno declarará “zona catastrófica” a todas las áreas de España afectadas. Sobre el papel, significa que se activarán las ayudas públicas contempladas en los artículos 23 y 24 de la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil. Una vez extinguidos los incendios y se conozca el impacto económico de los vecinos, Pedro Sánchez ha indicado que se verán las tareas de la reconstrucción y los recursos que se destinarán a particulares -ayudas económicas, moratorias, exenciones fiscales y laborales-, infraestructuras, actividades económicas y préstamos subvencionados.
La declaración de zona catastrófica da luz verde también a las administraciones autonómicas y municipales, que podrán destinar ayudas, subvenciones y créditos a las personas damnificadas. De momento, la Junta de Castilla y León entregará 500 euros a las familias que fueron evacuadas de sus casas y hasta 185.000 en el caso de los que la hayan perdido. Además, cada negocio afectado recibirá 5.500 euros. También la Xunta de Galicia ha anunciado ayudas.
La burocracia, el primer obstáculo
“Lamentablemente, los tiempos de la administración no son los tiempos de las familias”, reconoce Enrique García, portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). “La historia se repite. Otra catástrofe, la misma respuesta. Es el discurso de siempre. En La Palma fuimos víctimas de la erupción del volcán y cuatro años después seguimos siendo víctimas de la burocracia”, lamenta Francisco Rodríguez Pulido, presidente de la asociación vecinal canaria Tierra Bonita.
El Estado promete rapidez, pero la realidad es un laberinto de trámites y retrasos y la excusa permanente de que no hay presupuestos. “Es un patrón al que nos hemos acostumbrado cada vez que hay una catástrofe. En Canarias las ayudas han llegado en forma de goteo, muy desigual y sin transparencia. Muchas personas siguen viviendo en barracones cuatro años después”, explica. Según declaraciones del presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, el Estado aún adeuda 200 millones de euros. También denuncia el retraso en aplicar la bonificación fiscal del IRPF como estaba comprometido.
Valencia continúa a la espera
La misma sensación hay en Valencia a punto de cumplirse un año de la dana. Tres meses después de la catástrofe, muchos vecinos no habían podido regresar a sus casas ni reabrir sus negocios. Aunque el Gobierno central lanzó anticipos de emergencias, solo alrededor del 10% los recibieron antes de fin de año. En mayo de 2025, más del 90% de las familias no habían recibido las ayudas prometidas para vivienda. De los más de 1.470 millones presupuestados, solo se habían desembolsado 82 millones. A día de hoy, el ejecutivo de Sánchez solo ha cumplido el 15% de los 16.600 millones en ayudas directas que prometió movilizar.
En el caso de los incendios, la experiencia lleva a los vecinos de las comunidades afectadas a desconfiar de las palabras de Sánchez. Si nos vamos a 2022, un año especialmente trágico en incendios forestales, las ayudas del Gobierno se convocaron entre finales de 2022 y enero de 2023, pero la entrega no se hizo efectiva hasta 271 días después. Los alcaldes de algunos municipios, como Bejís, con un incendio que consumió casi 20.000 hectáreas de monte, o Azuébar, en Castellón, denunciaron que tardaron hasta 18 meses, a pesar de ser declaradas zonas catastróficas, y además cubrieron solo el 50 % o menos de los daños.
Azúebar se declaró zona catastrófica tras el incendio de 2021 que calcinó 440 hectáreas de masa forestal y obligó a desalojar el pueblo. Al no superar las 500 hectáreas, no fue considerado un gran incendio y el Gobierno central notificó que financiaría solo el 40% de los daños. Un año después, la alcaldesa, Jéssica Miravete, aseguró que en ayudas directas al Ayuntamiento y a los afectados no habían recibido nada.