Policía Nacional y Guardia Civil encaran este martes una reunión decisiva con la secretaria de Estado de seguridad, Aina Calvo, en un momento marcado por un doble bloqueo: el Gobierno ha vetado la tramitación parlamentaria de la profesión de riesgo y la proposición de ley que permitiría aplicar el coeficiente reductor de la edad de jubilación encadena ya 77 prórrogas, con la 78 prevista para este miércoles.
El pasado 10 de septiembre, el Ejecutivo remitió al Congreso un escrito en el que, al amparo del artículo 134.6 de la Constitución, declara que la proposición de ley generaría un aumento de gasto y una disminución de ingresos por lo que “no presta su conformidad para su tramitación” de manera que bloqueó automáticamente la vía legislativa dejando a Interior avanzar mediante un acuerdo administrativo como única vía posible.
El encuentro llega, además, tras semanas de tensión operativa en Ceuta que han devuelto el debate al primer plano y han elevado la presión sobre Interior.
La ciudad autónoma se ha convertido en el elemento que más ha endurecido el clima previo a la reunión. Cincuenta días después de la entrada masiva de inmigrantes por el espigón del Tarajal, Ceuta vive un escenario de tensión constante que ha puesto a prueba a policías, guardias civiles y militares. Las peleas entre clanes en la playa del Trampolín, las emboscadas y las agresiones se han convertido en una escena habitual, y los agentes denuncian que trabajan con medios insuficientes y sin instrucciones claras cuando la violencia escala.
Huecos en la vigilancia
El desgaste acumulado tras semanas de despliegue se suma a un problema operativo que las asociaciones vienen advirtiendo desde hace meses: cuando decenas de agentes se concentran en rescates, labores de escolta y atención humanitaria, la frontera queda desprotegida. Las redes criminales aprovechan los huecos en la vigilancia terrestre y marítima, y los efectivos alertan de que la presión migratoria está dejando zonas críticas sin cobertura suficiente.
A la tensión acumulada en Ceuta se suma un elemento que preocupa a los mandos policiales: el calendario en Marruecos. Con las elecciones previstas en Rabat, los servicios de información manejan la posibilidad de que se produzca una nueva tentativa de entrada masiva aprovechando el clima preelectoral y los movimientos internos que suelen acompañar estos procesos. No es una previsión cerrada, pero sí un escenario que Interior tiene sobre la mesa y que, según fuentes policiales, obliga a reforzar la vigilancia y a mantener operativos de reacción rápida ante cualquier alteración en la frontera. El precedente del Tarajal, unido a la volatilidad que generan los periodos electorales en el país vecino, ha incrementado la sensación de vulnerabilidad en Ceuta y ha añadido presión a la reunión de hoy.
Obstáculo
A este escenario operativo se suma un obstáculo jurídico que condiciona la negociación y que, según las asociaciones, puede marcar la diferencia entre un acuerdo real y un simple gesto político. La secretaria de Estado ya trasladó en junio que Interior pretendía tramitar la parte del Régimen General -la que afecta a los agentes en activo- a través de los Presupuestos Generales del Estado. Pero el problema está en las clases pasivas, el colectivo más vulnerable y el que quedaría fuera si el documento de hoy se limita a los activos.
El artículo 30.1 de la Ley de Clases Pasivas establece que los haberes reguladores –la base de la pensión de los guardias civiles y policías jubilados- solo pueden modificarse mediante la Ley de Presupuestos de cada año. Para saltarse esa regla, Interior tendría que modificar la propia Ley o aprobar un Real Decreto -que es lo que reclaman las asociaciones y sindicatos policiales-. Pero también, si lo llevan mediante Real Decreto, éste debería convertirse en una norma con rango de Ley para igualar jerarquía normativa de manera que no puede mejorar las clases pasivas solo con un acuerdo administrativo.
“Si no se toca el haber regulador, la profesión de riesgo será solo un título”, advierten fuentes de Guardia Civil. “No queremos un parche para los activos y un vacío para los veteranos”, apuntan.
Lo que está en juego es que la “profesión de riesgo” no se convierta en una medida a dos velocidades; una para quienes están en activo y otra para quienes ya han cumplido décadas de servicio. “La reunión no va solo de coeficientes sino de que nadie quede atrás”, insisten.
Calvo, se comprometió a presentar un documento como primer paso para abordar la jubilación anticipada sin penalización económica. El Gobierno insiste en que Guardia Civil y Policía Nacional “ya están reconocidos” en un real decreto como profesión de riesgo, pero sindicatos y asociaciones subrayan que siguen fuera del sistema de coeficientes reductores que sí disfrutan policías locales, Ertzaintza, Mossos y Policía Foral.
Jubilación digna
Las asociaciones profesionales llegan a la reunión con posiciones muy definidas y un mensaje común: no aceptarán un documento ambiguo ni un compromiso sin respaldo jurídico y presupuestario. Desde AUGC recuerdan que Interior se comprometió en junio a presentar un texto “realista y aplicable” y advierte de que “otro documento de intenciones no serviría para nada”. “Ya hemos hecho nuestro trabajo: hemos puesto sobre la mesa una propuesta técnica y económica concreta para que el reconocimiento de la profesión de riesgo se traduzca en una jubilación digna y no en una solución de mínimos”.
Desde ASESGC ponen el foco en el alcance del documento que entregue la secretaria de Estado. “Queremos saber si lo que presenta Interior tiene respaldo presupuestario suficiente y un calendario claro y evaluar si la oferta permite acercar posturas o si, por el contrario, se convocan nuevas medidas de presión”.
La asociación insiste en que el Ministerio debe aclarar cómo piensa abordar las clases pasivas, porque “si no se toca el haber regulador, la profesión de riesgo será solo un título”, insisten sindicatos policiales.
IGC, por su parte, resume la preocupación del colectivo: “No queremos un parche para los activos y un vacío para los veteranos”.
Sindicatos policiales y asociaciones de guardias civiles recuerdan que el agravio comparativo con policías locales, Mossos, Ertzaintza y Policía Foral afecta a más de 150.000 agentes, y que el criterio económico del Gobierno “no puede volver a imponerse sobre el criterio de seguridad”.
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