La constructora sevillana AZVI ha quedado situada en el centro de las nuevas pesquisas de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre las presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos durante la etapa de José Luis Ábalos al frente del Ministerio de Transportes. La investigación coincide con la apertura de una segunda causa de la Fiscalía Europea sobre un posible fraude en los fondos comunitarios destinados a la seguridad de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, escenario de los accidentes ferroviarios de Adamuz y Urda.
Los agentes de la UCO acudieron el jueves 5 de noviembre a las instalaciones de AZVI en Sevilla para requerir documentación relacionada con una nueva pieza judicial del caso Koldo. El procedimiento, dirigido por el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, permanece bajo secreto y forma parte de las investigaciones sobre presuntas mordidas en adjudicaciones de obra pública.
La coincidencia de estas actuaciones ha vuelto a poner el foco sobre una empresa que contrató a Koldo García, mantuvo relaciones comerciales con Víctor de Aldama y participó en la renovación de uno de los tramos ferroviarios donde se produjo el accidente de Adamuz.
Qué es AZVI y quién está detrás de la constructora sevillana
AZVI es una de las grandes constructoras españolas especializadas en infraestructuras ferroviarias. Con sede en Sevilla, constituye la principal empresa constructora del Grupo Azvi, un conglomerado empresarial privado de carácter familiar que desarrolla actividades de obra civil, transporte ferroviario, mantenimiento, electrificación, concesiones y servicios medioambientales.
Sus antecedentes se remontan al siglo XIX, aunque la compañía que dio origen a su estructura actual fue fundada en 1925 por Manuel Contreras Graciani. En 1988 adoptó la denominación AZVI y, en 2002, se constituyó el grupo empresarial que impulsó su diversificación e internacionalización.
La constructora tiene además una relación histórica con el ferrocarril español. Participó en las obras de la primera línea de alta velocidad Madrid-Sevilla durante los años noventa, décadas antes de volver a intervenir en distintos proyectos de modernización de esta infraestructura.
Actualmente, el grupo está presidido por Manuel Contreras Caro, miembro de la familia propietaria y sucesor de Manuel Contreras Ramos, presidente de honor de la compañía.
Su dimensión económica resulta considerable. Según el análisis de EthiFinance basado en las cuentas auditadas, Grupo Azvi facturó 1.001,2 millones de euros en 2025, con un resultado bruto de explotación de 71,4 millones. La compañía dispone de una importante cartera de construcción y desarrolla proyectos internacionales, especialmente en Hispanoamérica, donde destaca su participación en el Tren Maya de México.
Los 165 millones adjudicados durante la etapa de José Luis Ábalos
La relación de AZVI con el entorno del antiguo Ministerio de Transportes comenzó a adquirir relevancia pública a raíz de las investigaciones del caso Koldo. En septiembre de 2024, El Español publicó que la constructora había obtenido 165 millones de euros en adjudicaciones en solitario durante la etapa de José Luis Ábalos como ministro, entre 2018 y 2021.
La cifra situaba a la empresa entre las beneficiarias de importantes contratos de obra pública durante aquellos años. Sin embargo, la obtención de adjudicaciones no constituye por sí misma una irregularidad y debe diferenciarse de las acusaciones sobre posibles intervenciones ilícitas en los procedimientos.
Uno de los episodios más relevantes llegó en 2023, cuando AZVI contrató los servicios de Erikapat Consultoría Internacional, sociedad vinculada a Koldo García, antiguo asesor de Ábalos. El acuerdo buscaba identificar oportunidades empresariales en Latinoamérica aprovechando sus contactos profesionales.
El contrato contemplaba una remuneración de 6.000 euros mensuales y una comisión del 0,75 % por cada negocio internacional conseguido, con un límite de 350.000 euros por operación. La relación terminó en febrero de 2024, después de la detención de Koldo.
El propio Manuel Contreras reconoció esta contratación durante su declaración ante el Tribunal Supremo, el 14 de abril de 2026. El empresario defendió que el acuerdo respondía a las relaciones profesionales de Koldo en Sudamérica. La constructora sostiene que no llegó a abonarse ninguna comisión variable porque no se materializaron los proyectos previstos.
Las acusaciones de Víctor de Aldama y la transferencia de 18.000 euros
Otro de los nombres que aparece en los antecedentes de AZVI es Víctor de Aldama, empresario investigado en el caso Koldo. En diciembre de 2024, Aldama presentó documentación ante el Tribunal Supremo y atribuyó a responsables de la constructora supuestos pagos vinculados a adjudicaciones públicas.
Entre las operaciones señaladas figuraba una transferencia de 18.000 euros realizada en octubre de 2019 a una sociedad relacionada con un proyecto de club de natación en Sevilla. Aldama sostuvo que el dinero correspondía a una compensación por su intermediación en contratos públicos.
La versión de AZVI es completamente distinta. La compañía negó que se tratara de una mordida y explicó que la transferencia respondía a una aportación para participar en un proyecto empresarial deportivo que finalmente no prosperó. Según la documentación presentada por la constructora, el dinero fue devuelto íntegramente en marzo de 2020.
En febrero de 2025, el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente señaló que las imputaciones realizadas por Aldama contra Contreras y el grupo empresarial todavía no estaban suficientemente contrastadas. La existencia de aquella transferencia no demuestra, por tanto, que se produjera un pago ilegal.
La participación de AZVI en la renovación del tramo ferroviario de Adamuz
La conexión de AZVI con la línea Madrid-Sevilla adquiere especial importancia tras los accidentes ferroviarios de 2026. La documentación oficial de Adif confirma que la constructora participó en un contrato de renovación de la infraestructura correspondiente al tramo Guadalmez-Córdoba, dentro del cual se encuentra Adamuz.
La adjudicación se produjo en abril de 2022, por un importe total de 52.492.342,21 euros, IVA incluido. Las obras fueron encargadas a una unión temporal de empresas formada por Ferrovial Construcción, Agrupación Guinovart Obras y Servicios Hispania, AZVI y Contratas y Ventas.
El contrato original, identificado con el número 3.21/20810.0052, establece que cada integrante disponía de una participación del 25 %. También contemplaba la posibilidad de cofinanciación mediante el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
Sin embargo, existen dos precisiones fundamentales. La primera es que la adjudicación tuvo lugar antes de que AZVI contratara a Koldo García, por lo que no puede atribuirse ese contrato a su posterior relación comercial. La segunda es que pertenecer a la UTE no demuestra que la empresa ejecutara los trabajos concretos relacionados con el punto del accidente.
En el caso de Urda, el tramo Yeles-Guadalmez fue adjudicado en 2022 a otra unión temporal de empresas, integrada por Vías y Construcciones, Tecsa, Comsa y Acciona Construcción, por 65,87 millones de euros. Esa adjudicación no incluía a AZVI.
Qué investigan ahora la UCO y la Fiscalía Europea
Las investigaciones judiciales han adquirido una nueva dimensión durante esta primera semana de noviembre. El jueves 5, la UCO desplegó una operación en varias provincias españolas dentro de una pieza separada del caso Koldo, que incluyó seis detenciones y requerimientos de documentación a Adif y AZVI.
La constructora confirmó la presencia de los agentes en sus instalaciones y manifestó su disposición a colaborar con las autoridades. En un comunicado remitido a EFE, expresó su «plena confianza en el trabajo de las autoridades competentes» y defendió que el análisis de la documentación permitiría acreditar su actuación.
Paralelamente, la Fiscalía Europea confirmó este viernes 6 de noviembre una segunda investigación por posibles irregularidades en los fondos europeos destinados a la línea Madrid-Sevilla. Como Artículo14 había adelantado, las pesquisas se centran ahora en los recursos para modernizar los sistemas de seguridad, señalización y comunicaciones, después del accidente ferroviario de Urda del 28 de octubre.
La investigación se suma a la abierta el 20 de marzo sobre posibles fraudes en fondos destinados al mantenimiento de las vías próximas a Adamuz. La Fiscalía Europea ha informado de diligencias en Adif, la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria y el Tribunal de Cuentas, con apoyo de la UCO.
El alcance de las pesquisas todavía debe esclarecerse. Las actuaciones sobre posibles amaños en contratos públicos y las investigaciones europeas sobre financiación ferroviaria no permiten concluir que las irregularidades sospechadas causaran los accidentes ni establecer responsabilidades empresariales o políticas por las víctimas.
Por el momento, AZVI aparece vinculada documentalmente a adjudicaciones ferroviarias, a la contratación de Koldo García y a una diligencia de obtención de documentación de la UCO. Determinar si existe alguna relación delictiva entre estos elementos corresponde a los investigadores y a los tribunales.
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