La investigación del caso Koldo suma un nuevo episodio este jueves 5 de noviembre. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha desplegado a primera hora de la mañana un operativo relacionado con una nueva pieza secreta sobre presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de obra pública. Entre las actuaciones practicadas figura el registro de la vivienda del exministro de Transportes José Luis Ábalos en Valencia.
La intervención ha sido acordada por el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, responsable de investigar varias de las ramificaciones de la causa. Según han confirmado fuentes próximas a las pesquisas a medios como El País y Vozpópuli, las diligencias se desarrollan después de que la Guardia Civil entregara un nuevo informe sobre posibles amaños en contratos públicos.
El operativo permanece bajo secreto judicial, una circunstancia que impide conocer por ahora el alcance completo de las actuaciones y los indicios que han motivado los registros.
La UCO vuelve a registrar la casa de Ábalos en Valencia
Los agentes de la Guardia Civil se han desplazado durante la mañana de este jueves al domicilio del antiguo dirigente socialista en Valencia, donde ya habían intervenido anteriormente en el marco de la investigación.
Según ha publicado Vozpópuli, un abogado del turno de oficio está asistiendo al registro practicado en la vivienda. Por su parte, El País ha informado de que los investigadores han tomado declaración a Andrea de la Torre, pareja del exministro y persona que actualmente se encuentra en el domicilio.
La presencia de los agentes en esta propiedad no es nueva. El 10 de junio de 2025, la UCO realizó un registro que se prolongó durante varias horas y permitió intervenir documentación y dispositivos electrónicos relacionados con las pesquisas sobre presuntas comisiones en contratos de obra pública.
Aquella actuación fue autorizada por el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, cuando una parte de la investigación todavía correspondía al alto tribunal.
El registro de este jueves constituye una intervención diferente, vinculada a las diligencias que actualmente dirige la Audiencia Nacional.
El juez Ismael Moreno abre una nueva pieza secreta del caso Koldo
El nuevo operativo se produce después de que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional recibiera un informe reciente de los investigadores de la UCO.
Según las informaciones publicadas este jueves, el documento apunta a nuevos indicios de presuntas irregularidades relacionadas con adjudicaciones de obra pública durante la etapa de José Luis Ábalos al frente del Ministerio de Transportes.
La Fiscalía Anticorrupción participa también en las diligencias, que comprenden registros y requerimientos de información.
El secreto de las actuaciones impide conocer qué contratos concretos están siendo examinados, qué documentación buscan los agentes y si el operativo podría derivar en nuevas imputaciones.
La apertura de una pieza separada permite investigar de manera específica determinados hechos relacionados con una causa judicial más amplia. No implica, por sí sola, que se hayan acreditado los delitos investigados.
Las presuntas comisiones por contratos de obra pública, bajo investigación
La nueva actuación se enmarca en una de las principales ramificaciones del caso Koldo: la posible existencia de una trama dedicada a favorecer adjudicaciones de infraestructuras a cambio de contraprestaciones económicas.
En esta línea de investigación figuran, entre otros, el antiguo secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, el exministro José Luis Ábalos y su antiguo asesor Koldo García.
Los investigadores tratan de determinar si determinadas empresas obtuvieron contratos públicos mediante procedimientos irregulares y si algunos de los implicados recibieron pagos por facilitar esas adjudicaciones.
La causa experimentó un cambio importante en febrero de 2026, cuando el Tribunal Supremo remitió a la Audiencia Nacional las pesquisas sobre obra pública después de que Ábalos perdiera su condición de aforado.
Desde entonces, el juez Ismael Moreno concentra la investigación de esta rama del procedimiento, junto con otras actuaciones relacionadas con el origen y las ramificaciones del caso Koldo.
La Audiencia Nacional también mantiene investigaciones diferenciadas sobre los pagos en efectivo realizados por el PSOE y una posible financiación irregular del partido. Esas sospechas continúan sometidas a investigación y no deben confundirse con hechos judicialmente probados.
Ábalos cumple condena por el caso de las mascarillas
La intervención de este jueves encuentra al exministro en prisión, después de haber sido condenado por el Tribunal Supremo en una causa diferente relacionada con la compra de mascarillas durante la pandemia.
El pasado 22 de junio, el alto tribunal impuso a José Luis Ábalos una condena de 24 años y tres meses de cárcel por delitos relacionados con las comisiones ilegales en contratos sanitarios y las contrataciones irregulares en empresas públicas.
Su antiguo asesor Koldo García recibió una pena de 19 años y ocho meses, mientras que el empresario Víctor de Aldama fue condenado a cuatro años y medio, cuya ejecución quedó suspendida por su colaboración con la justicia y bajo determinadas condiciones.
El 14 de octubre, el Supremo rechazó los incidentes de nulidad presentados por Ábalos y García, agotando la vía judicial ordinaria.
Además, el miércoles 4 de noviembre, el tribunal requirió a los tres condenados el pago de 647.000 euros en concepto de multas, decomisos e indemnizaciones.
Esta condena corresponde al caso de las mascarillas y no determina las responsabilidades en las presuntas irregularidades de obra pública, que siguen pendientes de esclarecimiento.
Qué se sabe del nuevo operativo y qué queda por aclarar
Por el momento, las informaciones conocidas permiten confirmar el despliegue policial, el registro del domicilio de Ábalos y la existencia de una nueva pieza separada bajo secreto judicial.
Sin embargo, todavía no ha trascendido una relación completa de los lugares registrados ni de los requerimientos realizados por los investigadores.
Tampoco se conoce el contenido íntegro del nuevo informe policial que ha llevado al juez Moreno a autorizar las diligencias.
La actuación representa un nuevo avance de la investigación del caso Koldo sobre las adjudicaciones del Ministerio de Transportes, pero será necesario conocer las próximas decisiones judiciales para determinar si los registros aportan nuevas pruebas y qué consecuencias procesales pueden tener.
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