Sumar estudia acciones legales contra el PSOE por el bloqueo de la nacionalización de saharauis

Sumar ha perdido la paciencia con la parálisis de su proposición de ley para otorgar la nacionalidad española a los ciudadanos saharauis nacidos hasta 1976, cuando este territorio aún estaba bajo soberanía española. Hasta el punto de plantearse una ofensiva legal contra el partido que es su socio en el Gobierno de coalición. O de coquetear con la idea de tender puentes con el PP para sacar del limbo esta norma.

Que los saharauis en situación de apatridia hayan quedado fuera de la regularización extraordinaria de personas migrantes por decisión de los socialistas -siguiendo el criterio del Consejo de Estado-, ha situado a la izquierda alternativa en una posición insostenible. Ya admitían estar en fuera de juego, toda vez que Pedro Sánchez permitió que fuera Podemos quien se marcara el tanto político por una regularización que no necesitaba sus votos -se ha tramitado por real decreto no de ley-. Su compromiso con los saharauis, además de la vía para recuperar la iniciativa, es revivir la proposición de ley.

Fuentes de la dirección del partido de Yolanda Díaz aseguran a Artículo14 que el “bloqueo político” por parte del PSOE les ha llevado a buscar “una fórmula jurídica” para que la iniciativa reanude su marcha. Estos días repasan el Reglamento de la Cámara para encontrar una salida, y acusan al presidente de la Comisión de Justicia, Joaquín Martínez, de impedir el avance de esta norma, evitando convocar la ponencia.

Creen que en la Mesa de la comisión existe una mayoría a favor de continuar la tramitación. Todavía no han comprobado si efectivamente cuentan con los votos. “El presidente no puede seguir bloqueándola unilateralmente si hay mayoría en la Mesa”, inciden.

La proposición de ley pasó el primer filtro de la Cámara Baja –la toma en consideración- en 2025, un año después de su registro. Sólo el PSOE votó en contra -Vox se abstuvo-, y el resto de partidos avalaron su tramitación. Incluido el Partido Popular.

Por lo pronto, el socio minoritario traslada a los socialistas que “todo el bloque de investidura está en esto, también Junts per Catalunya”. Y en sus filas aseguran estar presionando a los socialistas por múltiples vías: en el marco de la comisión, pero también a través de la secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes. E, incluso, de otros cauces propios del Ejecutivo. Se ha debatido “en todas las últimas reuniones de la dirección de Sumar”, inciden.

A su vez, fuentes socialistas en el Parlamento explican que estos meses se han estado tramitando las leyes de reforma y modernización de la Justicia, “que han sido bastante complejas”. Y asumen que la comisión tiene “varias leyes pendientes de tramitación”, entre ellas la que afecta a los saharauis. “Se van a ir convocado las ponencias correspondientes de ahora en adelante, siguiendo el orden y el procedimiento habitual”, abundan.

Hace meses que se cerró la fase de presentación de enmiendas. “Toca convocar ponencia, no hay un argumento político para hacer esto, más allá del bloqueo”, insisten desde la dirección de Sumar. La última reunión de esta comisión se celebró  el martes pasado, y distintos interlocutores con mando en Sumar manifiestan su hartazgo ante esta situación: “El PSOE tiene paralizado el tema, pero nosotros estamos presionando para que se active esto ya de una vez”.

Una mayoría en el aire, en manos del PP

La existencia de esa mayoría en la Mesa de la Comisión de Justicia, de momento, no está garantizada. Con el PSOE en contra, los grupos que invistieron a Sánchez sólo tienen opción de imponerse si van de la mano del PP, que votó a favor de tramitar la iniciativa.

Fuentes del Partido Popular y de Sumar coinciden en que aún no han mantenido conversaciones sobre esta posibilidad. “No se ha negociado con el PP”, reconocen desde la dirección del partido de Díaz. Distintas figuras del grupo parlamentario anticipan que el escenario de una inusual aproximación a los conservadores está cada vez más cerca.

El jueves, Enrique Santiago, portavoz de Izquierda Unida en el Congreso e integrante de la Comisión de la Justicia, no descartó este escenario. Aseguró que “lo lógico” es que la norma avance con los votos de “las fuerzas de la alianza del Gobierno”. Aunque advirtió de que, en caso contrario, “hay otras muchas combinaciones para sacarla adelante”. “La vamos a sacar adelante, que quede claro”, avisó en rueda de prensa.

En su grupo entienden que el PP, muy crítico -como toda la izquierda- con el giro de Sánchez sobre el Sáhara Occidental en favor de Marruecos (2022), difícilmente se resistirá a hacer que el jefe del Ejecutivo y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska -una figura clave para entender las relaciones con Rabat- muerdan el polvo. Los vínculos y la solidaridad española con los saharauis tampoco son despreciables.

Yolanda Díaz, Sara Aagesen, Ángel Víctor Torres y Ernest Urtasun.

El silencio del PP y la disputa por la maternidad de la medida

Por su parte, fuentes del PP en el Congreso precisan que en su día apoyaron únicamente la toma en consideración de la iniciativa, y que a posteriori plantearon enmiendas para retocarla. Esto no supone, insisten, que estén a favor del texto, sino que se abrieron a debatirlo, como hacen con otras iniciativas que no les rechinan.

Es habitual que los conservadores no anticipen el sentido de sus votos en pleno hasta que las iniciativas están a las puertas de la Cámara Baja. Durante toda la legislatura, sin embargo, los populares han criticado a la Mesa del Congreso, controlada por la mayoría de PSOE y Sumar, por obstaculizar el trámite de algunas de sus normas, especialmente las que han sido remitidas por el Senado. Contribuir al bloqueo de esta proposición de ley sería ir en la línea contraria a lo que llevan defendiendo dos años y medio de legislatura, pero esto tampoco garantiza que vayan a facilitar su aprobación.

En cualquier caso, el texto es especialmente sensible para la izquierda alternativa. En abril de 2022, después del giro de Sánchez con el Sáhara Occidental, Izquierda Unida redactó una primera iniciativa en este sentido, que inició su tramitación casi un año después, con el voto en contra de los socialistas. “Compartimos la meta, que es acabar con el agravio”; “pero no compartimos el diseño, resumió el portavoz de los socialistas, Sergio Gutiérrez. El adelanto electoral impidió que concluyera su tramitación.

En 2024, el grupo Sumar volvió a registrarla, esta vez con la diputada de Más Madrid, Tesh Sidi, como principal impulsora. Sidi, de origen saharaui, protestó esta semana contra la cúpula de su partido y le reprochó no haber presionado lo suficiente para incluir en la regularización a los saharauis en situación de apatridia. En la cúpula de su espacio ha ganado enteros la convicción de que esta iniciativa debe ser una de sus prioridades.