La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón afronta una semana llena de declaraciones de testigos para seguir indagando sobre si hubo delitos contra la paz y la independencia del Estado tras la llegada de 70.000 inmigrantes a Ceuta los días 30 y 31 de julio. Quiere conocer quién fue el autor intelectual que alentó a la masa a cruzar la frontera, cuál fue la forma de proceder de las autoridades españolas y marroquíes y cómo fue la gestión de la crisis posterior.
La magistrada mira con lupa la actuación del Gobierno. En concreto, del ministerio de Interior y el ministerio de Defensa, además de las autoridades marroquíes. Y, pese a la carga política que entraña la investigación, está decidida a continuar investigando pese a la cercanía de las elecciones del 29 de noviembre. De hecho, no tiene intención de frenar sus pesquisas pese al periodo de campaña.
Según ha podido saber Artículo14 de fuentes del caso, Tardón considera que “la política no debería interferir en las causas judiciales”. De ahí que se sienta “con toda la legitimidad” para continuar con la causa porque, considera, los tiempos de la política van al margen de los suyos.
Así las cosas, esta semana de precampaña declararán nuevos testigos. La jueza considera que están “directamente conectados con las manifestaciones efectuadas por los testigos ya examinados y aparecen justificadas por la necesidad de determinar la información disponible en cada nivel de responsabilidad institucional, la fecha en que dicha información fue conocida, las comunicaciones mantenidas entre las distintas autoridades y las decisiones finalmente adoptadas”, reza uno de sus últimos autos.
El lunes, cita como testigo al Inspector Jefe Lorenzo Juan Fages y al teniente coronel de la Guardia Civil, del que la jueza rehusó dar el nombre. Al día siguiente escuchará a tres consejeros de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Alberto Ramón Gaitán, Nabila Benzina y Ramírez Magaña. Todos ellos fueron mencionados por Juan Jesús Vivas, el presidente de la ciudad autónoma, en su declaración y “tuvieron presencia directa en las zonas afectadas o participación activa en la gestión de la crisis”.
Por último, el miércoles tomará declaración a inspectores de la Policía Nacional “que se encontraban de servicio el día 30 de julio de 2026 y presenciaron en diferentes momentos los hechos objeto de la presente investigación”.
Los informes reclamados
En paralelo, Tardón espera informes encargados a una veintena de organismos para poder hacer una radiografía exhaustiva de cuáles fueron todos los movimientos entorno a la llegada masiva en los días previos y posteriores. En concreto, una de las últimas diligencias pedidas ha sido solicitar a Defensa que e linforme de si se produjo la “entrada, permanencia, tránsito o presencia en aguas territoriales españolas, adyacentes a la Ciudad de Ceuta, de buques de guerra o embarcaciones militares de la Armada de Marruecos”. De ser así, pidió las fechas y horarios precisos.
Asimismo, quiere las grabaciones de tales acontecimientos y cuál fue la reacción de las Fuerzas Armadas españolas. Requiere al JEMAD -Jefe de Estado Mayor de la Defensa- que le explique cuál fue la reacción a esa actuación de Rabat, de haberse producido. En concreto, “si la mencionada intrusión hubiera motivado la necesidad de que se produjera algún tipo de acción, reacción, aproximación o interacción de los buques con la Armada española o con cualquier otra unidad militar nacional o, en su caso, la coincidencia de aquéllos con otros navíos españoles pertenecientes a otros Servicios marítimos de vigilancia, salvamento y/o seguridad de titularidad estatal”.
En este sentido, Artículo14 ha desvelado que un buque de Salvamento Marítimo vio la mañana del 30 de julio cómo uno de estos buques marroquíes lanzó hasta treinta migrantes al mar para que fueran rescatados por la embarcación con bandera española. “Los militares marroquíes los habían cogido del agua para que no se ahogaran, pero en vez de llevarlos a su país, en cuanto consideraron que Salvamento estaba cerca los tiraron”, sostiene una fuente con conocimiento directo de los hechos, informó Javier Chicote.
Tardón reclama a Interior las “cifras concretas del número de entradas registradas, retornos, devoluciones, rescates efectuados, fallecimientos, menores atendidos, efectivos desplegados y recursos movilizados desde el inicio del periodo investigado (30 de julio de 2026) hasta la recepción del oficio judicial acordando la presente medida”.
La jueza ya señaló en uno de sus autos a los organizadores que “desde el absoluto desprecio por la vida e integridad física de algunas de las personas más vulnerables que la integraban, indujo a una numerosa masa de personas a lanzarse al mar, sin preparación, provistas de vestimentas inadecuadas que una vez mojadas podían, si no impedir, sí obstaculizar seriamente los movimientos en el trayecto a nado, y dotados de precarios elementos de auxilio a la flotabilidad para poder cruzar a nado el espacio marino, produciéndose como consecuencia de ello la muerte de un importante número de estas personas, cuya cifra total no ha sido posible determinar, pudiendo tan sólo precisar que la cifra de los cadáveres recuperados en las aguas territoriales españolas ha sido de 83”.
En ese mismo auto, la jueza también apuntó: “Una entrada masiva que no tuvo naturaleza ocasional o espontánea, sino que se trató de un proceso organizado en el que la finalidad migratoria operó sólo como cobertura formal que sirvió para fomentar, impulsar y dirigir un flujo masivo de personas a la ciudad de Ceuta, sin que la finalidad de la mayoría de los inmigrantes fuera permanecer en territorio español, y que persiguió obtener un máximo impacto sobre la gestión fronteriza hasta su colapso y, logrado el primer objetivo, eliminar la capacidad de respuesta por parte de España para contener o revertir la situación”.
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