“Tiemblo cada vez que viene el cartero”. Begoña Ramírez, madre soltera y víctima de violencia de género, resume así el miedo con el que vive desde hace dos años. Entonces recibió una carta de la Seguridad Social reclamándole 3.600 euros del Ingreso Mínimo Vital (IMV) por un supuesto cobro indebido correspondiente a 2022. Hoy, con intereses y demora, la deuda asciende ya a 4.800 euros.
“Ahora estoy devolviendo esta cantidad en diez plazos. Son 480 euros mensuales que no tengo. Me lo han tenido que prestar, endeudándome aún más. Algunos meses no puedo pagar el alquiler”, explica. “La situación me está afectando anímicamente. Ni siquiera puedo dormir”.
Ella nunca lo solicitó
Como miles de personas en España, Begoña pasó de ver el IMV como un salvavidas durante la pandemia a vivirlo como una amenaza permanente. “Cada vez que me ha llegado una reclamación o una notificación de embargo si no devolvía el dinero, presentaba un escrito en la Seguridad Social de Ciudad Real, que es donde resido. La única respuesta que me han dado en el mostrador es una ayuda envenenada. Primero la dan y luego comprueban si corresponde. Esto mismo me lo han repetido”, relata.
Begoña tiene un hijo de 12 años a su cargo y otro de 29. Antes del IMV cobraba una ayuda de unos 300 euros. En plena pandemia, la Administración le concedió de oficio la nueva prestación, sin necesidad de solicitarla. Empezó a recibir alrededor de 700 euros mensuales, aunque la cantidad varía según sus circunstancias económicas.
“Cuando me reclamaron el dinero, yo no lo tenía”, explica. Desde entonces ha presentado varios escritos sin obtener respuesta. “Me pusieron un abogado de oficio para defenderme, pero no lo ha hecho”. Su situación económica es especialmente frágil. Además del IMV, percibe una pensión por incapacidad derivada de una lesión. “La cuantía nunca es fija. Mi miedo es que me vuelvan a reclamar otra cantidad. Vivir con esta incertidumbre me está destrozando”.
Las cartas de embargo han terminado por convertir cualquier notificación oficial en motivo de ansiedad. “He visto afectadas que han perdido todo, incluso el coche, por embargo. Quienes mueven todo esto no saben lo que significa este dinero. Incluso 30 euros”, dice.
Mujeres con menores a su cargo
El caso de Begoña no es aislado. Desde que el Ingreso Mínimo Vital entró en vigor en junio de 2020, la Seguridad Social ha reclamado unos 500 millones de euros por supuestos cobros indebidos. El fenómeno afecta especialmente a hogares vulnerables, en muchos casos encabezados por mujeres con menores a cargo.
La prestación nació durante la pandemia como una herramienta urgente para evitar que miles de familias quedaran sin ingresos mínimos. El sistema permitía aprobar ayudas con datos provisionales y regularizar más adelante la situación económica de los beneficiarios.
Ahí comenzó el problema. La Seguridad Social revisa los datos fiscales consolidados de cada hogar. Cuando detecta diferencias entre los ingresos reales y los utilizados inicialmente para conceder la ayuda, reclama la devolución de las cantidades consideradas indebidas.
Muchas familias aseguran que nunca fueron conscientes de estar cobrando cantidades incorrectas. Otras denuncian que los cambios de ingresos, convivencia o situación laboral eran tan frecuentes y complejos que resultaba casi imposible mantener la información actualizada.
“El sistema es tremendamente complicado para personas que sobreviven con empleos precarios, ayudas variables o situaciones familiares inestables”, denuncian colectivos de afectados.
“Retroactividad punitiva”
Las asociaciones han bautizado este fenómeno como “retroactividad punitiva”, personas vulnerables que reciben una ayuda concedida por la propia Administración y años después descubren que tienen una deuda de miles de euros. El Colectivo IMV Afectados y Afectadas denuncia que estas reclamaciones están provocando “embargos, endeudamiento, miedo constante” e incluso pérdida de vivienda. También reclama una reforma legal que impida exigir devoluciones cuando el error sea atribuible a la Administración.
El Defensor del Pueblo ha respaldado estas demandas. En 2025 recomendó eliminar el deber de reintegrar prestaciones reconocidas erróneamente cuando el fallo proceda de la propia Administración. Sin embargo, el Gobierno rechazó esa recomendación.
La polémica ha llegado también al Congreso. Sumar presentó recientemente una proposición de ley para condonar las deudas de familias vulnerables afectadas por estas reclamaciones.
Los tribunales se están pronunciando con criterios dispares. En algunos casos, la Justicia ha apoyado las reclamaciones de la Seguridad Social, argumentando que los beneficiarios conocían sus ingresos reales y debían comunicar cualquier cambio. Pero también empiezan a aparecer sentencias favorables a los afectados. En febrero de 2025, el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja eximió a un hombre de devolver más de 4.500 euros aplicando la llamada “doctrina Cakarevic”, basada en jurisprudencia europea. El tribunal consideró que, si el error fue de la Administración y no existió mala fe del beneficiario, no debía exigirse la devolución.
La abogada Eva Herrero Herce, que llevó ese caso, declaró entonces que “no se puede hacer recaer sobre el beneficiario un error de la autoridad competente”, especialmente cuando se trata de personas con graves dificultades económicas.
Mientras el debate político y judicial continúa, personas como Begoña siguen pagando las consecuencias. “Somos muchos los afectados, especialmente madres solteras y mujeres en situación muy vulnerable. Algunas están llegando a la jubilación con deudas de 30.000 o 40.000 euros y no van a poder cobrar su pensión”. Ella sigue esperando una respuesta clara de la Administración y confía en que esta cantidad vuelva de nuevo a su cuenta. Mientras tanto, cada carta que llega a casa vuelve a activar el miedo.