Romper con la violencia de género no es un final, sino el inicio de otra lucha. Mientras España acaba de ser condenada por la manipulación sistemática de pruebas en dos casos de violación en Pamplona, evidenciando fallas graves en la protección institucional a las víctimas, cientos de mujeres que huyen del maltrato se enfrentan a una pregunta igual de decisiva para su supervivencia: ¿Dónde vivir? Lejos de los tribunales y los titulares, la falta de una opción habitacional segura se convierte en uno de los mayores obstáculos para salir definitivamente de la violencia, especialmente cuando hay hijos e hijas o cuando la mujer es migrante y está sola.
“Cuando una mujer víctima de violencia de género decide romper con la situación de maltrato, la vivienda se convierte en uno de los obstáculos más determinantes para su proceso de recuperación y autonomía”, explica Silvia Iglesias Baptista, psicóloga de la Asociación Por Ti Mujer. Una dificultad que se agrava cuando hay hijos e hijas a cargo, y que alcanza niveles críticos en el caso de mujeres migrantes.
La paradoja es tan frecuente como injusta; “en la mayoría de los casos que atendemos en la entidad, es la víctima quien debe abandonar el hogar compartido”. Aunque la ley contempla medidas de protección como la atribución del uso de la vivienda familiar, la realidad va por otro camino. El miedo, el desconocimiento de los derechos o la urgencia por proteger la vida propia y la de los hijos empujan a muchas mujeres a marcharse sin esperar resoluciones judiciales.
Cuando hay niños y niñas, la presión se multiplica. “La necesidad de garantizarles estabilidad, continuidad escolar y un entorno seguro presiona a las madres a tomar decisiones rápidas, muchas veces sin contar con recursos económicos propios ni redes de apoyo”. Si además la vivienda es de propiedad compartida, la salida se vuelve aún más incierta.
En este escenario ya complejo, las mujeres migrantes parten con una clara desventaja. “Estas dificultades se multiplican, ya que carecen, en muchos casos, de redes familiares y comunitarias”. A ello se suman la falta de documentación regularizada, la ausencia de contratos laborales estables y los requisitos casi imposibles que impone el mercado del alquiler. Incluso quienes tienen su situación administrativa en regla se enfrentan a una discriminación persistente por su origen.
Las ayudas públicas existen, pero no siempre llegan. “Las prestaciones económicas, que varían según la comunidad autónoma, suelen ser insuficientes para cubrir alquileres en ciudades con mercados inmobiliarios tensionados, como ocurre ahora mismo en València”. Además, los requisitos de acceso se endurecen y dejan fuera a quienes más lo necesitan.
Los recursos de emergencia, pisos tutelados, centros de acogida o viviendas de segunda fase, tampoco cubren la demanda real. “La oferta es claramente insuficiente frente a la demanda, con listas de espera prolongadas y estancias limitadas en el tiempo”. En algunos casos, además, el acceso depende de haber interpuesto una denuncia, lo que excluye a mujeres que, por miedo o por protección de sus hijos, aún no se atreven a dar ese paso.
En 2025, el nuevo Pacto de Estado contra la Violencia de Género 2025-2029 incorporó medidas específicas en materia de vivienda. “Este nuevo marco reconoce explícitamente la necesidad de ampliar el parque público de vivienda destinado a víctimas”, señala Iglesias Baptista. Sin embargo, la experiencia invita a la cautela. “Para que este nuevo Pacto no quede en papel mojado, será imprescindible dotarlo de presupuesto suficiente y eliminar las barreras administrativas que actualmente excluyen a las mujeres migrantes”.
Más allá de los recursos, existe una barrera decisiva: La burocracia. “Las mujeres que acaban de salir de una situación de violencia se encuentran desorientadas, agotadas emocionalmente y sin conocimiento de sus derechos”. El sistema resulta abrumador incluso para quienes lo conocen; para las mujeres migrantes, la exclusión es casi estructural.
Desde la Asociación Por Ti Mujer, el acompañamiento es clave. “Trabajamos desde un enfoque integral, intercultural e interseccional”, explica la psicóloga. Informar, tramitar ayudas, acompañar emocionalmente y coordinarse con otras entidades puede marcar la diferencia entre una salida real y una vuelta forzada con el agresor.
Pero el problema es estructural y exige respuestas de fondo: Ampliar el parque público de vivienda, crear fondos de garantía estatal para el alquiler, regular los precios y garantizar acompañamientos prolongados. También combatir la discriminación desde el propio sector inmobiliario.
Porque cuando una mujer es asesinada por violencia machista, la herida no termina ahí. Sus hijos e hijas heredan no solo el duelo, sino también la precariedad, la pérdida del hogar y la ruptura total de su estabilidad. La vivienda, como recuerda Iglesias Baptista, “No es solo un techo, es la base material sobre la cual las mujeres pueden reconstruir su vida”. Y para muchas, sigue siendo la frontera entre la libertad y el miedo.
Si algo de lo que has leído te ha removido o sospechas que alguien de tu entorno puede estar en una relación de violencia puedes llamar al 016, el teléfono que atiende a las víctimas de todas las violencias machistas. Es gratuito, accesible para personas con discapacidad auditiva o de habla y atiende en 53 idiomas. No deja rastro en la factura, pero debes borrar la llamada del terminal telefónico. También puedes ponerte en contacto a través del correo 016-online@igualdad.gob.es o por WhatsApp en el número 600 000 016. No estás sola.