Hablar de violencia de género, dejó de ser hace mucho tiempo objeto únicamente de agresiones físicas, aunque a veces, el resto de formas que adquiere esta realidad sigue siendo difícil de detectar. Por ello la última edición de 2024 de la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer pone en evidencia que existe una forma silenciosa, menos visible, que erosiona la dignidad y la libertad de millones de mujeres: la violencia económica. El 11,7 % de las mujeres de dieciséis o más años en España declara haber sufrido ese tipo de violencia por parte de su pareja en algún momento de su vida.
Ese porcentaje, que representa a casi 2 millones y medio de mujeres, en concreto, a 2.488.962 mujeres, pero, ¿Quiénes son? ¿Podemos esbozar un perfil a partir de las cifras para entender mejor cómo afecta la violencia económica en nuestro país? Los datos de la encuesta permiten dibujar ciertas tendencias que, sin pretender trazar un estereotipo rígido, ayudan a visibilizar un patrón habitual de vulnerabilidad.
Control y dependencia financiera
Por lo general, la víctima principal de violencia económica suele ser una mujer que ha tenido o tiene pareja, muchas veces en edad adulta, entre los 25 y los 54 años, ya que esos rangos coinciden con los periodos en que se registran las prevalencias más elevadas de este tipo de maltrato. Puede vivir en un hogar con hijos o hijas, una circunstancia que incrementa su riesgo: El 16,6 % de las mujeres con menores a su cargo declara haber sufrido violencia económica alguna vez, frente al 11,1 % en hogares sin menores. Y no porque no cuenten con ingresos propios, de hecho, en numerosos casos sí perciben ingresos, pero estos, no garantizan su protección; y esta violencia acaba afectando tanto a mujeres con ingresos bajos como a quienes ganan más, evidenciando que no se trata solo de pobreza sino de control y dependencia financiera.
Los comportamientos concretos de violencia económica que más se repiten revelan cómo se ejerce ese control: la acción más frecuente, según la encuesta, es el control estricto del gasto de la mujer, que en un 7,5 % de los casos ha visto limitado su derecho a decidir sobre sus propios gastos. A esta forma de control le siguen la imposición para que la mujer no realice compras por sí misma o no participe en decisiones económicas, la negativa a proporcionar dinero para los gastos del hogar pese a que la pareja tiene recursos, el uso de sus tarjetas de crédito sin consentimiento, la denegación de acceso a cuentas bancarias, impedir que trabaje o estudie, o no pagar facturas compartidas. Todas estas conductas buscan minar su autonomía, generando un contexto de dependencia que puede prolongarse años.
La violencia económica no conoce clase social
Además, si nos fijamos en el informe observamos como cuando la pareja -que no siempre, pero por lo general es un hombre-, asume todas las decisiones económicas, el riesgo de violencia se dispara: El 38,5 % de las mujeres en esa situación declara haber sufrido violencia, ya sea física, sexual, emocional o económica. Esa forma de imposición de control financiero no solo las convierte en víctimas de injusticias económicas, sino que también refuerza un sistema de dominación que trasciende lo monetario y se convierte en una trampa de poder y dependencia.
El hecho de que muchas de estas mujeres vivan con menores a su cargo añade una nueva dimensión: Se calcula que entre 1,1 y 1,8 millones de hijas e hijos conviven en hogares donde su madre sufre violencia de género, lo que implica un impacto intergeneracional, con las consecuencias que en el futuro puede ocasionar en los hijos.
Este perfil, mujer adulta, con o sin hijos, con ingresos propios o compartidos, cuya pareja monopoliza las decisiones económicas, evidencia que la violencia económica no conoce clase social ni nivel de ingreso. Es una estrategia de dominación que puede afectar desde hogares humildes hasta hogares con ingresos medios o relativamente elevados. La variable determinante no es tanto el dinero como quién retiene el control sobre él.
No deja marcas
La violencia económica se convierte así en una forma de maltrato difícil de detectar: No deja marcas físicas, no siempre es denunciada, y muchas mujeres normalizan ese control como parte de una relación desigual. Pero sus efectos son devastadores; limitan la capacidad de emancipación, condicionan decisiones sobre trabajo, estudios, vivienda, maternidad y sumen a las víctimas en una dependencia que dificulta salir del entorno abusivo.
Reconocer que la violencia económica puede afectar a mujeres con empleo, con estudios, con ingresos o con hijos, y que no tiene forma única, es esencial para diseñar políticas de prevención, recursos de apoyo y mecanismos que garanticen la autonomía económica de todas.
Si algo de lo que has leído te ha removido o sospechas que alguien de tu entorno puede estar en una relación de violencia puedes llamar al 016, el teléfono que atiende a las víctimas de todas las violencias machistas. Es gratuito, accesible para personas con discapacidad auditiva o de habla y atiende en 53 idiomas. No deja rastro en la factura, pero debes borrar la llamada del terminal telefónico. También puedes ponerte en contacto a través del correo o por WhatsApp en el número 600 000 016. No estás sola.