A lo largo de los últimos años, distintos tribunales españoles se han enfrentado a un dilema complejo, ¿Qué ocurre cuando una persona que sufre violencia termina hiriendo o incluso matando a su agresor? Los casos son distintos entre sí, pero comparten un mismo hilo conductor: relaciones marcadas por el maltrato, situaciones límite y decisiones tomadas en cuestión de segundos.
El caso más reciente en Córdoba
Una mujer ha ingresado en prisión provisional tras matar presuntamente a su pareja en una vivienda de Montemayor durante la madrugada del pasado fin de semana. El hombre, de 42 años, murió tras recibir una puñalada. La alerta llegó al 112 a través de un vecino que pensó que se trataba de una urgencia médica por un fuerte dolor en el pecho, pero cuando los sanitarios llegaron al domicilio comprobaron que la muerte había sido violenta. La Guardia Civil detuvo a la mujer en el lugar de los hechos mientras se investiga lo ocurrido. El caso adquiere una dimensión más compleja por un dato relevante: la detenida figuraba previamente en el sistema VioGén como víctima de violencia de género por parte del propio fallecido.
Una mujer apuñala a su agresor en la entrepierna
El episodio más reciente se produjo la semana pasada en Lleida. Una mujer apuñaló a un hombre de 52 años en la entrepierna en un piso de la avenida del Alcalde Porqueres mientras mantenían relaciones sexuales. Fue ella misma quien llamó al 112 para alertar de que el hombre estaba herido en su domicilio, y de inmediato acudieron agentes de los Mossos d’Esquadra y sanitarios, que lograron taponar la hemorragia antes de trasladarlo al Hospital Arnau de Vilanova.
En un primer momento la mujer aseguró a los agentes que se había encontrado al hombre herido y desconocía lo sucedido. Sin embargo, durante la investigación acabó reconociendo que había sido ella quien lo había apuñalado. Según explicó, ambos mantenían relaciones sexuales consentidas cuando el hombre quiso intensificar la práctica y ella se negó. Pese a ello, él continuó, por lo que, según su versión, cogió un cuchillo y se lo clavó para intentar zafarse.
La mujer fue detenida inicialmente por un delito de tentativa de homicidio y posteriormente quedó en libertad con cargos. Días después, tras recibir el alta hospitalaria, el hombre fue detenido acusado de un presunto delito de agresión sexual después de que ella presentara denuncia, y el juzgado decretó su ingreso provisional en prisión sin fianza mientras continúa la investigación.
El niño que defendió a su madre
Meses antes, el 11 de junio, otro episodio relacionado con la defensa frente a la violencia terminó también en los tribunales. En Ciudad Real, un niño de 14 años apuñaló al agresor de su madre para evitar que continuara golpeándola. El hombre, de 38 años, tenía vigente una orden de alejamiento desde marzo, aunque no había podido notificársele porque se encontraba en paradero desconocido. Además, acumulaba antecedentes por violencia de género
Según el auto judicial, el hombre acudió al domicilio de su expareja y comenzó a discutir con ella hasta agarrarla del cuello y golpearla. El menor trató primero de separarlo a golpes, pero al no conseguirlo cogió un cuchillo de cocina de 13 centímetros y le asestó tres puñaladas.
Tanto el agresor como la mujer tuvieron que ser trasladados al hospital y sobrevivieron. El adolescente fue detenido ese mismo día y posteriormente un juez de menores ordenó su internamiento cautelar en un centro de la provincia en régimen abierto mientras continúa la investigación. La Fiscalía de Menores le imputa un presunto delito de lesiones con arma blanca al considerar que la reacción pudo ser desproporcionada.
La defensa del menor sostiene, sin embargo, que actuó para salvar la vida de su madre. Según su abogada, el agresor había roto los teléfonos de la vivienda y estaba estrangulando a la mujer cuando el chico intervino. El caso ha generado un intenso debate público sobre los límites de la legítima defensa y la protección de las víctimas en contextos de violencia doméstica.
El precedente de Tafalla
Si se retrocede algunos años, aparecen otros procesos judiciales similares. El 2 de noviembre de 2009, en Tafalla (Navarra), una discusión doméstica terminó con la muerte de José Antonio G.S., de 77 años, a manos de su esposa, María Pilar Marcos Rubio, de 64. Aquella tarde, según relató posteriormente ante el tribunal, la discusión siguió un patrón que se había repetido durante décadas: gritos, insultos y finalmente una bofetada que la hizo perder el equilibrio.
En medio del forcejeo, la mujer cogió un cuchillo de cocina y lo clavó en el pecho de su marido. El hombre falleció poco después. La Fiscalía solicitaba once años de prisión por homicidio, pero durante el juicio los cinco hijos del matrimonio declararon ante el jurado para respaldar a su madre y relatar años de maltrato físico y psicológico.
El jurado popular terminó absolviéndola al considerar que no había existido intención de matar. Aquel proceso marcó además uno de los primeros debates en España sobre el llamado “síndrome de la mujer maltratada”, utilizado para explicar cómo una víctima puede reaccionar tras décadas de violencia.
La legítima defensa que llegó al Supremo
Cuatro años después, en septiembre de 2013, otra discusión de pareja volvió a poner a prueba los límites de la legítima defensa. Ocurrió en Cintruénigo, también en Navarra. Durante una pelea, el hombre comenzó a golpear a su pareja, tirándola al suelo y tirándole del pelo. En un momento especialmente violento llegó a colocarle un cuchillo en el cuello mientras la amenazaba.
Cuando el agresor soltó momentáneamente el arma, la mujer la cogió y le asestó una cuchillada en el tórax. La herida no fue grave, pero el caso terminó en los tribunales. La Audiencia Provincial de Navarra la condenó inicialmente a dos meses de prisión por lesiones.
El asunto llegó finalmente al Tribunal Supremo, que en 2019 revisó la sentencia y cambió el criterio. El alto tribunal concluyó que la reacción había sido proporcional a la agresión y aplicó la eximente completa de legítima defensa, absolviendo a la mujer. Los magistrados subrayaron que una agresión de este tipo no puede analizarse “como en un laboratorio”, sino dentro del contexto real en el que se produce.
Cuando la víctima acaba en prisión
No todos los casos han terminado con absolución. Uno de los más polémicos es el de Gloria Susana Flores, víctima de violencia machista que acabó entrando en prisión años después de defenderse de su expareja.
Los hechos ocurrieron en enero de 2014 durante el cumpleaños de la hija que ambos tenían en común. La discusión comenzó con insultos y fue escalando hasta que el hombre la empujó, la escupió y rompió varios teléfonos móviles. En medio de la agresión, Gloria Susana cogió el mango roto de una botella de cristal y le causó una herida en la cara.
El hombre continuó golpeándola e incluso trató de asfixiarla con una almohada delante de los hijos de la pareja. La justicia condenó a él a nueve meses de prisión por violencia de género, pero también a ella, que terminó cumpliendo tres años y medio de cárcel por las lesiones causadas. El caso generó una amplia campaña social solicitando su indulto.
En otro proceso judicial analizado por investigadores de la Universidad de Granada, una mujer acusada de matar a su marido tras años de violencia terminó siendo absuelta gracias a una prueba poco habitual en España: un informe neuropsicológico.
El estudio determinó que presentaba alteraciones cognitivas compatibles con golpes repetidos en la cabeza durante al menos tres años, además de síntomas de estrés postraumático. El jurado tuvo en cuenta esas pruebas para declarar que no era imputable penalmente, una decisión que posteriormente ratificó el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
Una investigación aún abierta
Más recientemente, otro episodio volvió a situar el debate en primer plano. En Zafra (Badajoz), una mujer llamada Nerea fue detenida tras la muerte de su pareja, Iván Melo, de 42 años. Sobre él pesaba una orden de alejamiento dictada tras una denuncia por violencia de género.
Según el relato inicial, el hombre acudió al domicilio y durante una discusión intentó agredirla de nuevo. La mujer lo apuñaló y el cuerpo apareció horas después en el exterior de la vivienda. Vecinos de la zona señalaron que, pese a la orden judicial, ambos seguían viéndose.
La investigación judicial todavía debe determinar si actuó en legítima defensa, una figura recogida en el Código Penal. Juristas especializados señalan que, si se demuestra que la agresión era inminente y que la reacción fue proporcional, podría quedar exenta de responsabilidad penal.
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