Son las nueve y media de la mañana del lunes en el juzgado de guardia de violencia de género de la calle Albarracín de Madrid. Fuera, las sillas del pasillo empiezan a llenarse: víctimas, acompañantes, abogados e intérpretes esperan su turno. Mientras, Juanjo, Anabel y Fernando, los auxiliares judiciales, van de un lado a otro con papeles en la mano. Durante las próximas siete horas apenas se sentarán. Se encargan de que todo fluya: hacen subir a los detenidos de los calabozos, llaman a viva voz a los implicados para que entren en la sala y preparan la televisión para las videoconferencias. Son los directores de orquesta.
La sala no es muy grande. La preside Cira García Domínguez, magistrada del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 14 de Madrid. Es su tercer día de guardia seguido. A su derecha se acomoda la fiscal, que también trabajó el domingo. Se preparan para la jornada. Mientras sacan la botella de agua y revisan los papeles, comentan la jugada. Ayer salieron tarde: se les complicó el día por una agresión sexual que llegó el domingo por la tarde. Es la tónica últimamente. Desde hace poco más de un año, estos juzgados han asumido también los casos de violencia sexual fuera de la pareja, trata, mutilación genital femenina, acoso y matrimonios forzosos. Ambas coinciden en que la carga de trabajo se nota y a veces es difícil de manejar.
El ruido del pasillo crece mientras ellas leen y comentan los detalles de la primera conducción, como se conoce al listado de causas y personas que desfilarán por el juzgado. Tienen diez casos nada más empezar. No serán los únicos. Horas más tarde llegará la segunda conducción, con nuevos procedimientos.
Una guardia que empieza con diez casos
El primer caso es una indagatoria. Es el trámite por el que se comunica al detenido —un hombre que se encuentra en prisión— que su causa pasa a la Audiencia Provincial, donde será juzgado. Se le acusa de tentativa de agresión sexual y robo con violencia. Abordó a una mujer que iba a llevar flores al cementerio. Ella consiguió zafarse, pero el presunto agresor logró arrebatarle el móvil. “Ella llegó muy traumatizada”, comentan.
Los auxiliares judiciales preparan la televisión y la conexión de Zoom con el centro penitenciario. Antes del trámite, todos salen de la sala y dejan al intérprete y a la abogada defensora a solas con el encausado. A los pocos minutos comienza la vista. Él no parece entender muy bien qué significa el trámite. Repite que no ha hecho nada e intenta defenderse. La jueza le explica que podrá hacerlo cuando se fije la fecha del juicio y que esa conexión es solo para informarle.
Siguiente caso. Una pareja; ambos, acusados y víctimas. Se agredieron mutuamente. La fiscal no tiene claro si el caso corresponde a ese juzgado. Los datos indican que la mujer vive en Pozuelo de Alarcón, pero ya no es así: ahora vive en la calle. Ninguno quiere declarar ni presentar denuncia contra el otro. Como los policías presenciaron la escena y hay testigos, la fiscal pide que el caso no se archive. Habrá casi media docena de procedimientos idénticos.
Cada vez que termina una vista, la coreografía se repite. Los detenidos salen por una puerta y los abogados, por la otra. Los auxiliares judiciales entran, salen, preguntan y comprueban. Cambian los letrados. Se tarda más en organizar las comparecencias que en celebrar la propia audiencia. La jueza y la fiscal aprovechan esos ratos para leer, redactar e intercambiar pareceres sobre lo que viene. Les preocupa el siguiente caso.
Se trata de una joven de 19 años, con una discapacidad reconocida del 45%. Duerme en una estación de autobuses. Le acompaña su pareja, también muy joven. Ella ha denunciado una agresión sexual. Un hombre le metió la mano por debajo de la manta mientras dormía. Cuenta lo que pasó. García Domínguez le recuerda que puede acudir a la Oficina de Atención a las Víctimas del juzgado y la insta a hacerlo. Le sonríe, la escucha y muestra empatía.
La fiscal también le pide a su abogada que acudan a los servicios sociales. “Es muy joven”, dice. Les preocupa. Se la ve indefensa y muy vulnerable.
Turno para el presunto agresor. Llega dando voces. La jueza pregunta a los policías por qué lleva las esposas a la espalda. “Es problemático”, responden. El hombre no para de hablar ni obedece cuando le piden silencio. Habla francés y el intérprete le pide, sin éxito, que se calle. También lo hacen los agentes y hasta el auxiliar judicial. Niega todo y levanta la voz.
En un momento dado, le pregunta a la magistrada si tiene una hija. García Domínguez lo mira por encima de las gafas.
“Es que ayer vi a una chica joven en el autobús que se parecía mucho a usted y me voy a casar con ella”.
La mirada de la jueza le contesta. Parece que va a replicarle, pero se contiene y le quita importancia.
Los niños, testigos de la violencia
En los pasillos se acumula la gente que espera. Hay mujeres con bebés en brazos. Se oyen sus voces desde dentro de la sala.
Siguiente caso. Una adolescente de 15 años cuenta que su padre hizo destrozos en la casa, amenazó a su madre e hizo ademán de coger un cuchillo. Llora. La jueza le pregunta si era la primera vez y si tenía miedo. Ella asiente. La madre, la víctima, no se ha presentado ni va a declarar, pero sí ha pedido una orden de protección.
En ese domicilio vive la pareja con sus hijos. Además de la joven que ha declarado, en la casa están otros niños, de 7 y 4 años, testigos de la violencia. Si se concede la medida de protección, el padre tendrá que abandonar la vivienda. También se solicita la suspensión de las visitas con los menores y una pensión de alimentos de 200 euros por hijo.
Turno para el presunto agresor. Llora. Niega los hechos y pregunta dónde irá si no puede volver a casa. La jueza le explica que la orden de alejamiento funciona así, que no puede ayudarle y que debe preguntar a los servicios correspondientes.
La siguiente en comparecer también es hija de una mujer. Asegura que la expareja de su madre se coló de noche en su habitación, la tocó y le besó los pechos mientras dormía. Ella había puesto un candado en la puerta, pero esa noche se olvidó de echarlo. La joven llora y tiembla mientras explica lo sucedido.
En su turno, el acusado cuenta que fue ella quien se introdujo en su habitación y añade que, en otra ocasión, entró desnuda. Duda y exagera. No le creen. También se ha pedido una orden de alejamiento y él pregunta dónde dormirá si finalmente se impone.
La segunda conducción
Hace tiempo que ha pasado la hora de comer. Llevan ya más de cinco horas sin parar. Hay tentempiés y charlan sobre pódcast, los hijos y el método Singapur para aprender matemáticas. Desde hace un año se han acostumbrado a guardias interminables. Tanto la fiscal como la secretaria judicial se quejan de la falta de medios, de la carga de trabajo y de las horas.
Llega la segunda conducción. Han tenido suerte: son legalizaciones. Las víctimas no han presentado denuncia. Los presuntos agresores están detenidos. Todos se niegan a declarar. A pesar de lo sencillo del trámite, lleva su tiempo. Hay que subir a cada acusado del calabozo, llamar a los abogados, leerles sus derechos y preguntarles.
Todo el equipo está sorprendido por el escaso volumen de la guardia y porque van a acabar a una hora decente. Diecisiete casos, con sus respectivos testigos, son muchos, pero no ha entrado ninguna violación, ninguna agresión grave ni ningún caso de trata. La consideran una jornada tranquila.
La segunda conducción termina y, por un momento, la sala queda en calma. Juanjo, Anabel y Fernando ordenan los papeles; la jueza y la fiscal vuelven a los expedientes. Pero la guardia sigue hasta las nueve de la noche. Si entra otro caso, la coreografía empezará de nuevo.
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