El Parlamento polaco ha aprobado dos iniciativas destinadas a reducir algunas de las restricciones vigentes, en un país que mantiene una de las legislaciones más duras de la Unión Europea.
Las votaciones, celebradas el pasado martes en la Cámara Baja, llegan tras cumplirse seis años de la sentencia del Tribunal Constitucional que eliminó la posibilidad de abortar por malformaciones fetales, una decisión que desencadenó movilizaciones multitudinarias y convirtió los derechos reproductivos en uno de los grandes debates políticos del país.
Las dos propuestas aprobadas pretenden modificar esto parcialmente. La primera contempla reducir la responsabilidad penal de quienes intervienen en determinados procedimientos médicos relacionados con el aborto. La segunda permitiría nuevamente interrumpir el embarazo cuando se detecten anomalías fetales graves e irreversibles o enfermedades incurables que comprometan la supervivencia del feto.
Esta última iniciativa recibió 233 votos favorables, frente a 203 negativos y una abstención. La otra propuesta salió adelante por un margen mucho más estrecho: 217 apoyos, 213 votos en contra y tres abstenciones.
Una reforma lejos de las promesas de Tusk
La aprobación parlamentaria supone un avance para el Gobierno de Donald Tusk, pero también evidencia las dificultades que ha encontrado para cumplir sus compromisos electorales. Cuando llegó al poder en 2023, el primer ministro prometió impulsar la legalización del aborto durante las primeras doce semanas de gestación.
Tres años después, la promesa continúa pendiente. Las divisiones dentro de la coalición gubernamental han impedido reunir los apoyos necesarios para una transformación más profunda de la legislación.
A esta falta de consenso se suma la oposición del presidente Nawrocki, próximo al partido conservador Ley y Justicia (PiS), que ya ha manifestado su rechazo a cualquier liberalización de la normativa. Aunque los textos superen su tramitación parlamentaria, necesitarán su firma para convertirse en ley. Un eventual veto exigiría una mayoría de tres quintos en la Cámara Baja para ser levantado, un respaldo del que actualmente carece la coalición gobernante.
Polonia, una excepción dentro de Europa
Actualmente, la legislación polaca únicamente permite abortar cuando el embarazo es consecuencia de una violación o incesto, o cuando existe un riesgo para la vida o la salud de la mujer. Incluso en estas circunstancias, las organizaciones de derechos humanos denuncian obstáculos para acceder a la atención médica.
De aprobarse las nuevas reformas, Polonia seguiría formando parte del reducido grupo de países comunitarios, junto con Malta, que no permiten el aborto voluntario durante las primeras semanas de gestación.
Las restricciones también han provocado críticas internacionales. En 2024, el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer concluyó que la legislación polaca había ocasionado vulneraciones graves y sistemáticas de los derechos de las mujeres.
El problema, va mucho más allá de modificar unos pocos artículos legales. Miles de mujeres continúan recurriendo a servicios fuera del país o a vías no amparadas por la legislación polaca para interrumpir sus embarazos. Para ellas, el avance parlamentario todavía no supone una garantía efectiva de acceso al aborto.
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