Dos hombres violan a una mujer inconsciente en un descampado del barrio de Malilla, en Valencia. Un testigo que estaba paseando a su perro lo presencia y avisa a la policía. Cuando los agentes llegan, lo comprueban in situ. Se trata de dos hermanos de 56 y 71 años, que se enfrentan a los agentes cuando son sorprendidos. Les detienen. Tan solo 24 horas después, los agresores quedan libres y el caso se archiva. ¿La causa fundamental? La víctima no quiere denunciar.
No todos los delitos se persiguen de la misma manera. Existen delitos públicos, semipúblicos y privados. La violencia de género en el ámbito de la pareja o expareja es un delito público. Todos lo podemos denunciar y la causa sigue adelante aunque la víctima no quiera formalizar una acusación.
Los delitos privados, como las injurias o calumnias, solo se persiguen si la persona afectada decide denunciar y mantener la acusación. En cambio, los delitos sexuales son semipúblicos, necesitan que la víctima dé el primer paso y denuncie para que el proceso arranque. Así lo establece el artículo 191 del Código Penal: “Para proceder por los delitos de agresión sexual y acoso sexual será precisa denuncia de la persona agraviada (…) No será precisa la denuncia cuando la víctima sea menor de edad, persona con discapacidad necesitada de especial protección o una persona desvalida”.
Modificar el Código Penal
Tras la puesta en libertad de los agresores y el archivo de la causa ante un delito tan flagrante, la fiscal Susana Gisbert, delegada de Memoria Democrática y Derechos Humanos en la Fiscalía Provincial de Valencia y con amplia experiencia en violencia contra las mujeres, ha puesto el foco en la dependencia de la denuncia de la víctima. En esa línea, plantea que el sistema debería poder activarse sin ese requisito previo, de modo que la investigación no dependa de la voluntad de la mujer.
A su juicio, esta exigencia puede impedir que se persigan hechos graves incluso cuando existen indicios suficientes, grabaciones, testigos o intervención policial. Por ello propone eliminar el filtro de la denuncia y modificar el Código Penal para poder perseguirlos de oficio.
No todas las expertas comparten este enfoque. La jurista e investigadora María Naredo, especializada en violencia contra las mujeres, discrepa de que la solución pase por permitir que cualquier persona active el proceso penal. “El problema no está ahí”, advierte.
“El botón de inicio de la justicia debe depender de la víctima”
Para ella, centrar el debate en quién puede denunciar deja fuera lo esencial. “El botón de inicio de la justicia debe depender de la víctima”, explica. Y no solo por una cuestión formal, sino porque iniciar ese camino implica atravesar un proceso complejo que no es inmediato ni sencillo.
Denunciar, explica, supone poner en palabras lo ocurrido, romper barreras culturales, gestionar la vergüenza o la culpa y enfrentarse a un recorrido judicial que puede resultar difícil y revictimizante. Por eso alerta de que convertir ese paso en automático o ajeno a la voluntad de quien ha sufrido la agresión puede ser contraproducente.
Naredo insiste en que el foco debería situarse en otro lugar. No tanto en facilitar que el proceso se active sin consentimiento, sino en garantizar que, cuando alguien decide dar ese paso, no lo haga en soledad y encuentre una respuesta adecuada y reparadora.
Ahí sitúa las principales carencias, en el acompañamiento, la información, la atención especializada o el propio trato durante el procedimiento. “El problema no está en que sean delitos semipúblicos”, insiste, sino en cómo funciona el sistema una vez se entra en él.
El 100% de las mujeres que no volverían a denunciar
Un planteamiento que conecta con las palabras de la fiscal de sala de Violencia sobre la Mujer, María Eugenia Prendes, quien hace unas semanas, citando un estudio de Amnistía Internacional de 2018, señalaba que el 100% de las mujeres que habían denunciado una violación no volverían a hacerlo.
Lo cierto es que apenas se denuncian las violencias machistas. Según la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer, solo un 16,8% de quienes padecen violencia en el ámbito de la pareja o expareja acude a denunciar. En el caso de la violencia sexual, la cifra desciende hasta situarse en torno al 9,9%.
Ese mismo estudio detalla los motivos de esta infradenuncia. Casi la mitad, un 44,6%, no denunció porque ni siquiera consideraba que lo ocurrido fuera lo suficientemente grave. Un 26,6% no acudió a las instituciones por vergüenza. Entre un 22% y un 24% menciona el miedo, incluido el temor a represalias, y entre un 17% y un 20% señala el miedo a no ser creída.
Incluso cuando el procedimiento avanza y hay condena, el proceso pasa factura. Así lo relató la actriz Jedet hace unos meses. Tras lograr una condena para el productor Javier Pérez Santana por agresión sexual, escribió en un comunicado: “Empatizo profundamente con el por qué muchas mujeres deciden no denunciar: porque los procesos son largos, complejos y porque tienes que revivir una y otra vez lo sucedido”. Y concluía con una idea que atraviesa muchos otros testimonios: “Porque denunciar también tiene un precio”.
El debate, en cualquier caso, sigue abierto. Entre quienes defienden que el sistema debe poder actuar sin depender de la denuncia y quienes sostienen que la clave está en transformar la experiencia de quienes deciden dar ese paso.