Cuando empezaron los informes del caso de Lola (nombre ficticio), la Ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI) ya establecía que no debían utilizarse en los juzgados planteamientos sin base científica que atribuyen a las madres la manipulación de sus hijos e hijas. Era una forma de cerrar la puerta al llamado Síndrome de alienación parental (SAP), también cuando aparece con otros nombres.
Pero esa puerta no terminó de cerrarse. En la práctica, esa idea, la de que la madre influye en lo que dice la niña, ha seguido colándose en algunos procedimientos.
Este martes, el Gobierno ha llevado al Consejo de Ministros una ampliación de esta ley para tratar de blindar ese límite y evitar que las tesis del SAP puedan seguir introduciéndose, aunque sea bajo otras formulaciones.
Lola se encontró con ese mecanismo en su propio caso, aunque nadie utilizó la palabra SAP.
El comportamiento de la pequeña cuando volvía de ver al padre
Durante su matrimonio, cuenta, aguantó muchas cosas. Incluso llegó a marcharse de casa, pero él la convenció de que todo cambiaría y regresó. Con el embarazo y el nacimiento de su hija, la situación empeoró. Dice que asumió prácticamente sola la crianza, mientras su pareja se desentendía.
Años después, decidió denunciarle por violencia de género. Él respondió con otra denuncia por violencia doméstica. Ninguna prosperó: ambas causas se archivaron por falta de pruebas. A partir de ahí, la relación pasó al terreno judicial, centrada en la custodia de la hija que tenían en común.
En ese momento, la niña vivía con su madre y el padre tenía un régimen de visitas. Según relata Lola, tras esos encuentros la pequeña volvía distinta: nerviosa, inquieta, con miedos que antes no estaban. Llegó a decirle que su padre y sus abuelos paternos le advertían de que su madre podía hacerle daño y que, si eso ocurría, debía defenderse.
La situación llegó a tal punto que tuvo que acudir a urgencias por un episodio de ansiedad. También empezó a detectar frases que no encajaban con su edad. En una ocasión, después de una entrevista con profesionales, la niña le dijo: “No me regañes, mamá, pero me dijeron que lo tenía que decir”, en referencia a un supuesto deseo de cambiarse de colegio.
El padre se negó a que la pequeña viese a un psicólogo
Preocupada por lo que estaba ocurriendo, pidió atención psicológica para su hija por lo que consideraba un posible daño emocional. El padre se negó, según consta en la documentación del procedimiento. Una situación que la ampliación de la LOPIVI busca evitar: ya no será necesario el acuerdo de ambos para que la niña pueda ir al psicólogo.
La intervención del equipo psicosocial marcó un giro. Una psicóloga forense describió a la niña como “cohibida” y con un “discurso condicionado a la madre”. Reconocía capacidad parental en ambos, pero introducía un elemento que acabaría siendo determinante: hablaba de “cierta instrumentalización”.
A partir de ahí, el enfoque cambió. Ya no se trataba solo de lo que la niña contaba o de cómo se encontraba, sino de hasta qué punto ese relato podía estar influido. La sospecha quedaba instalada sin necesidad de nombrarla.
Casi un año después, un nuevo informe fue más allá. En él se señalaba que el padre presentaba una mayor capacidad para preservar a su hija del conflicto entre adultos y se recomendaba atribuirle la custodia. Lola la perdió. A ella se le concedieron visitas en un Punto de Encuentro Familiar.
Desde entonces, apenas han podido verse. Según explica, decenas de encuentros se han suspendido sin consecuencias para su expareja. La relación, además, ha cambiado por completo. La niña rechaza el contacto con su madre y se niega a interactuar con las profesionales del centro.
Los informes del punto de encuentro no coinciden con los del equipo psicosocial. En ellos se recoge que ni el padre ni la abuela paterna fomentan activamente la relación. También que, en algunas ocasiones, ambos reaccionan con gestos de aprobación cuando la niña expresa su negativa.
Además, señalan que ha llegado a hacer acusaciones contra su madre que no siempre se corresponden con la actitud con la que las formula, mostrándose tranquila o incluso sonriente en momentos en los que el contenido sería grave.
En apenas un año, el cambio ha sido total. Ese es el tiempo que ha pasado desde que el padre obtuvo la custodia.
El caso sigue judicializado. Lola continúa peleando por recuperar a su hija y por reconstruir un vínculo que se ha ido debilitando con el paso del proceso. Para ella, todo empezó cuando en un informe aparecieron dos expresiones —“discurso condicionado” e “instrumentalización”— que, sin nombrarlo, introdujeron una idea que la ley intenta evitar: que el problema no está en lo que vive la niña, sino en quién puede estar detrás de lo que cuenta.
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