La vicepresidenta primera de Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, respondió hoy a Yolanda Díaz en relación a su propuesta de que la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) pase de la órbita de su Departamento al Ministerio de Industria, como una Agencia Industrial Pública. Montero fue tajante: “a quien le corresponde la articulación del gobierno y los decretos de estructura que componen los diferentes departamentos es al presidente del Gobierno”.
La titular de Hacienda respondió así a la propuesta de Sumar de que holding público deje de estar adscrito al Ministerio de Hacienda. En la práctica esta propuesta implica restar poder a la vicepresidenta primera del Gobierno para pasárselo a Jordi Hereu, titular de Industria y Turismo.
María Jesús Montero, que aseguró no entender muy bien el motivo, “ni la razón de fondo”, destacó que SEPI es un organismo que trabaja para el conjunto del Gobierno, más allá de donde esté ubicada su dependencia funcional. “Es un organismo que trabaja de forma demostrada con mucha solvencia, con mucho rigor con una magnífica profesionalidad”, apostilló.
En la actualidad, SEPI se encuentra adscrita al Ministerio de Hacienda, a través de la ministra. De acuerdo con el artículo 15 de la Ley 5/1996, sus órganos rectores son la presidencia, que ahora ostenta Belén Gualda, y el consejo de administración. Es la titular del Hacienda quien propone al presidente y vicepresidente de SEPI para su nombramiento por el Gobierno. Además, designa a los vocales del consejo. Un traspaso de cartera supondría dejar a María Jesús Montero sin estas capacidades en un grupo que suma una plantilla de más de 79.500 personas y genera un volumen de negocio superior a los 5.250 millones euros.
La iniciativa coincide con un papel activo de SEPI en las compañías que considera estratégicas. Es el caso de Telefónica, donde ya cuenta con una participación del 9% y un representante en su consejo de administración. Desde el pasado 8 de mayo, Carlos Ocaña, se sienta en el máximo órgano de administración de la operadora. Su nombramiento ha llevado a la compañía a incumplir la futura Ley de Paridad.
De hecho, el Gobierno baraja solicitar un segundo consejero en Telefónica en representación de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) cuando alcance el 10% de su capital que se había marcado como objetivo, que descarta sobrepasar, según ha informado este viernes el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá.
SEPI tiene ya participaciones en diversas cotizadas, entre las que destacan, tanto por su peso en el accionariado como el tamaño de la compañía, Indra (28%), Redeia (20%) y Enresa (20%). Participa mayoritariamente en el capital de Correos (servicio postal), Navantia (grupo naval y de defensa), Tragsa (servicios en el medio rural) y Enusa (negocio nuclear), que aportan el 94% de la cifra de ingresos del grupo. El Ejecutivo también gestiona los medios de comunicación públicos, la Agencia EFE y Corporación RTVE, a través de la SEPI.
Debate
La Comisión de Industria y Turismo del Congreso debatirá mañana la proposición no de ley en la que Sumar propone transformar la SEPI en una Agencia Industrial Pública, que tiene como objetivo reforzar la presencia del Estado en sus empresas estratégicas. Su aspiración es que las empresas estatales españolas, que ahora representan -tomando como referencia su valor de mercado-, el 5% del PIB, alcancen cifras superiores a las de Francia (13%) o Suecia (12%).
Con esta nueva entidad, los de Yolanda Díaz quieren que la industria aporte en la próxima década el 20% del PIB de España, cumpliendo así los objetivos establecidos por la Comisión Europea. Para ello, la formación ve preciso apostar por esa transformación de la SEPI en una nueva agencia de empresas estratégicas que contribuyan a la transformación estructural del modelo productivo español.
Sumar defiende que con una política industrial adecuada, España puede ofrecer a industrias estratégicas de alto valor añadido ventajas relacionadas con la energía, como la garantía de suministro o su potencial para la producción de energía renovable a un precio reducido. Por otra parte, la entidad que propone Sumar sería el instrumento del Estado para la participación pública en el capital social de empresas estratégicas cuando haya amenazas a la autonomía estratégica industrial.
También incluye el grupo plurinacional un punto para modificar el decreto sobre inversiones exteriores para proteger a las empresas españolas de acciones indeseadas, que atentan contra ese principio de autonomía estratégica. Sobre todo, dice Sumar en referencia al caso de la saudí STC con Telefónica o la emiratí Taqa con Naturgy, cuando el país de origen de las inversiones no cumple con los principios de respeto a las libertades y la democracia.