La inflación vuelve a convertirse en uno de los principales problemas de la economía española. El Índice de Precios de Consumo (IPC) aumentó hasta el 4,3% interanual en agosto, siete décimas más que en julio y su nivel más elevado desde febrero de 2023, según los datos definitivos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
La escalada tiene un protagonista muy claro: la energía. El encarecimiento de los combustibles, la electricidad y otros productos energéticos ha devuelto la inflación a cifras que España no registraba desde la anterior crisis energética. Los carburantes acumularon una subida cercana al 24% respecto al año anterior, mientras la electricidad se encareció alrededor de un 9,2%.
El dato llega en pleno impacto económico del conflicto en Oriente Próximo, que ha elevado nuevamente el precio del petróleo y tensionado el suministro internacional de productos energéticos.
Los carburantes empujan la inflación hasta el 4,3%
El salto de agosto supone un cambio importante respecto a la primera parte del año. En enero y febrero, la inflación se encontraba todavía en el 2,3%, relativamente próxima al objetivo del Banco Central Europeo. Desde marzo, sin embargo, el escenario energético comenzó a deteriorarse y los precios volvieron a acelerarse.
En julio, el IPC ya había alcanzado el 3,6%. Un mes después suma otras siete décimas y supera por primera vez en más de tres años la barrera del 4%.
El INE señala principalmente a los combustibles y lubricantes para vehículos. No solo han subido con fuerza durante este verano: además, la comparación se realiza con agosto de 2025, cuando los carburantes se abarataron, lo que amplifica estadísticamente la tasa interanual.
El Ministerio de Economía considera que este denominado “efecto base” explica parte de la intensidad del repunte, aunque el incremento real de los precios energéticos continúa siendo el factor fundamental.
La luz vuelve a presionar el bolsillo de los hogares
La electricidad constituye el segundo gran foco de tensión. Después de varios meses de encarecimiento del mercado energético, la factura eléctrica registra también importantes aumentos respecto al año anterior.
El comportamiento de la luz tiene una influencia directa sobre la inflación, pero también puede terminar trasladándose indirectamente al resto de la economía. Una energía más cara aumenta los costes de la industria, el transporte, la distribución y numerosos servicios.
Ese efecto de segunda ronda es precisamente uno de los riesgos que vigilan tanto el Gobierno como el Banco Central Europeo. Si las empresas trasladan de manera sostenida sus mayores costes a los consumidores, el problema dejaría de estar concentrado en la energía y se extendería progresivamente a otros bienes.
La inflación subyacente ofrece una señal más favorable
Por ahora, los datos no muestran ese contagio de forma generalizada. La inflación subyacente, que excluye los productos energéticos y los alimentos no elaborados por su mayor volatilidad, descendió una décima en agosto hasta el 2,9%.
Para el Ministerio de Economía, esta evolución demuestra que las presiones estructurales sobre los precios continúan relativamente contenidas pese al fuerte impacto energético.
También ofrece algo de alivio la cesta de la compra. Los alimentos y bebidas no alcohólicas registraron una tasa interanual del 2,3%, claramente inferior al IPC general y muy alejada de las fuertes subidas sufridas durante la anterior crisis inflacionaria.
El riesgo está en los próximos meses. La energía constituye un coste básico para producir, transportar y conservar alimentos, por lo que una crisis prolongada podría terminar afectando también a los precios en los supermercados.
El Gobierno intenta contener el golpe de los combustibles
La escalada ha obligado al Ejecutivo a reforzar algunas de las medidas incluidas en su plan de respuesta al conflicto. Durante septiembre, el gasóleo cuenta con una rebaja de 20 céntimos por litro después de que su encarecimiento activara automáticamente la cláusula de salvaguarda prevista por el Gobierno.
La gasolina mantiene también ayudas fiscales, aunque inferiores. El objetivo es amortiguar el impacto sobre familias y empresas y evitar que los carburantes provoquen una inflación todavía mayor.
El problema es que las medidas actuales tienen carácter temporal y su vigencia concluye a finales de septiembre salvo que el Gobierno decida prorrogarlas o aprobar un nuevo paquete.
El BCE ya ha reaccionado con una nueva subida de tipos
El repunte no afecta únicamente a España. La inflación de la eurozona alcanzó el 3,3% en agosto, impulsada igualmente por la energía, aunque España se mantiene claramente por encima de la media comunitaria.
El Banco Central Europeo respondió la semana pasada elevando los tipos de interés otros 25 puntos básicos, hasta situar la facilidad de depósito en el 2,5%. El objetivo es contener las presiones inflacionistas, aunque una política monetaria más restrictiva también encarece hipotecas y préstamos.
España afronta así una nueva etapa de incertidumbre. La buena noticia es que la inflación subyacente y los alimentos continúan relativamente controlados. La mala es que el shock energético ha devuelto el IPC general a niveles desconocidos desde 2023.
La evolución del petróleo, los carburantes y la electricidad durante el otoño determinará ahora si el 4,3% de agosto representa un pico temporal o el comienzo de una nueva fase de inflación elevada que vuelva a deteriorar el poder adquisitivo de los hogares.