La jornada de 35 horas para los funcionarios de la Administración General del Estado ya tiene forma de acuerdo y calendario. El Gobierno cerró esta semana el pacto con CCOO, UGT y CSIF para rebajar la jornada semanal desde las 37,5 horas actuales hasta las 35, con la previsión de que la medida entre en vigor en la primera quincena de abril. El compromiso afecta a unos 246.418 empleados de la Administración del Estado, según los últimos datos oficiales del Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.
Sobre el papel, la decisión se presenta como una mejora laboral largamente reivindicada por los sindicatos y como una homologación con otras administraciones que ya funcionan con ese horario. Pero la firma del acuerdo ha abierto al mismo tiempo una discusión incómoda: cómo sostener el mismo nivel de servicio público si se recortan horas de trabajo sin reforzar de manera paralela las plantillas. Ahí es donde aparece la cifra que más está agitando el debate: la reducción acumulada equivaldría a 17.527 empleos públicos a tiempo completo.
Qué se ha pactado exactamente con la jornada de 35 horas
La jornada de 35 horas para los funcionarios de la AGE supone una reducción de 2,5 horas semanales respecto al esquema actual. UGT explicó que el nuevo texto fija un cómputo anual de 1.533 horas, lo que implica una rebaja de 109 horas al año por trabajador. El ministro Óscar López confirmó además que la intención del Gobierno es activar formalmente la medida durante la primera quincena de abril, una vez publicada la resolución correspondiente.
Ese cambio no afecta por igual a todo el empleo público en España, sino al perímetro de la Administración General del Estado incluido en la negociación. Aun así, el volumen es considerable. Los datos oficiales sitúan en 246.418 los efectivos de la Administración del Estado. Una bolsa laboral que incluye ministerios, organismos autónomos, entidades públicas empresariales y agencias estatales. Por eso, aunque la reducción horaria pueda parecer moderada si se mira trabajador a trabajador, su efecto agregado es muy alto.
De dónde sale la cifra de los 17.500 empleos
La clave está en sumar la reducción anual de horas sobre el conjunto de la plantilla afectada. Si cada trabajador deja de aportar 109 horas al año y el universo afectado ronda los 246.500 empleados, la pérdida total se acerca a 26,9 millones de horas anuales. Ese cálculo es el que ha llevado a distintos actores a traducir el impacto en un equivalente de 17.527 puestos a tiempo completo. Una estimación que ha ganado fuerza en el debate público de estos días.
Conviene matizar bien el sentido de esa cifra. No significa que vayan a destruirse 17.500 puestos existentes ni que la Administración vaya a despedir a nadie. Lo que expresa es otra cosa: si el Estado quiere mantener exactamente el mismo volumen de trabajo que antes, necesitaría compensar la reducción horaria con más personal o con una reorganización muy profunda. En términos periodísticos, la cifra sirve para medir el vacío potencial de horas, no para describir un recorte real e inmediato de empleo.
FEDECA y los sindicatos avisan del riesgo para los servicios públicos
La jornada de 35 horas para los funcionarios ha sido recibida con satisfacción general por los sindicatos, pero ninguno ha ocultado que la medida tensionará la estructura de personal. La Federación de Asociaciones de Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado, FEDECA, ha respaldado la reducción como mejora de conciliación y bienestar. Aunque al mismo tiempo ha advertido de que resulta inviable conservar la misma calidad de servicio trabajando menos horas en unidades que ya operan con sobrecarga y recursos escasos.
Los sindicatos mayoritarios se han expresado en una línea parecida. UGT ha avisado de que vigilará la implementación para que la rebaja horaria no deteriore la atención al ciudadano. Por su parte, CSIF ha vuelto a poner sobre la mesa otro dato estructural: el envejecimiento de las plantillas de la AGE. Según ese sindicato, más del 50% del personal supera ya los 50 años y más del 20% se jubilará en los próximos cinco años. Dicho de otra forma, la reducción de jornada llega en un momento en el que la presión de relevo generacional ya era muy alta.
La oferta de empleo público de 2026 entra en el centro del debate
Por eso la conversación ha saltado enseguida a la Oferta de Empleo Público de 2026. La OEP del año pasado aprobó 36.588 plazas, de las que 27.697 fueron de nuevo ingreso. Pero ahora ese marco se queda corto para quienes creen que la jornada de 35 horas para los funcionarios obliga a un refuerzo adicional. Las informaciones publicadas sobre la negociación apuntan a que el Gobierno manejó inicialmente cifras parecidas a las de 2025, algo que los sindicatos rechazaron por considerarlo insuficiente para absorber el nuevo escenario.
El resultado es una negociación todavía abierta. Función Pública deberá medir ahora el impacto real de la reducción horaria en ministerios, organismos y servicios para decidir si la próxima oferta compensa solo jubilaciones y vacantes o si incorpora empleo neto suficiente para aliviar la carga. El problema es evidente: la mejora laboral tiene un coste organizativo. Y ese coste acaba chocando con los límites presupuestarios que el propio Gobierno ya había reconocido en negociaciones anteriores.