La implantación de los nuevos carros de reparto motorizados ha situado a Correos en el centro de un conflicto laboral que crece por horas. Bajo la presidencia de Pedro Saura, la empresa pública encara críticas internas por la llegada de vehículos de movilidad personal asistidos (VPM) que, según los sindicatos, se han incorporado sin planificación ni garantías.
Para CSIF y UGT, el despliegue repentino de estos VPM en ciudades como Valencia, Murcia, Cartagena o Barcelona revela una falta de comunicación y un riesgo evidente para los trabajadores de Correos. Estos aseguran no haber recibido ni formación ni evaluación ergonómica previa.
La dirección encabezada por Pedro Saura intenta reforzar la modernización del reparto. Pero los sindicatos denuncian que Correos no ha explicado adecuadamente cómo deben utilizarse estos carros motorizados. Tampoco existe, añaden, un criterio claro de asignación ni un “plus de motorización” que compense el cambio de funciones. La aparición inesperada de estos dispositivos ha generado desconcierto entre las carterías, que ven en esta decisión un paso improvisado y sin base técnica.
Las normas ignoradas y el choque con los sindicatos
El núcleo de la crítica apunta a que Correos, bajo la estrategia impulsada por Pedro Saura, habría pasado por alto la normativa vigente sobre vehículos de movilidad personal. Los sindicatos mencionan resoluciones clave, como la de la DGT de enero de 2022, el Real Decreto 970/2020 o el Reglamento General de Vehículos. Cada una de estas normas establece requisitos estrictos para el uso de VPM en espacios urbanos. Según los representantes sindicales, ninguno de ellos ha sido respetado por Correos.
Para CSIF, UGT y CC.OO., la falta de comunicación, de formación específica y de evaluación de riesgos convierte la medida adoptada por Correos en una infracción directa de la prevención de riesgos laborales. En su opinión, la apuesta de Pedro Saura por estos carros asistidos debería haberse acompañado de instrucciones claras y medidas de protección. Especialmente porque estos VPM deben circular por la calzada y exponen a los carteros al tráfico urbano.
La estrategia “verde” de Correos choca con una implantación improvisada
En paralelo, Correos, dirigido por Pedro Saura, lleva meses reforzando su estrategia de movilidad sostenible. Solo este año se han incorporado más de 1.000 vehículos eléctricos entre motos, furgonetas y modelos híbridos. Sin embargo, los nuevos carros motorizados no forman parte de este plan ecológico. Y esa desvinculación aumenta el malestar interno. UGT insiste en que la llegada súbita de estos VPM, sin garantías y sin incluirlos en el marco de sostenibilidad, genera un problema de confianza dentro de Correos.
CC.OO. ha sido aún más dura. La central sindical acusa a Correos, bajo la presidencia de Pedro Saura, de gastar más de un millón de euros en carros manuales con asistencia eléctrica para un proyecto que consideran una “idea de bombero”. El sindicato alerta, además, de que la obligatoriedad de circular por la calzada puede derivar en responsabilidades penales si se produce un accidente por falta de medidas de seguridad. Para ellos, este despliegue va mucho más allá de una innovación operativa: supone un riesgo real.
Un precedente en 2021 y un presente mucho más delicado
El mandato de Pedro Saura también hereda experiencias previas. Ya en 2021, Correos probó carros asistidos en ciudades como Madrid, Valencia, Málaga y Bilbao con tecnología de MOOEVO y Scoobic. Aquel programa piloto estuvo dispuesto de forma controlada. Lo que preocupa ahora a los sindicatos es que los nuevos carros ya no están en fase experimental. Correos los ha integrado en el reparto diario sin evaluación técnica ni acuerdo laboral previo. Un cambio que consideran una “modificación sustancial” de las condiciones de trabajo.
Para los representantes sindicales, Correos podría beneficiarse de esta herramienta si el despliegue se realiza con transparencia y seguridad. Pero el modelo adoptado por la dirección de Pedro Saura ha encendido todas las alarmas. Solicitan compensaciones económicas, formación obligatoria y un plan de seguridad detallado. Hasta ahora, no se ha emitido ninguna respuesta pública. La reunión solicitada por los sindicatos marcará el rumbo de una negociación decisiva.