Maricarmen (87 años) podrá pasar el verano en la que lleva siendo su casa desde hace 70 años, aunque el desahucio se mantiene para el 23 de septiembre. La justicia ha estimado el recurso presentado por la defensa de la vecina madrileña del barrio de Ibiza tras un incumplimiento de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC).
La decisión judicial llega tras aceptar los argumentos de la abogada Beatriz Duro y del Sindicato de Inquilinas, que sostenían que el anterior aplazamiento del desahucio no se ajustaba a lo establecido en el artículo 704 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Según esta norma, cuando la vivienda afectada constituye la residencia habitual de la persona ejecutada, debe concederse un plazo mínimo de un mes para el desalojo, por lo que no cumplía con la normativa. Se trata de la tercera vez que se prorroga el desahucio de Maricarmen.
Sin alternativas por parte de las instituciones
La nueva fecha da cierto margen a la vecina madrileña, que sigue a la espera de que instituciones como la Comunidad y Ayuntamiento de Madrid, o el Gobierno de España, le ofrezcan alternativas habitacionales. Y es que, este aplazamiento, no resuelve el problema al que se enfrentan la vecina del barrio de Ibiza.
Cabe destacar que el juzgado número 90 de Madrid ha rechazado la petición formulada por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, que había solicitado la suspensión del desahucio hasta que las administraciones acreditaran la búsqueda efectiva de una alternativa residencial. La resolución judicial argumenta que las instituciones públicas han dispuesto de tiempo suficiente durante los anteriores aplazamientos para encontrar una solución.
Por su parte, la ONU reclama al Estado español que adopte medidas para evitar el desahucio y garantice una alternativa habitacional adecuada para Maricarmen, otorgando un plazo hasta diciembre para informar sobre las actuaciones realizadas.
ACTUALIZACIÓN: DESAHUCIO APLAZADO ⚠️
Nos vemos en septiembre para acampar por Maricarmen y parar su desahucio las veces que haga falta. Hasta lograr que Maricarmen se quede. Hasta conseguir contratos indefinidos para que no haya ni una Maricarmen más ❤️🔥 pic.twitter.com/e0BdSobguW
— Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid (@InquilinatoMad) June 19, 2026
Historia de Maricarmen
Maricarmen lleva desde el año 1956 (hace 71 años) viviendo en la misma vivienda por un contrato de arrendamiento que firmó su padre. Cuando falleció su progenitor, el contrato se subrogó en su madre, que continuó viviendo en el mismo domicilio junto a Maricarmen hasta su fallecimiento en 2005. Ese año, Maricarmen heredó el contrato, subrogándose en las mismas condiciones -una renta que se actualizaba cada año en base al IPC, más otros gastos como el IBI- durante casi 20 años.
Entre 1950 y 1985, la legislación española establecía que los contratos de arrendamiento de vivienda tenían carácter vitalicio y podían ser heredados por el cónyuge y los descendientes que habitasen el domicilio. Un decreto aprobado en 1985 a iniciativa del entonces ministro de Economía, Miguel Boyer, acabó con esta medida de protección en los alquileres suscritos a partir de tal fecha, aunque se mantuvo el régimen indefinido para los contratos firmados con anterioridad, que desde entonces se conocieron como contratos «de renta antigua».
Esa normativa contemplaba que la segunda subrogación del contrato solo podría tener una duración de dos años (salvo en el caso de que el descendiente conviviente tuviese una discapacidad superior al 65%), por lo que el contrato de Maricarmen debería haberse extinguido en el año 2007. Se trata de un problema que viene derivado de las leyes del franquismo, ya que si el primer contrato hubiera estado a nombre de los dos progenitores y no solo del padre de Maricarmen, ella podría continuar con el contrato en vigor.
Inicio de los problemas
Fue en el año 2018 cuando comenzaron los problemas para Maricarmen, ya que ese año la familia propietaria del bloque vendió toda la finca a Renta Corporación. Los nuevos dueños contactaron a Maricarmen en 2020 para ofrecerle la compra del piso en el que vivía desde hacía décadas, pero no podía permitirse pagar el precio establecido. Al día siguiente de notificar su rechazo a la oferta, el piso fue adquirido por Urbagestión Desarrollo e Inversión SL, una empresa especializada en análisis y asesoramiento de inversiones inmobiliarias.
La alternativa que han ofrecido desde Urbagestión a la vecina de Madrid es un incremento del alquiler del 250%, hasta los 1.650 euros, mientras que percibe una pensión de 1.450 euros mensuales.
La negativa de Maricarmen a firmar ese contrato con la empresa que gestiona su piso ha desencadenado en un litigio con tres prórrogas de desahucio, un pronunciamiento de la ONU y ninguna alternativa habitacional.