El próximo martes se cumple el plazo para que el Gobierno cumpla con los objetivos que se comprometió alcanzar con la Comisión Europea hasta el segundo trimestre del año 2026 respecto a vivienda para poder percibir los fondos del Plan de Recuperación. España se somete a examen y la Comisión Europea determinará si ha cumplido con una de sus metas más ambiciosas: hasta el 30 de junio debe completar la provisión de 17.365 viviendas dentro del programa de ayuda a la construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes.
Este hito busca minimizar los efectos de la crisis de la vivienda que vive el país, ampliando el parque público de alquiler a precios asequibles y garantizando que las nuevas edificaciones cumplan con estándares de sostenibilidad que reduzcan la pobreza energética. Se trata de una de las principales medidas comprometidas con la Comisión Europea, concebida para mejorar la calidad de vida y el confort de las viviendas en todo el territorio nacional.
🏘 Uno de los grandes objetivos del Plan Estatal de Vivienda es ampliar de forma rápida nuestro parque público
🤝 ¿Cómo? Ayudando a las CCAA a adquirir viviendas que se pondrán a disposición de todos y todas a precio asequible
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— Isabel Rodríguez García (@isabelrguez) June 23, 2026
En este sentido, los nuevos edificios construidos bajo el programa de alquiler social tienen la obligación de certificar una demanda de energía primaria al menos un 20% inferior a los exigentes requisitos actuales para edificios de consumo casi nulo.
La eficiencia energética sobre las viviendas y edificios ya existentes es otro de los pilares cuyos objetivos vencen la próxima semana. El Gobierno debe acreditar para esa fecha un total de 32.390 certificados de eficiencia energética que demuestren, en promedio, una reducción del 30% en el consumo de energía primaria no renovable en viviendas particulares.
Para movilizar esta transformación, el plan exige que se hayan presentado declaraciones de impuestos con deducciones fiscales que sumen un total de 700 millones de euros, vinculadas exclusivamente a actuaciones de renovación energética en el hogar.
Compromiso con las zonas más despobladas
El esfuerzo de rehabilitación no se limita a las grandes áreas metropolitanas ni a las principales ciudades del país. Entre los compromisos adquiridos figura el objetivo de que, en los municipios de menos de 5.000 habitantes, el programa PREE 5000 – ayuda pública orientada a la rehabilitación energética de edificios existentes en municipios de reto demográfico- debe haber generado 1.377 certificados de eficiencia que validen el mismo ahorro del 30%. Además, el Programa de Rehabilitación Energética de Edificios tiene como meta la emisión de 2.918 certificados adicionales para edificios residenciales.
El compromiso con la eficiencia energética es de todos, por ello, el sector público debe haber finalizado el próximo martes la renovación de 1,23 millones de metros cuadrados de edificios de titularidad pública bajo criterios de alta eficiencia energética.
Importancia del ICO
Una de las entidades que más ayuda a trabajar en la consecución de esos objetivos es el Instituto de Crédito Oficial (ICO). Para el cierre del segundo trimestre de 2026, el ICO y sus entidades colaboradoras deben haber formalizado acuerdos legales con los beneficiarios finales por el 100% de la inversión de 750 millones de euros de la Facilidad de Préstamos para la Promoción de Vivienda Social.
La inyección de recursos se refuerza a través del Fondo de Resiliencia Autonómica (FRA). Este instrumento tiene como prioridad estratégica la vivienda social, la vivienda asequible y la regeneración urbana en las comunidades autónomas, y exige la firma de acuerdos por la totalidad de los recursos asignados antes del 30 de junio. A esto se suman las transferencias de capital al ICO, que obligan a destinar específicamente al menos 1.960 millones de euros a la rehabilitación del parque residencial existente y 2.850 millones a la construcción de edificios nuevos altamente eficientes.
A través de esta transformación, el Gobierno de España tiene el objetivo de alinear sus políticas sociales con los objetivos de neutralidad climática de la Unión Europea para 2050.