El Parque de Atracciones de Zaragoza afronta uno de los momentos más delicados de su historia reciente. Lo que debía ser el arranque de una nueva temporada se ha convertido en un escenario de cierre casi total, incertidumbre laboral y bloqueo institucional. La instalación solo prevé actividad puntual en abril y mayo para atender comuniones ya contratadas, mientras el resto de 2026 queda, en la práctica, fuera de servicio para el público general. A la vez, la plantilla encara un ERTE sin acuerdo y estudia movilizaciones, en un contexto marcado por la mala situación económica de la empresa gestora y por el fracaso del relevo previsto en la concesión.
La fotografía es dura. El Parque de Atracciones de Zaragoza, que debía haber iniciado su temporada ordinaria semanas atrás, ha quedado atrapado entre promesas incumplidas, dudas sobre la viabilidad de la explotación y una cadena de decisiones de urgencia. El Ayuntamiento activó a comienzos de abril una orden de continuidad para que el antiguo gestor, PAZ, siguiera al frente después de que Moncayo Leisure no asumiera las instalaciones en la fecha límite del 31 de marzo. Sin embargo, esa solución de emergencia no ha devuelto la normalidad al recinto.
Un parque abierto solo para las comuniones
La noticia que ha terminado de disparar la alarma entre trabajadores y sindicatos es clara: el Parque de Atracciones de Zaragoza solo abrirá en abril y mayo para cumplir con las comuniones ya comprometidas. Según la comunicación trasladada a la representación de la plantilla, el recinto no desarrollará una temporada regular y solo activará parcialmente sus servicios para esos eventos concretos. Eso significa que, salvo para invitados a banquetes y usos muy puntuales, el parque permanecerá cerrado el resto del año.
Esa situación deja una imagen devastadora para una instalación emblemática del ocio zaragozano. Formalmente, no se habla de un cierre definitivo, pero el resultado práctico se parece mucho: sin apertura ordinaria, sin calendario estable y sin una explotación real durante la temporada que debía prolongarse hasta noviembre. De hecho, ya a finales de marzo se contemplaban dos escenarios: abrir en mayo para intentar ingresar algo en 2026 o directamente permanecer cerrado hasta abril de 2027. La salida finalmente comunicada se queda muy cerca de esa segunda hipótesis, aunque con la excepción de las comuniones.
ERTE, reducción de jornada y una plantilla al límite
La otra gran herida del Parque de Atracciones de Zaragoza está en su plantilla. La empresa aplicará un ERTE de 107 días sin acuerdo, una cifra algo inferior a los 120 días que se habían planteado en un primer momento. Los afectados son 81 trabajadores, de los cuales 30 son fijos y 51 fijos discontinuos. Además, parte de la plantilla fija sufrirá también una reducción de jornada mediante ERE, mientras que algunos fijos discontinuos solo serán llamados para cubrir las necesidades del restaurante en los días de comuniones.
La reacción sindical ha sido de abierto rechazo. Comisiones Obreras ha denunciado que no existe acuerdo, que no hay mejora social ni garantías suficientes sobre el empleo o la futura subrogación. La situación deja a los trabajadores en una posición cada vez más vulnerable. Por eso, los sindicatos ya estudian movilizaciones y preparan nuevas reuniones con la plantilla. Lo que se respira en torno al Parque de Atracciones de Zaragoza no es solo incertidumbre: es la sensación de que el conflicto puede enquistarse todavía más si no aparece una solución política o empresarial a corto plazo.
El relevo fallido y la presión sobre el Ayuntamiento
Buena parte de esta crisis se explica por el fracaso del relevo en la explotación. El Ayuntamiento había licitado el complejo y esperaba que Moncayo Leisure asumiera la gestión a partir del 31 de marzo. Pero eso no ocurrió. La empresa renunció a hacerse cargo de la instalación y el Consistorio se vio obligado a dictar una orden de continuidad para que PAZ siguiera prestando el servicio. El problema es que una cosa era asegurar jurídicamente una continuidad mínima y otra muy distinta garantizar que el parque pudiera funcionar con normalidad.
La alcaldesa Natalia Chueca ha reconocido públicamente su malestar por la situación y ha advertido de que, si no hay acuerdo, el Ayuntamiento podría quedarse con la garantía económica de 600.000 euros y volver a licitar la concesión. También ha deslizado la posibilidad de sanciones si el servicio no se presta en las condiciones exigibles. Mientras tanto, desde el Consistorio insisten en que los trabajadores pertenecen a PAZ y que esa es la base jurídica del problema actual. El Parque de Atracciones de Zaragoza queda así en medio de un pulso donde la responsabilidad se reparte, pero la parálisis la paga la ciudad.