Los ciudadanos rusos votan. Hay urnas, papeletas, candidatos, partidos políticos, campañas electorales y un Parlamento cuyos diputados son elegidos periódicamente. Sin embargo, comprender las elecciones en Rusia exige mirar mucho más allá del momento en el que un elector introduce su voto. El sistema formal se parece en algunos aspectos al de otras democracias representativas, pero las condiciones en las que se desarrolla la competición política han reducido progresivamente el espacio disponible para quienes se enfrentan al Kremlin.
La cuestión ha vuelto al primer plano tras las elecciones parlamentarias celebradas entre el 18 y el 20 de septiembre de 2026. Rusia Unida, la formación que sostiene políticamente al presidente Vladímir Putin, se situaba alrededor del 58% de los votos en el escrutinio provisional de las listas de partido. No eran, por tanto, unas elecciones presidenciales ni Putin figuraba como candidato. Lo que estaba en juego era la composición de la Duma Estatal, la cámara baja del Parlamento ruso.
Un Parlamento de 450 diputados elegido mediante dos sistemas
Sobre el papel, las elecciones en Rusia para renovar la Duma utilizan un modelo mixto relativamente sencillo. La cámara cuenta con 450 diputados y exactamente la mitad de ellos, 225, son elegidos mediante representación proporcional. Los ciudadanos votan una lista de partido dentro de una gran circunscripción federal que comprende todo el país.
Para acceder al reparto proporcional de esos escaños, una formación debe alcanzar un umbral del 5% de los votos. Los otros 225 diputados son elegidos mediante circunscripciones uninominales distribuidas territorialmente. En cada una de ellas se escoge un único representante y obtiene el escaño el candidato con mayor número de votos.
El sistema tiene una consecuencia importante. Un partido puede conseguir un porcentaje determinado en el voto nacional y terminar controlando una proporción considerablemente mayor de la Duma si, además, vence repetidamente en los distritos individuales. Es precisamente una de las fortalezas electorales que Rusia Unida ha explotado durante los últimos ciclos electorales.
La presidencia funciona de manera diferente. El jefe del Estado es elegido directamente y su mandato dura seis años. Putin obtuvo oficialmente cerca del 88% de los votos en las presidenciales de marzo de 2024. La reforma constitucional aprobada en 2020 permitió que los mandatos anteriores no le impidieran volver a concurrir, por lo que la Constitución le permite presentarse de nuevo en 2030 y, en caso de vencer, permanecer en el cargo hasta 2036.
El problema comienza antes de introducir la papeleta
La principal controversia alrededor de las elecciones en Rusia no consiste únicamente en determinar si existen irregularidades durante la votación. El debate afecta a las condiciones políticas que existen mucho antes de abrir los colegios electorales: quién puede presentarse, qué organizaciones pueden competir, qué acceso tienen a los medios y hasta qué punto resulta posible desarrollar una oposición organizada al Kremlin.
Las legislativas de 2026 ofrecen un ejemplo especialmente significativo. Yábloko, formación liberal que se había mantenido contraria a la guerra de Ucrania, quedó fuera de las elecciones después de que el Tribunal Supremo ruso anulase su inscripción en agosto. La decisión llegó tras una demanda presentada por el partido nacionalista Ródina y contó con el respaldo de la Comisión Electoral Central. Reuters y Associated Press han señalado además que buena parte de las candidaturas abiertamente contrarias a la guerra quedaron fuera de la competición.
Eso no significa que Rusia tenga un Parlamento formado exclusivamente por Rusia Unida. El Partido Comunista de la Federación Rusa, el Partido Liberal Democrático, Nueva Gente y otras fuerzas participan en las elecciones en Rusia y mantienen diferencias con el Gobierno en determinadas materias económicas, sociales o administrativas.
Sin embargo, varias de estas formaciones son habitualmente englobadas en lo que los analistas denominan «oposición sistémica»: partidos legalmente integrados en el sistema y capaces de disputar determinados espacios de poder, pero que coinciden con el Kremlin en algunas de las principales cuestiones de Estado. En las elecciones de 2026, Reuters y AP han destacado especialmente el amplio respaldo de los principales partidos parlamentarios a la política rusa respecto a Ucrania.
Unas elecciones sin observadores de la OSCE
Existe además otra dificultad para evaluar las elecciones en Rusia: la falta de observación internacional independiente conforme a los mecanismos habituales de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Moscú no invitó a los observadores de la OSCE a las presidenciales de 2024 y tampoco lo hizo para las parlamentarias de septiembre de 2026.
La Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la organización aseguró antes de estos comicios que la decisión reducía la transparencia del proceso y privaba tanto a los electores como a la comunidad internacional de una evaluación independiente. La OSCE sí pudo observar elecciones rusas anteriores. En las presidenciales de 2018 concluyó que la jornada había sido administrada adecuadamente, aunque señaló restricciones de las libertades fundamentales, desigualdad mediática y falta de una competencia política genuina.
Por eso conviene diferenciar dos conceptos. Una cosa es demostrar la falsificación concreta de votos y otra analizar si una elección es realmente competitiva. Existen denuncias de irregularidades, presiones y problemas de transparencia, pero sin mecanismos independientes suficientes resulta imposible establecer desde fuera qué porcentaje del resultado podría estar afectado por ellas.
El funcionamiento político de las elecciones en Rusia se entiende mejor observando el proceso completo. El voto continúa existiendo y millones de ciudadanos respaldan realmente a Putin y a Rusia Unida. Pero ese apoyo se mide dentro de un sistema en el que importantes adversarios políticos han sido excluidos, encarcelados, obligados a abandonar el país o tienen enormes dificultades para organizarse y acceder en igualdad de condiciones al espacio público.
La pregunta fundamental, por tanto, no es únicamente cuántos rusos votan al Kremlin. Es otra mucho más difícil de responder: qué resultado producirían unas elecciones con el mismo acceso a los medios, una oposición plenamente competitiva, observadores independientes y las mismas posibilidades políticas para todos los candidatos. Ese escenario es precisamente el que las actuales elecciones rusas no permiten medir.