El FBI y fiscales federales de Estados Unidos han comenzado a tomar testimonios sobre las operaciones financieras de la Asociación de Fútbol de Argentina en territorio norteamericano. La pesquisa, todavía en fase preliminar, busca determinar cómo se canalizaron cientos de millones de dólares a través del sistema bancario estadounidense y si alguna de esas operaciones puede derivar en posibles delitos bajo jurisdicción de Estados Unidos.
La investigación se desarrolla en pleno Mundial y coloca a la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia en una situación delicada. Según la información publicada por LA NACION, los investigadores del Departamento de Justicia están reconstruyendo el funcionamiento financiero de la AFA en Estados Unidos, con especial atención al papel de TourProdEnter LLC, una sociedad vinculada al productor teatral Javier Faroni y a Erica Gillette.
El caso no implica por ahora una acusación formal, pero sí un salto relevante en el nivel de escrutinio. La toma de testimonios por parte de fiscales y agentes federales indica que las autoridades estadounidenses quieren entender el recorrido de los fondos antes de decidir si avanzan hacia una investigación penal más amplia.
El foco está en el movimiento de fondos en Estados Unidos
La Asociación de Fútbol de Argentina habría utilizado estructuras financieras en Estados Unidos para canalizar ingresos procedentes de contratos comerciales internacionales. Entre esos acuerdos figuran patrocinios y vínculos con grandes compañías, en un periodo en el que Argentina mantenía fuertes restricciones cambiarias y múltiples cotizaciones del dólar.
El interés de los investigadores se centra en saber cómo entraron esos fondos, qué cuentas se utilizaron, qué empresas intervinieron y qué destino tuvieron determinadas transferencias. El uso del sistema bancario estadounidense es el elemento que puede otorgar competencia a fiscales federales del país.
Según la documentación citada por el medio argentino, TourProdEnter LLC habría administrado al menos 260 millones de dólares relacionados con ingresos de la AFA. Parte de esos fondos estaría asociada a gastos operativos identificables, mientras que otros movimientos presentan, según esa investigación periodística, una justificación económica menos clara.
La pregunta central es si esas operaciones fueron simples movimientos comerciales o si alguna pudo encajar en figuras como fraude bancario o lavado de activos. Esa distinción será la clave jurídica del caso.
TourProdEnter LLC, la empresa bajo revisión
TourProdEnter LLC aparece como uno de los nombres principales de la pesquisa. La empresa habría actuado como agente de cobro de contratos internacionales de la Asociación de Fútbol de Argentina, percibiendo una comisión sobre ingresos y egresos asociados a esas operaciones.
De acuerdo con la información publicada, la sociedad habría manejado fondos a través de cuentas abiertas en entidades financieras estadounidenses como Citibank, Synovus, Bank of America, JP Morgan y PNC Bank. Ese entramado bancario es ahora parte del material que analizan los fiscales.
La investigación periodística menciona además pagos a distintas sociedades y beneficiarios, algunos sin una contraprestación identificable en la documentación revisada. También aparecen transferencias vinculadas a empresas relacionadas con dirigentes o personas próximas al entorno de la entidad.
Ese recorrido del dinero es lo que las autoridades intentan reconstruir con precisión. No basta con detectar movimientos llamativos: para avanzar penalmente, los investigadores necesitarían probar origen, finalidad, beneficiarios y eventual conocimiento de quienes participaron en las operaciones.
Testimonios, fiscales y posibles nuevos convocados
Uno de los testimonios ya señalados por la información publicada es el del empresario Guillermo Tofoni, que habría participado en una reunión por videoconferencia con fiscales y agentes del FBI radicados en Washington DC y Miami. Consultado por LA NACION, Tofoni no confirmó ni desmintió el encuentro.
La investigación preliminar estaría a cargo de fiscales federales con experiencia en delitos financieros, integridad bancaria y lavado de activos. Entre los nombres citados aparecen Patrick Gushue y Christopher Ting, en Washington DC, y Michael Berger, en el distrito Sur de Florida.
Los investigadores también analizan la posibilidad de convocar a otras personas con conocimiento directo o indirecto de las operaciones. Entre ellas podrían figurar exfuncionarios argentinos que tuvieron acceso a información sobre la AFA o que intervinieron en controles y supervisiones durante los últimos años.
La fase actual busca reunir información antes de decidir si el caso escala. Entrevistas, solicitudes de documentación a bancos y revisión de contratos pueden formar parte de ese proceso sin que ello implique todavía una imputación formal.
La AFA pide respetar la presunción de inocencia
Desde el entorno de la Asociación de Fútbol de Argentina han empezado a moverse en Estados Unidos. Tomás Regalado, presentado como embajador de la entidad para América del Norte, y el penalista argentino Mariano Lizardo participaron en un foro sobre fútbol, corrupción y justicia organizado en Miami.
Regalado defendió allí la necesidad de respetar la presunción de inocencia y recordó que una investigación, por sí sola, no equivale a culpabilidad. “Las medidas de investigación por sí solas no determinan responsabilidad ni culpabilidad”, afirmó.
Ese argumento es jurídicamente relevante. La existencia de una pesquisa no convierte en culpable a ninguna persona ni institución. Pero también muestra que la AFA es consciente del impacto reputacional que puede tener una investigación federal en Estados Unidos, especialmente durante un Mundial disputado en ese país.
El problema para la entidad no es solo legal, sino también institucional y reputacional. La selección argentina es una de las marcas deportivas más poderosas del mundo y cualquier sospecha sobre el manejo de sus ingresos internacionales tiene un alcance global.
Un caso con impacto deportivo, financiero y político
El momento elegido por la noticia aumenta su repercusión. La investigación emerge mientras Argentina compite en el Mundial, con una selección que arrastra enorme atención mediática y comercial. La diferencia entre el éxito deportivo y las dudas financieras abre una tensión evidente.
Los contratos internacionales de una federación campeona del mundo mueven patrocinios, derechos, giras, amistosos y acuerdos comerciales de enorme valor. Precisamente por eso, el control sobre esos fondos se vuelve especialmente sensible.
El caso también tiene una dimensión política. Claudio Tapia y Pablo Toviggino han concentrado poder dentro de la AFA durante los últimos años, en paralelo a conflictos internos, disputas judiciales y tensiones con distintos sectores del fútbol argentino.
La investigación estadounidense puede convertirse en un factor externo capaz de alterar equilibrios internos en el fútbol argentino, aunque su alcance real dependerá de lo que encuentren los fiscales en la documentación bancaria y en los testimonios.
Qué puede pasar ahora
El siguiente paso será determinar si las autoridades estadounidenses consideran suficiente la información recopilada para abrir una investigación penal formal o si la pesquisa queda en una revisión preliminar sin cargos. La diferencia será decisiva para el futuro del caso.
Mientras tanto, la Asociación de Fútbol de Argentina deberá defender la legalidad de sus operaciones, explicar la función de TourProdEnter LLC y acreditar la trazabilidad de los fondos canalizados por bancos estadounidenses.
El caso reúne todos los elementos de una investigación compleja: fútbol, dinero internacional, empresas intermediarias, cuentas bancarias, contratos comerciales, jurisdicción estadounidense y presunción de inocencia. La clave estará en saber si las sospechas periodísticas y los indicios financieros pueden convertirse en pruebas judiciales.
Por ahora, el FBI y los fiscales federales han dado el primer paso: escuchar a testigos y reconstruir el circuito del dinero. La respuesta definitiva dependerá de si ese recorrido revela una administración irregular o si, por el contrario, las operaciones encuentran una explicación comercial suficiente.