La situación de la periodista afgana Khadija Haidary ha encendido las alarmas entre organizaciones de defensa de los derechos humanos y la libertad de prensa. Haidary, autora de A Letter from an Afghan Woman y colaboradora del medio Zan Times, se encuentra actualmente retenida en Islamabad y podría ser deportada a Afganistán, una posibilidad que indudablemente sería de alto riesgo.
Según la información disponible, la periodista contaba con documentación de viaje en regla y estaba en proceso de trasladarse junto a su familia. A lo largo de su trayectoria, su trabajo se ha centrado en cuestiones vinculadas a la vida de las mujeres y el acceso a la educación, temas especialmente sensibles bajo el actual contexto afgano. En caso de ser obligada a regresar, su seguridad podría verse seriamente comprometida.
Al menos nueve periodistas devueltos a Afganistán, según RSF
El caso de Haidary no es aislado. De acuerdo con informes de Reporteros Sin Fronteras, en lo que llevamos de año se ha producido un aumento de detenciones de periodistas afganos en Pakistán, en paralelo al deterioro de las relaciones entre Islamabad y Kabul. La organización advierte que el incremento de tensiones, calificado por autoridades pakistaníes como una situación de “guerra abierta” desde finales de febrero, está siendo utilizado como justificación para intensificar medidas contra refugiados afganos, incluidos profesionales de la información.
RSF señala que varios periodistas exiliados han sido arrestados recientemente y trasladados a centros de detención. Desde comienzos de 2026, la organización ha contabilizado alrededor de una veintena de detenciones, así como varias deportaciones forzosas. Al menos nueve periodistas apoyados habrían sido enviados de vuelta a Afganistán.
Los testimonios recogidos por RSF describen un clima de miedo constante. Algunos periodistas relatan que, pese a disponer de visados válidos, han sido objeto de controles policiales reiterados e incluso detenciones temporales. Otros aseguran vivir prácticamente confinados en sus hogares por temor a ser arrestados, enfrentándose además a la falta de recursos básicos. También se han denunciado casos de extorsión por parte de fuerzas de seguridad, fuera de cualquier marco legal.
Más de 146.000 personas deportadas en 2026
El endurecimiento de estas políticas se enmarca en una estrategia de repatriación de ciudadanos afganos iniciada por Pakistán en 2023. Según Refugees International, solo en 2026 más de 146.000 personas han sido deportadas, sumándose al más de un millón expulsado durante el año anterior. Estas cifras reflejan la magnitud de una política que, según la organización, pone en riesgo la vida de miles de personas.
Diversos informes coinciden en que el retorno forzoso a Afganistán implica peligros graves, especialmente para colectivos como periodistas, activistas o mujeres que han defendido derechos fundamentales. Desde la llegada de los talibanes al poder en agosto de 2021, el entorno mediático en el país se ha deteriorado notablemente, con cierres de medios, censura y persecución de voces críticas.
Además, Refugees International advierte que muchas de las personas afectadas llevan décadas residiendo en Pakistán, donde han desarrollado sus vidas. La suspensión de renovaciones de visados y documentos ha dejado a cientos de miles en situación irregular, aumentando su vulnerabilidad frente a deportaciones.
Organizaciones internacionales recuerdan que estas expulsiones pueden contravenir el principio de no devolución (non-refoulement), que prohíbe trasladar a personas a países donde su vida o integridad corran peligro. Y hacen un llamamiento a las autoridades pakistaníes para que suspendan las deportaciones y garanticen protección a quienes buscan refugio.
Mientras tanto, el caso de Khadija Haidary se ha convertido en un símbolo de esta crisis. Su detención ha generado peticiones para movilizar apoyos desde medios de comunicación, ONG y redes de asistencia legal, con el objetivo de visibilizar su situación y evitar un desenlace que podría ser fatal.