Desde que pasó la Semana Santa, en la política española no se habla de otra cosa que de inmigración. Primero con la puesta en marcha del proceso de regularización de inmigrantes que ha lanzado el Gobierno. Y después con los acuerdos entre PP y Vox para constituir los ejecutivos de Extremadura y Aragón, que han puesto el concepto de “prioridad nacional” en el centro del debate político.
El resultado es que llevamos semanas centradas en dar vueltas sobre el cuarto principal problema del país, como veíamos la semana pasada en el CIS. Y cabe esperar que el tema seguirá teniendo protagonismo bastante tiempo. Desde hace tiempo, la política en España no va de acercar posturas para construir consensos, sino de crear mayorías polarizadas, donde no sea posible un término medio. Como la inmigración es un tema fácil para conseguir esa polarización, ni unos ni otros renunciarán a utilizarlo a corto plazo, menos aún con las elecciones andaluzas a la vista.
¿Está teniendo ya algún impacto electoral la polémica sobre la inmigración? Hasta el momento no, pero es probable que observemos cambios en las próximas semanas.
El asunto de la regularización no parece haber alterado las tendencias del último mes. Vox ha seguido perdiendo fuerza en todas las encuestas tras tocar techo a principios de año. Le sobrevino una pájara en plena subida a un puerto de primera categoría. A partir de los datos brutos del barómetro de abril del CIS, en Opina 360 calculamos que los de Abascal han descendido al 17,2%, y ese hueco lo aprovechan PP y PSOE para retornar al nivel del 30%, manteniéndose muy igualados.
Pero el escenario puede cambiar en los próximos sondeos. No sería extraño ver que Vox frena su caída e, incluso, recupera terreno. Por varias razones. La primera es que, al poner sobre la mesa el “principio de prioridad nacional”, Vox ha logrado fijar un marco de debate que le interesa y beneficia.
Abascal ha dado con la tecla otra vez. Ha llevado a todos los partidos a discutir sobre la legalidad o la moralidad de una posición política, pero en el fondo traslada a la ciudadanía la idea de que no hay recursos para todos y, por tanto, hay que priorizar a los de aquí. Es un mensaje que reactiva a sus potenciales votantes en uno de sus principales ejes ideológicos.
En segundo lugar, a Vox le puede servir para enmendar el error de bloquear durante semanas la constitución de los gobiernos autonómicos. Sobre el papel –habrá que ver luego la realidad–, los pactos demuestran que Abascal y los suyos han sido capaces de sacar al PP de su espacio de confort y que van a ser un socio duro, incómodo, para obligarles a cambiar las políticas. Poco han tardado en llevar el debate de la prioridad nacional al Congreso y a la Comunidad Valenciana, y lo mantendrán en primer plano de aquí a las elecciones del próximo año.
En Vox saben que uno de los factores clave de su crecimiento en los últimos tiempos, junto a la captación de nuevos votantes, es la transferencia de votos desde el PP, que había empezado a reducirse. Forzar a los populares a posicionarse sobre el alcance de la prioridad nacional –un concepto que choca con las raíces liberales y cristianas de la derecha tradicional– busca convencer de nuevo a los electores que, ante las dudas, estaban volviendo al PP.
En las filas de Feijóo, Juan Manuel Moreno Bonilla e Isabel Díaz Ayuso han optado por confrontar abiertamente con Vox: si no quieren un partido que propone medidas inconstitucionales, necesitamos mayorías absolutas, han venido a decir. Como en el judo, el líder del PP andaluz intentará aprovechar el impulso de Vox para tumbarlo: frente a la ilegalidad, estabilidad.
Este próximo viernes comienza la campaña electoral en Andalucía. Moreno va camino de renovar la mayoría absoluta, pero habrá que estar atentos para ver si Vox consigue con la polémica poner de nuevo en aprietos al PP. En todo caso, Feijóo no puede confiarse, incluso si al final Moreno arrasa y Vox se queda como está. Las encuestas indican que la intención de voto a Abascal en Andalucía es claramente superior, seis puntos por encima, a la de su cabeza de lista en la comunidad, de modo que la batalla dentro de la derecha no está cerrada.
Mientras tanto, en la izquierda, el PSOE intentará que la polémica sobre la prioridad nacional le sirva para frenar las transferencias que sufre hacia la derecha: unos 700.000 votantes socialistas hoy elegirían al PP o Vox. Pedro Sánchez no solo se juega sus opciones de julio de 2027 en maximizar el voto a su izquierda, sino también en recuperar a esos electores que quieren cruzar de bloque.