Una semana después del inicio del proceso extraordinario de regularización, la escena se repite casi sin cambios en muchas ciudades: colas desde primera hora de la mañana, listas improvisadas y personas intentando averiguar qué documento les falta para poder avanzar. Lo que sí ha cambiado es el ritmo. Ya no pesa el impacto del primer día, sino el desgaste de una rutina que empieza a hacerse crónica.
LuzMila vuelve a la fila poco antes de las siete de la mañana. Lleva la misma carpeta azul con la que acudió el primer día, aunque ahora está más llena. Dice que ha reunido nuevos documentos, pero no sabe con certeza si serán suficientes. “Cada vez que vengo me piden algo distinto o me dicen que vuelva otro día”, explica a Artículo 14.
A diferencia de otras personas, ella no ha pasado la noche en la calle para guardar sitio. No puede permitírselo. Tiene dónde dormir y no quiere perder ese mínimo equilibrio. Pero esa decisión también la deja en desventaja: cuando llega, ya hay decenas de personas delante. “Siempre voy por detrás”, resume.
El principal obstáculo sigue siendo el certificado de vulnerabilidad, un documento imprescindible para iniciar el trámite en muchos casos. Conseguirlo se ha convertido en un proceso paralelo, con sus propias colas, citas y requisitos. En la práctica, implica acudir a unos servicios sociales que ya estaban saturados antes de esta medida.
En ciudades como Madrid, hay personas que encadenan varios días de espera solo para solicitar ese certificado. En Barcelona, los ayuntamientos han tenido que reorganizar agendas y reforzar equipos ante el aumento de la demanda. Aun así, la capacidad sigue siendo insuficiente frente al volumen de solicitudes.
LuzMila lo ha intentado ya dos veces. La primera no consiguió número. La segunda logró entrar, pero le pidieron documentación adicional que no llevaba consigo. “Nadie me dijo antes que la necesitaba”, cuenta. Desde entonces, ha añadido nuevos papeles a la carpeta: justificantes, copias, anotaciones. Cada intento implica empezar de nuevo.
Su situación no es excepcional. Muchas de las personas que esperan en la cola describen experiencias similares: falta de información clara, requisitos que cambian según el día o el funcionario que atienda, y una sensación constante de incertidumbre. “No sabes si lo estás haciendo bien”, comenta un hombre que espera desde las seis de la mañana.
Con el paso de los días también han surgido formas de organización informal. Hay grupos que se reparten turnos para no perder el sitio, personas que comparten información por WhatsApp y otras que anotan en papel el orden de llegada. Son soluciones improvisadas frente a un sistema incapaz, por ahora, de absorber toda la demanda.
El proceso también está generando desigualdades prácticas. Quienes pueden permitirse pasar la noche en la cola o dedicar jornadas enteras a hacer gestiones tienen más posibilidades de avanzar. Quienes, como LuzMila, necesitan compaginarlo con el trabajo o los cuidados familiares parten de una situación mucho más difícil.
“Me dicen que tengo que demostrar vulnerabilidad, pero si dejo de trabajar para venir aquí, entonces sí lo soy”, reflexiona.
Las administraciones han anunciado refuerzos y ajustes en el sistema, aunque sobre el terreno el impacto sigue siendo limitado. Las colas continúan y el número de personas atendidas cada día no parece suficiente para reducirlas de manera significativa. Además, el plazo del proceso -que se extiende hasta finales de junio-añade presión a quienes todavía no han logrado iniciar los trámites.
A media mañana, la fila avanza lentamente. Cada vez que se abre la puerta, entran grupos pequeños. El resto espera. Algunos revisan sus documentos una y otra vez; otros preguntan a quienes salen qué les han pedido dentro. La información circula así, de persona a persona, sin garantías de que sea correcta.
LuzMila escucha, toma notas y vuelve a revisar su carpeta. Ha aprendido a anticiparse a posibles requisitos, aunque no siempre acierta. “Prefiero traer de más que de menos”, dice.
Cuando finalmente llega a la entrada, le indican que ese día ya no podrán atender a más personas. No es la primera vez que le ocurre. Tampoco cree que vaya a ser la última.
No protesta. Recoge sus cosas y se aparta.
“Volveré mañana”, dice.
Una semana después, el proceso de regularización sigue en marcha, pero lejos de haberse normalizado. Para muchas personas, se ha convertido en una carrera de fondo en la que cada avance depende de múltiples factores: la información disponible, el tiempo que puedan dedicar, la capacidad de las oficinas y, en buena medida, la suerte.
LuzMila todavía no ha conseguido iniciar su solicitud. Sigue pendiente del certificado de vulnerabilidad y de completar un expediente que parece cambiar constantemente.
Mientras tanto, mantiene la misma rutina: madrugar, hacer cola, preguntar, volver a casa.