La insólita causa contra García Ortiz tiene lagunas pero si se confirma su procesamiento debería dimitir para salvaguardar la institución. Después de leer detenidamente el auto, creo que la justicia no ha podido detallar con pruebas que Presidencia de Gobierno instase al fiscal general del Estado a filtrar a los medios documentos y emails para aposentar un relato. Han sido 8 meses de investigación que han girado alrededor de algo que no existe y que para mí es lo realmente grave: no hay pruebas porque los mensajes que partieron del terminal telefónico de García Ortiz están borrados porque él mismo los hizo desaparecer, eliminando todas las pruebas que podrían o no haberse encontrado. Quien sabe cómo hubiese acabado la instrucción con estos mensajes analizados, pero ahora mismo, con lo que se tiene, el juez instructor no ha encontrado pruebas para sostener que el fiscal general del Estado es el responsable de la filtración.
La decisión puede ser recurrida y todo apunta a que así va a ser ante el propio instructor y ante el Supremo. Y a nadie se le escapa que sentar a García Ortiz en el banquillo sitúa a la democracia española en una coyuntura inédita. Por mucho que diga el ministro de Justicia, Felix Bolaños, de que resulta sostenible estar a punto de sentarte en el banquillo y ser fiscal general del Estado, el proceso judicial implica someter a una tensión desproporcionada a una institución sobre la que no debe proyectarse ni una sombra de duda. Por eso, si el posible recurso no se resuelve a su favor, lo más adecuado sería que García Ortiz presentase su dimisión. Se trata de que la alta institución no se vea afectada ni tampoco paralizada por este proceso. Y, desde luego, para que él también pueda defenderse libre de toda duda y con todos los mecanismos a su disposición.
El gobierno tiene la facultad de nombrar al fiscal general del Estado, pero no la destituirle. Si él cesa voluntariamente, el Ejecutivo puede legítimamente nombrar a otro fiscal general y evitar el daño institucional en torno a un a figura clave en el Estado de derecho. A quien sostiene la conveniencia de que permanezca en el cargo por las singularidades de este proceso. Yo lo tengo claro y creo que resultaría inadecuado. ¿Sería realista imaginar al fiscal general acusando de prevaricación al juez que ha instruido esta causa?
La duda es que existe la posibilidad de que esté siendo el Gobierno quien no le este dejando dimitir. Podríamos estar en la situación de que el fiscal general no dimite porque no quiera, sino porque no le dejan. Digamos que al presidente del Gobierno no le gustan las derrotas, no las contempla, y esto que desde el principio se ha presentado como un pulso político, Moncloa quiere ganarlo. García Ortiz es ahora mismo una de las piezas claves en el gobierno de Sánchez y su caída sería un ataque en la línea de flotación que podría poner en peligro mas nombres. Entre los propios trabajadores de la fiscalía, la idea que más se comenta es que García Ortiz es un rehén del Gobierno que no le deja dimitir. El fiscal general ha defendido en todo momento que las acusaciones contra él son infundadas, que él es inocente y que no ha hecho nada irregular. Por eso dice que no tiene intención alguna de dimitir y el Gobierno ha dejado claro que seguirá apoyándole a toda costa.
No hay ninguna ley que ofrezca una vía clara para forzar su salida. Por eso estaríamos hablando de que su dimisión debería ser una decisión “ética”. Lo que sería de juzgado de guardia es que, en el caso de que se abra juicio oral, las consecuencias serían distintas para García Ortiz y para Pilar Rodríguez, que es la fiscal jefa provincial de Madrid, que también ha sido procesada. Ella sería suspendida cautelarmente por orden del propio García Ortiz, mientras que él no se vería afectado por este reglamento. El mundo al revés.