“Sinceramente, esto va a quedar en nada, pero va a haber mucho ruido”. Un ministro pronunció esta frase ante un pequeño grupo de periodistas, en octubre, pocos días antes de la imputación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
El mismo integrante del Gobierno de Pedro Sánchez calculaba entonces que la instrucción del juez Ángel Hurtado, del Tribunal Supremo, apenas duraría medio año. Ya va camino de los 8 meses, y desde este lunes el máximo responsable del Ministerio Público está a un paso del banquillo de los acusados.
García Ortiz ha reiterado que es inocente, que no piensa dar un paso al lado. Es lo que lleva manteniendo desde el 16 de octubre de 2024, cuando fue citado como investigado por un presunto delito de revelación de secretos.
Después de declarar como imputado, y de que el instructor practicase varias diligencias, el fiscal general está a centímetros del escenario que algunas de las voces de La Moncloa contaban con evitar. La convicción, por lo pronto, es que no toca dar pasos atrás: “Dimitir es darles la razón, ceder”, afirmaban hace escasos días fuentes del Ejecutivo.
“No hay ninguna prueba”, aseguraron entonces. Es lo mismo que ha defendido este lunes el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que asistía a una entrega de premios junto con García Ortiz cuando se conoció el auto.
Fue enviado a los medios por los canales oficiales siete minutos después de que arrancase el acto institucional al que asistían el ministro y el fiscal general del Estado, en las dependencias del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). A apenas unos metros de la sede del Alto Tribunal.
Lo que más ha molestado, como explicó Bolaños, es la primera frase en el apartado del relato de los hechos del auto, en la que se afirma que García Ortiz recibió “instrucciones” de la Presidencia del Gobierno. Hay otras referencias a estas “instrucciones” o “indicaciones” en la resolución, y el ministro las ha rechazado de plano.
“Quiero negar rotunda y categóricamente esto”; “Lamento que el Supremo haga esta afirmación tan grave sin ninguna base probatoria, porque eso no sucedió nunca”, aseguró. También afirmó que es “perfectamente sostenible” que García Ortiz siga al frente de la institución que tiene la obligación de perseguir los delitos, pese a su cercanía al banquillo de acusados.
Las partes tienen 10 días para pronunciarse sobre este auto. Si finalmente se celebra el juicio oral, el fiscal general tendrá frente a sí a un representante del Ministerio Público sobre el que tendrá superioridad jerárquica.
Los focos, sobre la pareja de Ayuso
Apuntar a la falta de argumentos sólidos en su contra es una de las patas de la estrategia de Moncloa. La otra pasa por repetir que el fiscal general del Estado se dedica a “perseguir delitos”. Que únicamente desveló datos de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, para corregir el bulo que extendieron desde el equipo de la presidenta de Madrid sobre una supuesta oferta de un pacto desde la Fiscalía, después de que González Amador reconociera que había cometido fraude fiscal.
La metáfora del dedo que distrae de la Luna es una de las más utilizadas por las distintas voces del Ejecutivo. Las mismas que repiten que “30 personas” tenían acceso al email del abogado de González Amador que fue filtrado a los medios, y que por tanto es difícil probar que fue el fiscal quien lo difundió.
“La única filtración que se persigue en este país es la que afecta al novio de Ayuso”, lamentaba una de estas fuentes hace escasas semanas, cuando Moncloa presionaba a la Justicia y a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para que investigaran la filtración de las conversaciones privadas entre Sánchez y José Luis Ábalos, exministro de Transportes y número tres del PSOE, hoy investigado por el caso Koldo.
“La filtración de correos es el pan de cada día”, aseguró una de estas voces. Era la misma que teorizaba, antes de la imputación de García Ortiz, sobre el dañino efecto que esto tendría para la imagen de la Justicia: “Se crea la imagen de que la Justicia no es ciega, sino que es tonta”.
Terreno inexplorado
El Gobierno y el PSOE conocen bien los márgenes para actuar cuando alguien con carnet socialista se ve obligado a sentarse en el banquillo de los acusados. Refrescaron su manual de actuación, estos días con el caso de Miguel Ángel Gallardo, líder del PSOE en Extremadura. Está procesado junto con el hermano del presidente, David Sánchez, en la causa sobre la supuesta fabricación de una plaza a medida para el segundo en la Diputación de Badajoz.
Los Estatutos del PSOE, que se modificaron en su último Congreso Federal (Sevilla, diciembre de 2024), permiten ahora que Gallardo siga al frente del PSOE regional hasta que haya sentencia firme. De aplicarse las normas vigentes hace 7 meses, habría tenido que dejar el cargo en cuanto se le envió al banquillo. Estas disposiciones aplican para cargos orgánicos e institucionales, pero obviamente no pueden extrapolarse a quien no ostenta carnet socialista.
García Ortiz ejerció como número dos de su predecesora, Dolores Delgado, que sí había concurrido a las elecciones en listas del PSOE. Y que fue ministra de Justicia antes de fiscal general. A diferencia de Delgado, no consta que él haya integrado ninguna lista electoral.
Nunca antes un fiscal general del Estado había estado tan cerca del banquillo, y no están contemplados límites ante una situación similar. El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal recoge que sólo puede cesar en cinco escenarios: a petición propia; por incurrir en incompatibilidad; por enfermedad; por incumplimiento grave o reiterado de sus funciones, y por el cese del Ejecutivo que lo propuso.
En Moncloa no se contempla hoy pedir a García Ortiz que dimita del cargo que ostenta desde agosto de 2022. Legalmente, podría mantenerse en su puesto hasta agosto de 2026.
Los socios avalan y el PP aprieta en el Congreso
A las muestras de “confianza plena” de Bolaños en el fiscal general se han unido los mensajes de apoyo desde las filas del socio minoritario del Gobierno de coalición, Sumar. Lara Hernández, coordinadora general de Movimiento Sumar, la formación fundada por Yolanda Díaz, consideró “inquietante” su procesamiento.
En rueda de prensa desde la sede de su formación, Hernández consideró que con esta decisión se manda “un mensaje peligroso”, porque lee que se está intentando tapar “la posible corrupción” del entorno de la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Según el líder de IU, Antonio Maíllo, el auto de este lunes prueba “a qué está dispuesta la reacción para derribar al Gobierno”, y a qué está emplazada la izquierda “más allá de los discursos”.
En el PSOE y en el Gobierno no se atrevían a ir más lejos, pero algunos tenían presente la advertencia del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, en el Congreso de los Diputados, hace poco más de tres semanas. Esto es, que las fuerzas de derecha y ultraderecha promueven “un golpe de Estado blando” contra Sánchez.
El PP, por su parte, no dejaba pasar más que unas pocas horas antes de aprovechar el viento de cola. Registró una petición de comparecencia del presidente aante el pleno, y para ello ya dio por bueno lo que sostiene el auto; que desde Presidencia dieron directrices al fiscal general del Estado para filtrar los datos del novio de la presidenta de Madrid.
El miércoles se celebrará una nueva sesión de control al Ejecutivo, con Sánchez presente en la Cámara. Nadie duda de que Feijóo aprovechará estos hechos para desgastarle.
En esto, como en tantos otros frentes abiertos, la estrategia -que algunos empiezan a poner en duda-, pasa por denunciar la persecución a la que dicen estar sometidos. Y por repetir que el caso “acabará en nada”. No aclaran si esto supone que se aferrar a una primera sentencia absolutoria, o si planean esperar hasta que el fallo sea firme para requerirle su cargo al fiscal general.