El Gobierno mantiene su apoyo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, al que el juez Ángel Hurtado, del Tribunal Supremo, ha situado a un paso del banquillo por un supuesto delito de revelación de secretos. Y García Ortiz se niega a tirar la toalla.
El jefe del Ministerio Público se mantiene así firme en la decisión que adoptó el pasado 16 de octubre, cuando el Supremo le encausó por las presuntas filtraciones en torno a la investigación contra González Amador por presuntos delitos fiscales. Esto es, seguirá al frente de sus responsabilidades pese al enfado de gran parte de la Fiscalía.
El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha reiterado en varias ocasiones su respaldo a García Ortiz, y este lunes fuentes de Moncloa se reafirman en sus posiciones: “Por supuesto”, aseguran. El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha asegurado a última hora de la mañana que es “perfectamente sostenible” que se mantenga en su cargo pese a haber sido procesado.
El Gobierno no puede cesarle, y tampoco contempla reclamarle su dimisión. De hecho, siempre ha mantenido que la causa contra él es injusta, porque repiten que el origen está en “su persecución de un delito”.
El auto de Hurtado no sorprendió en el Gobierno, pero tampoco en el PSOE: “Lo dábamos por descontado. Nuestra confianza en el fiscal general y en que el proceso acabará por dilucidar la verdad permanece intacta”, afirman desde Ferraz.
El máximo responsable del Ministerio Público será juzgado por su supuesta responsabilidad en la difusión del correo electrónico de la defensa de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, en el que el abogado de González Amador reconocía la comisión de dos delitos de fraude fiscal.
El auto del magistrado del Tribunal Supremo ha trascendido casi en paralelo a un acto al que asistía el fiscal general en la sede del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a escasos metros del Alto Tribunal. Junto a García Ortiz estaban también Bolaños, el titular de Interior, Fernando Grande Marlaska, y la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en el acto de entrega del XIX Premio del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género, dependiente del CGPJ.
Bolaños niega que Presidencia esté involucrada: “No sucedió nunca”
A su salida del acto, Bolaños ha comparecido ante los medios para destacar que el auto “no es firme”, y para revalidar su “confianza en el fiscal general del Estado y a la Fiscalía en su conjunto”. “Entre los fiscales y los defraudadores confesos, el Gobierno está con los fiscales”; “Es un servidor público esencial”, apostilló
El ministro reconoció que no había podido leer la resolución en su conjunto, pero sí quiso desmontar el apartado en el que Hurtado afirma que la Fiscalía recibió “indicaciones” de Presidencia. Bolaños quiso negarlo “rotundamente”, asegurar que esto “no sucedió nunca”. También criticó que el Alto Tribunal “haga esta afirmación tan grave sin base probatoria alguna”.
Minutos antes, en una entrevista en Mañaneros (TVE), el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, también cuestionaba estas palabras plasmadas en el fallo. “Cuando se hace una acusación determinada tiene que haber siempre una parte probatoria indispensable, y no la hay”, reprochó.
El caso García Ortiz, primer fiscal general procesado en el ejercicio de su cargo, lleva meses erosionando al Ejecutivo. Ante las cámaras, los ministros niegan que haya caso, pero en privado van más allá. Sostienen que es el ejemplo más claro de la “persecución” a la que denuncian verse sometidos.