Terremoto en la cúpula fiscal tras la decisión de Álvaro García Ortiz de mantenerse en el cargo pese su procesamiento por parte del Supremo. La estupefacción es total entre algunos de sus compañeros de la carrera fiscal. Otros ya intuían que no tiraría la toalla, tal y como avanzó este periódico. “Actúa como un delincuente y un militante político”, lamenta el sector crítico dentro de la Fiscalía.
Para buena parte de los fiscales, el daño de reputacional que García Ortiz está haciendo a la institución es enorme. “Compromete la integridad de la institución y deteriora la imagen de los fiscales que la representan”, denunciaron desde la Asociación de Fiscales, de corte conservadora.
La mayoría de la carrera fiscal recuerda que la ley del Poder Judicial dispone en su artículo 511 que todo funcionario quedará suspendido temporalmente del ejercicio de sus funciones “cuando por cualquier delito doloso el instructor dicte auto de prisión, de libertad bajo fianza, de procesamiento o de apertura de juicio oral en el procedimiento abreviado”.
Es por ello que fiscales del Supremo consultados por este periódico creen que García Ortiz “debería ser suspendido de sus funciones como cualquier fiscal”. Lo contrario es colocarse por encima de la ley y quebrar el principio de igualdad ante la ley”, denuncian.
En cambio, y a ello se acoge García Ortiz, el estatuto fiscal -la normativa por la que se rige la institución- no contempla la posibilidad de que un fiscal general sea procesado. Lo que sí recoge es la suspensión de otros fiscales -artículo 145 del reglamento- “cuando se dicte auto de apertura de juicio oral o de prisión por delito cometido en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas”.
Esto es, García Ortiz se vería obligado a suspender a Pilar Rodríguez, la fiscal jefe provincial de Madrid, igualmente procesada por revelación de secretos en el mismo caso del novio de Isabel Díaz Ayuso.
Así las cosas, la impresión de los fiscales consultados por Artículo14 es que García Ortiz intentará aguantar hasta la posible condena, lo que podría a ocurrirá finales de año. “Mientras tanto cometerá los desmanes que tengan por conveniente valiéndose de lo que es ya un cadáver”, sentencia un miembro de la cúpula.
Radiografía de su procesamiento
El auto del juez Ángel Hurtado deja claro que hay indicios suficientes para abrir juicio oral a García Ortiz porque considera que fue el filtrador del polémico correo del dos de febrero enviado por el abogado de Alberto González Amador, Carlos Neira, en el que reconocía delitos fiscales y ofrecía un pacto de conformidad.
Para el magistrado, García Ortiz “con la finalidad de ganar el relato” trasladó ese e-mail a Miguel Ángel Campos, periodista de la Cadena Ser, para que “le diera publicidad”. Interpreta, sin aportar evidencias, que seguía indicaciones recibidas por parte de Presidencia del Gobierno y que también remitió el correo electrónico a Pilar Sánchez Acera, la jefa de gabinete de Óscar López, para que lo usaran como arma política en la Asamblea de Madrid contra Ayuso.
Además, Hurtado afea a García Ortiz el borrado de su móvil para no dejar rastro y lo enmarca en una estrategia de “dilación, que ha supuesto un retraso en la conclusión de esta primera fase procesal”.
El instructor considera inadmisible la filtración de los datos fiscales de González Amador, más aun viniendo de la Fiscalía: “No es tolerable divulgación alguna a terceros sin autorización del interesado y esto corresponde, especialmente, al Ministerio Fiscal, cuyo incumplimiento de tal deber por parte de éste pone, sin duda, en entredicho el prestigio de la institución, con el menoscabo que ello comporta”.
Finalmente, rompe una lanza a favor de la pareja de Ayuso, pues considera que se le ha tildado de defraudador confeso cuando no había una condena firme. Considera que se violó su derecho a la defensa porque la filtración supuso un “atentado al sistema de conformidad”.
Por último, explica que, aunque Alberto González Amador autorizara al jefe de gabinete de Ayuso a publicar parte de su información fiscal, eso no exime a que el fiscal general cometiera un delito por filtrar el correo del dos de febrero, no teniendo autorización para ello del afectado.