Las acusaciones populares que lidera el PP han solicitado al Tribunal Supremo (TS) que condene al exministro socialista José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García a 30 años de cárcel cada uno, al tiempo que han adelantado que pedirán que ambos ingresen en prisión provisional de cara al juicio por la presunta trama de cobro de mordidas a cambio de contratos para la compra de mascarillas en plena pandemia.
El escrito de acusación, reclaman también una pena de 7 años de cárcel para el empresario Víctor de Aldama, presunto conseguidor de la trama. Las asociaciones consideran que en este caso se debe aplicar la atenuante de confesión por su “actitud colaboradora” para esclarecer los hechos y descubrir actuaciones presuntamente delictivas de Ábalos y Koldo.
A lo largo de 113 folios, achacan al exministro y su exasesor una batería de delitos: pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, cohecho, falsedad en documento oficial, prevaricación y malversación. En el caso de Aldama, le atribuyen esos mismos delitos, salvo el último.
Además de las penas de prisión, las acusaciones populares solicitan también que se impongan multas de al menos 594.000 euros para Ábalos y Koldo, y de 225.000 euros para Aldama.
Cabe recordar que la Fiscalía Anticorrupción pide 24 años de cárcel para Ábalos, 19 años y medio para Koldo y 7 años para Aldama. En lo relativo a multas, el Ministerio Público reclama casi 4 millones de euros a cada uno, embargos por 430.000 euros e indemnizaciones a Ineco y Tragsatec.
Evitar “riesgo de fuga”
En el marco del escrito, las acusaciones también piden al Supremo que celebre una vista para revisar las medidas cautelares que tienen vigentes Ábalos y Koldo: retirada del pasaporte, prohibición de salida del país y comparecencias quincenales en sede judicial.
Con todo, ya adelantan que pedirán que se ordene el ingreso en prisión provisional de ambos de cara al juicio, al considerar que “existen indicios racionales de criminalidad” y una “elevada petición de pena”. En este sentido, inciden en que la prisión provisional es “idónea, necesaria y proporcionada” para “evitar el riesgo de fuga”.
La Fiscalía también solicita al Supremo que celebre esta vista, aunque no ha adelantado qué medidas cautelares reclamará para Ábalos y Koldo.
“Suculentos beneficios económicos”
Las acusaciones populares arrancan su escrito de acusación destacando que el exministro, el exasesor y el empresario “encontraron en su relación personal una gran oportunidad para obtener suculentos beneficios económicos”. En esta línea, sostienen que los tres “no dudaron en servirse” de la “privilegiada situación” en la que se encontraba Ábalos por su condición de ministro de Transportes “para obtener ventajas recíprocas en todas aquellas oportunidades de negocio que se presentaran”.
En el caso de Ábalos y Koldo, subraya “el cobro de comisiones, en efectivo o en especie, por las gestiones realizadas en favor de Aldama y de personas con él vinculadas”. Por su parte, en lo relativo al empresario, remarca las adjudicaciones de contratos públicos y otras “gestiones favorables a las empresas cuyos intereses promovía –percibiendo a cambio las correspondientes comisiones provenientes de dichas empresas–“.
Piden que Sánchez declare
Al margen de las peticiones de penas, las acusaciones trasladan al tribunal la lista de testigos que quieren que declaren en el marco del juicio. Entre ellos, destaca el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la ministra María Jesús Montero, la exministra de Industria Reyes Maroto, la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, y el ex consejero delegado de Air Europa Javier Hidalgo.
Asimismo, plantean las testificales del entorno familiar de Koldo y de Ábalos, así como las dos mujeres que habrían sido contratadas en las empresas públicas Ineco, Tragsatec y Logirail.
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