La Audiencia Nacional mueve ficha e investigará el rescate de Plus Ultra. Son 53 millones de euros que el Gobierno de Pedro Sánchez insufló en 2021 a la compañía aérea en aras de evitar su quiebra tras el parón de la pandemia. Desde la derecha política sugieren que tal concesión contó con la intermediación de José Luis Rodríguez Zapatero, amigo de Julio Martínez Martínez, empresario vinculado a la compañía.
De momento, la Audiencia Nacional basa su investigación en las sospechas de la Fiscalía Anticorrupción, que cree que los empresarios implicados utilizaron el dinero del Estado español para blanquear dinero proveniente de actividades ilícitas.
En concreto, lo que sospecha Anticorrupción es que tres sociedades implicadas en la venta de 30 millones de euros de oro venezolano prestaron dinero a la compañía aérea justo después de que se aprobara el rescate.
Esto es un técnica habitual y conocida para introducir en el curso legal dinero proveniente de actividades ilegales. Las empresas investigadas prestan dinero ilícito y Plus Ultra lo ocultaba, presuntamente, entre los 53 millones de euros insuflados por el Gobierno español.
En la denuncia también se hace referencia a que algunos de los clientes de la red “tienen antecedentes policiales y/o judiciales en nuestro país, y que para las actividades de blanqueo se ha podido utilizar la venta de relojes de lujo”.
El ministerio público decidió presentar la denuncia a petición de las Fiscalías de Francia y Suiza que “ponían de manifiesto la existencia de una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales que operaba, entre otros lugares, en España, resultando actividad criminal precedente presuntos delitos de malversación en Venezuela y de información relevante en Francia”.
¿Por qué ha tardado tanto?
Pese a que la denuncia es de noviembre de 2024, es ahora cuando la Audiencia Nacional se va a poner a investigar el caso. Resulta que en un principio el juez Ismael Moreno dijo que no era competente para investigar los hechos. La Fiscalía lo recurrió y la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional sugirió a la Fiscalía que remitiera la causa al juzgado de instrucción que en su día investigó la legalidad de la concesión del rescate, liderado por Esperanza Collanzos.
Collanzos mantuvo la causa bajo secreto. En diciembre de 2025 ordenó a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal detener al presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, a Roberto Roseli, CEO de la aerolínea y a Julio Martínez Martínez vinculado a la consultora.
Todos quedaron imputados y en libertad con medidas cautelares, tienen prohibido salir del país.
La jueza consideró que por los movimientos internacionales que se estaban investigando la causa adquiría “otra dimensión” y decidió inhibirse. Esto es, envió la causa de nuevo a la Audiencia Nacional al considerar que el cariz que había adoptado la investigación era competencia de este órgano jurisdiccional.
Así las cosas, es este martes cuando el juez José Luis Calama ha admitido esta competencia y seguir investigando bajo secreto sumarial. Es decir, nadie tiene acceso a los entresijos de dicha investigación, ni si quiera los investigados que niegan irregularidades.
¿Por qué se relaciona a Zapatero con el caso?
El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero es amigo íntimo de uno de los imputado, Julio Martínez Martínez, fundador de Análisis Relevante, una consultoría que trabajó para Plus Ultra.
De hecho, el expresidente ingresó de análisis relevante 70.000 euros anuales durante seis años por sus servicios de consultoría. Hechos reconocidos por él mismo. Pero sostiene que todos los servicios prestados fueron legales y a contra factura. También asegura que no tuvo nada que ver con el rescate, que no habló nunca con Pedro Sánchez de él y que no presionó al ministro José Luis Ábalos.
Sin embargo, la derecha le atribuye una labor de intervención en el rescate: “Está más claro que la empresa para la que trabajaba tiene más pinta de empresa pantalla que de una que forma parte de nuestra actividad económica”, aseveró Cuca Gamarra, secretaria general del PP, en referencia a Análisis Relevante.
Gamarra también anunció que el PP se personará como acusación popular en la causa.
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