No hubo fumata blanca. El Poder Judicial se mostró incapaz de consensuar una única propuesta para su sistema de elección y propondrá a las Cortes dos opciones, una abanderada por el sector conservador y otra por el progresista, que serán avaladas por unanimidad. Ese es el resultado al que han llegado la presidenta Isabel Perelló y los vocales de ambas sensibilidades tras seis meses para pactar un documento, como le emplazaron desde el Gobierno y el PP.
En concreto, los veinte vocales tenían que presentar esa propuesta al Congreso y al Senado a como tarde este jueves 6 de febrero, para que allí sea debatida y votada. ¿Qué solución han encontrado ante el bloqueo? Se propondrán dos textos que se aprobarán por unanimidad por el CGPJ, según el pacto alcanzado este martes por Perelló y cuatro de sus vocales, dos progresistas y otros dos conservadores.
El primero de ellos, es un informe técnico con los sistemas de derecho comparado. Un documento elaborado por los letrados del Consejo bajo la supervisión de los vocales que aglutina toda la memoria técnica. El segundo es el que tiene más enjundia, pues tenía que resolver el nuevo sistema de elección. Pero a falta de una serán dos. Eso sí, ambas contarán con el beneplácito de los veinte vocales.
A grandes rasgos, tal y como avanzó este periódico, el ala conservadora presentará una opción que opta por que los jueces sean los que elijan a los jueces y se ponga a fin a que todos los vocales tengan que se aprobados por mayoría de tres quintos en el Senado y en el Congreso de los Diputados como hasta ahora.
Por su parte, el ala progresista presentará una propuesta en el que las Cortes sigan teniendo peso. Porque considera que si el CGPJ es un órgano de gobierno ha de estar elegido por la soberanía nacional, que reside en esas Cámaras. Eso sí, para evitar situaciones de bloqueo como en el anterior Consejo, quieren que los políticos evalúen a través de entrevistas la carrera de los jueces propuestos y que haya un estudio del juez o jurista que se postule a vocal.
Ese texto con las dos propuestas se remitirá al Parlamento en plazo: “Diremos que ambas soluciones son igual de constitucionales”, aseguran algunos vocales.
Además, la idea es remitir el texto a la Comisión de Venecia para que haga un informe con la opción que mejor se adecúe a los estándares europeos y a partir de ahí tomar una decisión final. Algo excepcional que llega por la falta de acuerdo para llegar a una sola propuesta.
La Comisión de Venecia es un órgano asesor del Consejo de Europa en cuestiones constitucionales. Es ajeno a la Unión Europea y basa su actividad en emitir opiniones jurídicas (no vinculantes) sobre proyectos legislativos o legislación ya en vigor. Su función es asesorar a los países y ayudarlos a que cumplan con los estándares europeos en materia jurídica. Por ejemplo, la ley de amnistía se consultó con esta comisión.
Detalles de la propuesta conservadora
Desde el sector progresista aún no tienen redactada su propuesta, al contrario que los conservadores, que la presentaron el pasado viernes. Su proposición aboga por que los doce vocales judiciales del CGPJ sean elegidos directamente por jueces y magistrados, sin intervención del Parlamento ni del Ejecutivo en ninguna fase del proceso. Es decir, que los jueces elijan a los jueces y que haya unas elecciones internas en las que todos los jueces y magistrados en activo podrían votar y presentarse como candidatos.
Además, establecen criterios de inelegibilidad para evitar la politización (por ejemplo, no podrán ser elegidos quienes hayan ocupado cargos políticos en los últimos cinco años). Asimismo, proponen que las candidaturas puedan ser presentadas de forma individual, con avales de otros jueces o respaldadas por asociaciones judiciales y promueven que los jueces independientes que no pertenezcan a ninguna asociación tengan las mismas posibilidades.
El objetivo de esta propuesta de los vocales conservadores es “fortalecer la independencia judicial y mejorar la confianza de la ciudadanía” así como adecuarse a los estándares europeos: “El GRECO (Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa) reitera su opinión de que las autoridades políticas no deben participar, en ningún momento, en el proceso de selección del turno judicial”, argumentan en su informe.