CASO BEGOÑA GÓMEZ

La mujer de Sánchez no tendrá que acudir finalmente a la declaración de Barrabés

El juez interrogará a Barrabés en el juzgado al ser dado de alta, por lo que Begoña Gómez no tendría que asistir

Begoña Gómez y Pedro Sánchez - Política

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El juez Juan Carlos Peinado que investiga a Begoña Gómez ha acordado tomar declaración al empresario Juan Carlos Barrabés en el juzgado y no en el hospital en el que estaba ingresado dado que ya ha sido dado de alta. De esta forma, su testifical no se realiza como prueba preconstituida y por lo tanto la esposa del presidente del Gobierno no tendría que asistir a la misma de forma presencial.

Así lo confirman a Europa Press fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que apuntan que el magistrado titular del juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha recibido de la gerencia del centro hospitalario en el que se encontraba ingresado confirmación de que el paciente ha sido dado de alta.

Peinado mantiene la declaración para el próximo lunes, 15 de julio, a las 10.00 horas, en la sede de los juzgados de Plaza de Castilla.

A primera hora de la mañana de este martes, avisó a Gómez de que tenía la “obligación” de acudir el lunes a los juzgados de Plaza de Castilla para seguir la declaración como testigo del empresario Juan Carlos Barrabés advirtiéndole de que si no acudía o no alega “causa justa” para su ausencia podrá dictar una “orden de detención”. “Le apercibo que tiene obligación de comparecer y que de no hacerlo ni alegar causa justa que se lo impida, podrá convertirse esta citación en orden de detención”, señalaba. Un extremo que ya no es necesario ya que la declaración no se realiza como prueba preconstituida.

Cabe recordar que Gómez acudió al juzgado el pasado viernes 5 de julio para declarar como investigada, pero finalmente se pospuso el interrogatorio para el 19 de julio porque no se le había notificado correctamente una de las querellas aportadas al procedimiento. Ese día se llevó a cabo un gran despliegue policial en las inmediaciones de Plaza de Castilla y se autorizó su entrada al juzgado por el garaje por cuestiones de seguridad.

Este aplazamiento otorga a la defensa de la mujer del presidente del Gobierno el tiempo necesario para revisar la querella y preparar una respuesta adecuada a las acusaciones planteadas. Su abogado aseguró el viernes que su representada estaba dispuesta a cooperar, dando a entender que podría declarar en vez de acogerse a su derecho a no hacerlo. Eso sí, ni lo confirmó con claridad ni dejó de subrayar que cooperaría siempre y cuando le explicaran con claridad los hechos que se estaban investigando.

¿De qué la acusan?

La citación de Gómez se centra en supuestas irregularidades en contratos que, según los denunciantes, podrían demostrar tráfico de influencias gracias a su matrimonio con Pedro Sánchez. La defensa de Begoña Gómez insiste en que los contratos en cuestión han sido trasladados a la fiscalía europea y no son objeto de esta declaración. “Si los contratos investigados se han ido a la fiscalía europea, los hechos no afectan a mi representada”. La falta de claridad en la investigación y la referencia a la denuncia inicial sin mencionar la querella reciente han sido puntos de crítica por parte de la defensa.

Antonio Camacho, abogado de Gómez, ha expresado su desconcierto y malestar ante lo que considera una gestión irregular del proceso judicial. En sus declaraciones, Camacho dejó abierta la posibilidad de que el retraso en la notificación de la querella podría ser un error humano, aunque también insinuó que podría haber un intento deliberado de prolongar el proceso judicial. “Quisiera pensar que es un error humano. Tanto mi defendida como yo, creemos en la administración de justicia”, comentó. No obstante, subrayó la falta de explicaciones recibidas por parte del juez Peinado respecto a la nueva querella. Además, destacó que investigar todos los actos de una persona desde que su cónyuge asumió un cargo político puede interpretarse como una investigación prospectiva, práctica que está “prohibida terminantemente” por el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional.

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