Se complica el futuro judicial para Santos Cerdán, uno de los pesos pesados del PSOE. Prácticamente a la carrera en los pasillos del Congreso de los Diputados, el diputado socialista se limitó a asegurar que no tiene “ningún miedo” a pesar de las informaciones e investigaciones que le implican en presuntos escándalos de corrupción.
“No tengo nada de qué defenderme”, añadió lacónico, pocas horas antes de que trascendiera que la UCO ha intervenido una grabación de Koldo García que implica al número tres del PSOE en un supuesto cobro de comisiones confirmándose así, tal y como adelantó Artículo14, que Cerdán es “una pieza” clave de la trama. Las fuentes del caso consultadas por este periódico ven cada día más cerca su imputación, lo que traerá consigo un indudable terremoto político.
Encima de la mesa, el ya famoso informe de la UCO de la Guardia Civil, en el que obran conversaciones entre Santos Cerdán y Koldo García, quien fuera asesor de José Luis Ábalos. Las fuentes consultadas explican que “a nada” que el juez Leopoldo Puente quiera indagar en su implicación en los supuestos amaños de obra pública, tendrá que abrirle una investigación para que pueda defenderse con todas las garantías. Una imputación que las fuentes conocedoras del caso no descartan que se produzca este mismo mes de julio.
Camino del suplicatorio
Santos Cerdán es diputado, por lo que goza de aforamiento, un estatus jurídico especial destinado a algunos estamentos del Estado para que estén protegidos frente a demandas espurias y que evite a jueces ordinarios de presiones a la hora de investigarlos. Por tanto, su situación jurídica obliga a que, si el juez quiere abrir una investigación penal contra él, tenga que elevar un auto con un suplicatorio al Congreso de los Diputados.
Tras ello, la Cámara Baja somete a votación secreta este suplicatorio, a fin de suspender la inmunidad de la que goza el aforado. Una votación en pleno que suele salir adelante por unanimidad. A partir de ahí, el magistrado puede citar a declarar a Santos Cerdán como investigado con asistencia de letrado y ordenar a la Unidad Central Operativa indagar en sus comunicaciones, su domicilio o sus cuentas bancarias. Este trámite en las Cortes se hará previsiblemente en un pleno extraordinario por la agenda parlamentaria de verano.
Es lo mismo que ocurrió con José Luis Ábalos, aún diputado en el Congreso. El juez elevó el suplicatorio en diciembre de 2024 y a finales de enero de 2025 el Congreso votó en pleno extraordinario dejando vía libre al magistrado para investigarlo.
Si bien, el juez tiene la opción de llamar a declarar voluntariamente al investigado sin que se haya formalizado el trámite, como también ocurrió con Ábalos en su declaración de diciembre de 2024.
El informe de la UCO
El informe de la UCO clave para Cerdán está en manos del juez desde el 5 de junio, pero decretó el secreto de sumario. Un extremo que según las fuentes consultadas “se alzará con toda probabilidad” este jueves para dar traslado a las partes personadas en la causa. Será ahí cuando se filtre a la prensa y se conozca en profundidad esa presunta participación del actual número tres del PSOE en la adjudicación de obra pública.
Leopoldo Puente decretó el secreto de sumario porque en ese informe hay un audio de Koldo García del que se desprende que Ábalos “pudo haber participado desde su condición de titular del ministerio de Transportes en la adjudicación de determinadas obras a favor de concretas empresas a cambio de un precio o de compensación económica”, según reza el auto del magistrado.
Es por ello que ordenó el registro de su domicilio y de las sedes de diferentes empresas antes de que las partes conociera ese contenido, con el objetivo de que el operativo se mantuviera en secreto hasta su ejecución.