El terrible accidente de Adamuz en Córdoba ya está en los tribunales. La investigación judicial se activó desde el primer momento por el Tribunal de Instancia número 2 de Córdoba, que estaba de guardia en el momento de los hechos. Fuentes jurídicas consultadas por Artículo14 prevén un arduo periplo judicial.
En primer lugar, el juzgado de guardia actúa sobre lo más urgente, que son las actuaciones de recepción iniciales de información y la incorporación de autopsias. De estas acciones se encargarán 27 forenses procedentes de todas las provincias de Andalucía, que trabajan para identificar a todas las víctimas y hacer un balance definitivo de daños humanos. Serán ayudados por la Unidad Militar de Emergencias (UME) y a personal del Ejército de Tierra encargados refrigerar todos los espacios y permitir el trabajo de los forenses.
Los cuerpos se depositarán en El Instituto Médico Legal de Córdoba, situado en la Ciudad de la Justicia que puede albergar un total de 61 cadáveres.
De hecho, a lo largo de la jornada de este lunes el CID realizó un total de 37 levantamientos de cadáveres. A 23 de ellos se les practicó ya la autopsia y el total de personas plenamente identificadas por el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil asciende a cinco. Todas ellas, identificadas a través de las huellas dactilares. Además, se realizó un listado de pasajeros que viajaban en ambos trenes con un total de 527 personas.
Para recabar toda la información, el IML ha conformado un Centro de Integración de Datos como prevé la ley en los casos de sucesos con muchas víctimas. Será el encargado de centralizar y supervisar los diferentes informes de identificación que se realicen por las distintas instituciones. El objetivo es facilitar toda la información a las familias de las víctimas cuanto antes y remitir un informe a los juzgados. Un trámite “relativamente rápido”, según las fuentes consultadas.
En paralelo, la Guardia Civil está practicando las primeras diligencias sobre el terreno. Los agentes reúnen los primeros datos para esclarecer el origen del accidente: las imágenes de los trenes descarrilados y las declaraciones de los afectados y los técnicos implicados.
Por otro lado, el organismo encargado oficialmente de investigar el siniestro es la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF). Un organismo independiente formado en 2007 encargado de la investigación técnica de los accidentes e incidentes ferroviarios acaecidos en la Red Ferroviaria de Interés General. Su objetivo principal es extraer de su labor lecciones que permitan mejorar la seguridad ferroviaria. Sin embargo, el organismo no determinará de quién es la responsabilidad solo informará de lo investigado al juzgado.
Es la jueza quien recibirá el informe del CIAF y los atestados policiales. Tomará declaración a los lesionados y a los familiares de las víctimas. A partir de ahí se valorará si se abre a personas concretas. También podría seguir investigando y ordenando todo tipo de diligencias testificales, periciales y documentales. Por ello, fuentes jurídicas consultadas por Artículo 14 advierten que el proceso judicial será largo.
Por el momento, las primeras valoraciones descartan el fallo humano o la negligencia por exceso de velocidad: “Los registros de los dos trenes muestran que iban a una velocidad inferior a la asignada al tramo. Estaban ya en la curva de frenado, uno a 250 kilómetros/hora y otro a 210 kilómetros/hora. Es un tramo de 250 kilómetros/hora, y el propio sistema impide superar esa velocidad”, informó Álvaro Fernández Heredia, Presidente de Renfe. Además, apuntó con toda la prudencia a “alguna cuestión del material móvil de Iryo o de la infraestructura”, como posible causa del accidente.
Pese al estado embrionario de la investigación, el sindicato ultraderechista Manos Limpias ya se ha personado como acusación popular. Quieren esclarecer si el fatídico accidente pudiera tratarse de un homicidio imprudente.
El caso Angrois
El terrible accidente de Adamuz recuerda al que ocurrió en la localidad gallega de Angrois en 2013. Un tren Alvia con 218 pasajeros descarriló en una curva por sobrepasar el límite de velocidad. 79 personas murieron y 140 resultaron heridas. La investigación judicial duró 8 años. El juez archivó y reabrió la causa varias veces. Se encargaron informes técnicos y peritajes europeos. Cada paso era impugnado por las defensas de las víctimas, de las aseguradoras o los imputados. De ahí a que se extendiera tanto en el tiempo.
La sentencia no llegó hasta once años después. En julio de 2024 se condenó al maquinista del tren y al director de Seguridad de Adif a dos años y medio de prisión y la inhabilitación permanente por homicidios imprudentes.
Suscríbete a nuestra newsletter
Recibe en tu correo electrónico, los artículos de la directora Pilar Gómez.