En los cuarteles generales de PP y Vox saben perfectamente que el Gobierno de Pedro Sánchez busca enfrentarlos utilizando el reparto de los más de 1.300 menores migrantes que colapsan Ceuta. Y, de momento, están comportándose como un sólo bloque de acción y evitando desviar el foco con rencillas entre ellos. “No caben más errores de ese tipo en año electoral”, reflexionan dirigentes de ambas formaciones.
Es la primera vez que una crisis migratoria -y de seguridad nacional- de este calibre tiene lugar con el partido de Abascal encargado de las competencias de los menores migrantes en las cuatro comunidades autónomas en las que gobierna en coalición con el PP: Extremadura, Castilla y León, Andalucía y Aragón. Son los vicepresidentes de estos territorios los responsables de la cartera de Asuntos Sociales. Una concesión materializada en los últimos pactos de gobierno que se han producido durante el último semestre.
En los acuerdos se recoge de forma expresa el compromiso a oponerse “por todos los medios legales, jurídicos y políticos a cualquier mecanismo de reparto de inmigrantes ilegales”. La literalidad del párrafo es idéntica en los cuatro documentos y está introducido por la frase “No más menores extranjeros no acompañados”. El epígrafe remarca que cada comunidad autónoma “rechazará de forma expresa la política inmigratoria del Gobierno de Sánchez y se opondrá al reparto de inmigrantes ilegales, tanto mayores como menores de edad”.
El PP busca vías judiciales para evitar el reparto
Desde el PP ya han asegurado que van a cumplir la Ley de Extranjería, pero buscan mecanismos y resquicios legales para rechazar la acogida de los menores en las autonomías que presiden. Los territorios aseguran que están “completamente colapsados”. Aragón y Baleares, por ejemplo, se encuentran por encima del 200% de su capacidad.
En este punto, la dirección nacional del PP exige que el Gobierno cumpla con la legalidad y trate con Marruecos el retorno de los migrantes. Hacen referencia al convenio suscrito con Marruecos en 2007 para el retorno de menores no acompañados. Dicha resolución recoge que el interés superior del menor es retornar con su familia: “Favorecer el retorno asistido de los menores al seno de sus familias o a la institución de tutela del país de origen, así como su reinserción social”, puntualiza.
Asimismo, fuentes del PP insisten en que “no hay ninguna rebelión de las autonomías del PP” sino la “exigencia” de que todas las administraciones cumplan con las “obligaciones que le corresponden”. Además, piden la la Fiscalía General del Estado que, antes de advertir a las ccaa, cumpla con sus obligaciones.
Desde la sede de Génova 13 recuerdan que el Protocolo Marco sobre Menores Extranjeros No Acompañados -suscrito por la propia Fiscalía- atribuye expresamente al Ministerio Fiscal la responsabilidad de ordenar las pruebas médicas de determinación de edad cuando se localiza a un menor extranjero indocumentado cuya minoría de edad no puede establecerse con seguridad.
Vox plantará a la ministra Rego
Por su parte, Vox ya ha anunciado que dará plantón a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, el jueves que viene. Los vicepresidentes de la formación en Aragón, Castilla y León y Extremadura han remitido una carta a la ministra dejando claro que no asistirán a la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia del 13 de agosto, haciendo constar anticipadamente su negativa al traslado de menores procedentes de Ceuta. Una decisión que, según fuentes autonómicas, ha sido comunicada previamente a los presidentes populares.
En privado, los de Abascal insisten en que hay que “elevar la presión” contra el Gobierno y combatirán la posibilidad de un reparto de los menores. Para ello, el equipo jurídico de la formación está preparando una ofensiva judicial a nivel nacional e internacional. “Lo ocurrido en Ceuta es una invasión, y quienes cruzaron la frontera ilegalmente donde tienen que estar es de vuelta en Marruecos. Y, si son menores, con sus padres”, sentencian en la cúpula.
Los de Abascal observan un cambio significativo en su socio de coalición y, en privado, están trasmitiendo que valoran “muy positivamente” la evolución de la postura del PP. Los de Feijóo han pasado del mantra del “somos un pueblo solidario” -que repitieron en crisis similares en el año 2021 y 2024- a asumir el lenguaje de Vox y replicar que los menores “deben irse con sus padres”.
En este sentido, señalan que la situación es muy diferente a la del año 2024. Justo en el mes de julio de ese año, los consejeros del PP avalaron el reparto de 400 menores migrantes no acompañados que saturaban la administración de Canarias. La decisión la gota que colmó el vaso y los de Abascal abandonaron los gobiernos de coalición que conformaban con los populares. Ahora, el reparto se rige por un real decreto de 2025 en el que el Gobierno ha asumido de forma total la decisión del reparto y que no fue apoyado por el PP.
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