A punto de cumplirse tres semanas de los primeros ataques de EEUU e Israel en Irán, el Gobierno aprobará este viernes en Consejo de Ministros extraordinario su primer paquete de medidas para paliar las consecuencias económicas del conflicto en Oriente próximo. Se trata de un primer real decreto ley con distintas medidas, que PSOE y Sumar seguían negociando a última hora del jueves.
Desde ambos partidos ya habían anticipado días antes este desenlace: una negociación in extremis, tensa, entre reproches. Pasadas las 22.30 horas, fuentes del socio minoritario en el Ejecutivo trasladaron que aún no había fumata bianca.
Será el propio Pedro Sánchez quien exponga en rueda de prensa las políticas que contiene la norma, que pasan por rebajas fiscales -entre otras, sobre el precio del combustible, para los sectores del campo y el transporte por carretera-, y otras de corte social, como la prohibición de cortar suministros a hogares vulnerables. O un incremento de los descuentos del bono social eléctrico. Habrá medidas coyunturales, y otras de corte estructural (algunas en el sector energético, centradas en las renovables), con afán de permanencia.
Entre otras políticas, fuentes del Ejecutivo anticipan a Artículo14 que el texto previsiblemente incluirá una reducción del Impuesto Especial sobre la Electricidad (IEE), que representa el 5,113% de prácticamente todas las facturas de la luz, y que permitió recaudar cerca de 1.350 millones de euros en el último ejercicio. Estas fuentes también apuntan a un posible alivio en las facturas de las familias, trasladando parte de los costes fijos a las empresas que figuran como grandes consumidoras de combustibles fósiles, entre otras.
El hermetismo de Moncloa ha sido total en los últimos días: si hace una semana reclamó a los partidos políticos, sindicatos y patronal, que aportaran propuestas, distintas fuentes de los agentes sociales afirmaron que durante la mañana del jueves aún no conocían las medidas que finalmente incluiría el texto.
En los partidos políticos afirmaban lo propio a última hora de la tarde, aunque les constara el compromiso del Ejecutivo de contactar con ellos para avanzarles algunos aspectos de la norma. El real decreto ley entrará en vigor con su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), pero después tendrá que ser convalidado o derogado por el Congreso de los Diputados.
El gran “escollo por resolver”, en palabras del ministro Ernest Urtasun (Sumar), ha estado hasta el final en las medidas sobre vivienda que el socio minoritario aspiraba a incluir. Para toparse con el rechazo de sus socios. “Para nosotros son absolutamente imprescindibles”, apuntó el ministro de Cultura. Se refería a la prohibición de desahuciar a familias vulnerables, incluida en el decreto ley de escudo social tumbado en dos ocasiones este año en el Congreso.
Y a la prórroga de los cerca de 600.000 contratos de alquiler de vivienda que están expirando en 2026, reclamada por Sumar desde el mes de octubre. Como en anteriores ocasiones, distintas fuentes del ala socialista han dado largas, cuando no portazo, a esta medida. Aseguran que supondría no contar con los necesarios votos de Junts y PNV en la Cámara Baja.
Sólo incluirán en este primer paquete “las medidas que generen consenso”, afirman desde el ala socialista del Ejecutivo. Habrá más actuaciones, en función del impacto del conflicto. Pero las que exigen sus aliados de izquierda en materia de vivienda previsiblemente no llegarán en una primera fase.
Sumar: “El PSOE usa a Junts para que les hagan el trabajo sucio”
Distintas fuentes de la formación de Yolanda Díaz aseguran que, durante los últimos días y en esta jornada en particular, “todos los ministros” han presionado para incluir estas medidas. A media mañana, la última advertencia de Jordi Turull (Junts) en contra de sus recetas sobre vivienda, contribuía a encender aún más los ánimos. “Si mezclan nabos con coles no votaremos a favor”, afirmó el secretario general de Junts en La 2.
“El PSOE usa a Junts para que les hagan el trabajo sucio”, acusó una dirigente de Sumar. El enfado es considerable; desde hace hace días reconocen cierta “valentía” en otras propuestas de sus socios. En materia de vivienda, sin embargo, apenas se han acercado. Hubo cierto coqueteo en el ala socialista del Ejecutivo con la posibilidad de topar las subidas de estos contratos hasta un máximo del 2% (en lugar de congelar los precios), pero insistieron en que con Junts y PNV hay que andar “con pies de plomo”.
En el PSOE recuerdan las palabras de su portavoz parlamentario, Patxi López, que el martes retó a su homóloga en Sumar, Verónica Barbero, a convencer a Junts y PNV de que presten sus votos. Distintas fuentes parlamentarias se quejaron de que el PSOE ni siquiera se pronuncia sobre el fondo de estas políticas, y se limita a aludir a que no obtendrán los necesarios apoyos. “Han tirado el escudo social dos veces”, recordaron los socialistas.
Urtasun, en una entrevista en TVE, aludió a las mismas derrotas parlamentarias para argumentar en sentido contrario. “Hemos aprobado dos decretos de escudo social con vivienda. Creo que nadie entendería que ahora se apruebe un escudo social sin vivienda”, apostilló. Temen que el incremento del IPC que ya contempla el Ejecutivo repercuta aún más en los precios de un mercado disparado. Y recuerdan que distintas organizaciones, de Amnistía Internacional a Comisiones Obreras, han respaldado estas iniciativas.
Malestar en la izquierda
Durante la mañana, en una entrevista en Los Desayunos, un formato de RTVE y la agencia EFE, la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, afirmó que mantenían contactos para sondear los apoyos con los que contarán. “Estamos hablando tanto con los agentes sociales como con los grupos parlamentarios para asegurar su tramitación”, aseguró.
Grupos de la izquierda aseguraron que, cuando Montero pronunció estas palabras, seguían en ascuas. Y expresaron su malestar por la forma de negociar del PSOE: “Nosotros no podemos decir que no a medidas sociales, y la derecha tiene la sartén por el mango”; “Es más fácil decirnos a nosotros que no”, zanjaron.
Por más que el Gobierno emplace al PP a votar a favor, saben que sin armar su precaria mayoría de investidura no pueden garantizarse que el decreto salga adelante. Habrá medidas que gusten a los conservadores, anticipan. Pero de ahí a que les apoyen saben que hay un mundo.
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