“Si nos movemos de aquí, nos violan”: del miedo de las menores migrantes de Ceuta al caos de las cifras

Se esconden en los furgones de la Policía Nacional,  no quieren separarse de ellos. Algunas de las menores migrantes que llegaron a Ceuta el pasado 30 de julio permanecen apartadas del resto de en las inmediaciones del asentamiento del CETI porque tienen miedo de moverse. Cuando miembros del sindicato policial Jupol les preguntaron por qué permanecían allí, la respuesta fue estremecedora: “Si nos movemos de aquí, nos violan”.

Mientras ellas y toda la ciudad autónoma viven con miedo, las cifras de las agresiones sexuales siguen sin aclararse. Las fuentes policiales consultadas por Artículo14 manejan recuentos distintos: unas hablan de siete agresiones sexuales confirmadas el pasado miércoles; otras elevan la cifra a 15 casos registrados en la Policía Nacional el pasado viernes. No existe una cifra oficial pública que permita conocer con precisión la dimensión de un problema que las propias fuentes sobre el terreno califican de “insostenible”.

Más de quince días después de la avalancha que sufrió Ceuta, las niñas que llegaron desde Marruecos permanecen en una situación de especial vulnerabilidad, mientras las administraciones implicadas afrontan el desafío de atenderlas, identificarlas y garantizar su protección.

Activar el protocolo

Cuando una menor llega a un centro sanitario tras una agresión sexual, la prioridad es atenderla y valorar su estado. El protocolo común del Sistema Nacional de Salud contempla una atención integral y establece pautas específicas para la actuación sanitaria y médico-forense.

En los casos recientes atendidos en Ceuta, las menores que acuden primero a Policía Nacional a interponer la denuncia serán remitidas después al Hospital a ser examinadas.

Sin embargo, algunas acuden directamente al Hospital o a centros de salud antes que a la Policía. Allí, son valoradas por ginecología. También intervienen médicos forenses, cuya actuación tiene una finalidad médico-legal: valorar lesiones y, cuando procede, recoger y preservar muestras relevantes para esclarecer los hechos. La coordinación entre sanitarios y forenses busca evitar exploraciones repetidas y reducir la victimización secundaria.

En esos casos, el centro sanitario activa el protocolo y comunica los hechos a la Policía Nacional, que inicia diligencias y traslada el caso a la Fiscalía de Menores cuando la víctima carece de familiares localizables.

Es ahí cuando la situación adquiere especial complejidad: no se trata solo de investigar una posible agresión, sino también de determinar qué medidas deben adoptarse para garantizar su seguridad. Además, los agentes también tendrán que activar la búsqueda, localización y detención del autor o autores de los hechos que, en esta situación, están siendo más de uno.

Fuentes policiales advierten de que “van casi a una agresión por día”, y cuestionan por qué Interior no ha hecho pública una cifra consolidada. “Muchas no denuncian por miedo”, subrayan.

Patrullas ciudadanas

¿Y las mujeres de Ceuta? Según fuentes consultadas ellas tienen más recursos para defenderse. De hecho, explican que “se ha agotado el stock de gas pimienta en la ciudad autonóma”. Tienen miedo a salir solas a la calle, a pasear con sus perros. “Vayas con quien vayas te miran”. “Más de una hemos tenido ya que pegar dos gritos para que nos dejaran entrar tranquilas al portal”, asegura a este medio una joven que los primeros días se encontró a varios migrantes sentados a las puertas de su casa. Por ello en algunos barrios de la ciudad autónoma se han montado hasta “patrullas ciudadanas” y las persianas, portales, portones de consultas médicas y accesos privados permanecen lo más cerrados posibles. “Hay miedo a salir a la calle”.