Abortar en España es un derecho que debe sufragar el Estado. No debería costar ni un solo euro a ninguna mujer en todo el país. Gratis. Pero la realidad se aleja de la teoría. Interrumpir voluntariamente el embarazo cuesta dinero si quieres ser rápida, si pretendes evitar que los plazos para el aborto libre -las primeras catorce semanas de gestación- transcurran en una vorágine burocrática y se pase el tiempo legal.
El problema es todavía mayor si eres una mujer que pertenece a un entorno rural porque tendrás además que pagarte seguramente una habitación de hotel y un medio de transporte para abortar en otra provincia o comunidad autónoma si la tuya no dispone de los medios suficientes. Y esto ocurre.
Según Carolina Vidal, Secretaria Confederal de mujeres, igualdad y condiciones de trabajo de CC.OO., “no solo va de derechos sino que se necesitan recursos públicos porque si no, hay diferencias de clase social, económicas y demográficas e incluso diferencias generacionales y depende de la red que tengan para poder abortar. Se ha demostrado que no es un derecho igualitario de las mujeres”, asegura.
Según los últimos datos del ministerio de Sanidad, que son de 2022 y todavía no estaba vigente la nueva legislación, hay tres Comunidades Autónomas donde no se realizan abortos en la Sanidad Pública: son Castilla-La mancha, Extremadura y Murcia. En total, se contabilizaron 98.316 interrupciones según el registro de Sanidad en 222 centros autorizados de todo el territorio. El 82% de los abortos se realizaron en centros privados y concertados y el 17% restante en centros públicos.
Objeción de conciencia
Y la razón para que no se hagan estas intervenciones en la sanidad pública, según los sindicatos, tiene que ver con la objeción de conciencia y el estigma que sufren los médicos a los que no les importaría realizar las intervenciones pero que no las hacen por no verse señalados. “No cabe duda de que el derecho al aborto no se puede confrontar con el derecho a la objeción de conciencia de los médicos, no se puede rivalizar qué derecho pesa más y que termine pesando más la objeción de conciencia. Exigimos a los gobiernos donde no se hacen abortos que se hagan listas de objetores para respetar ese derecho y para que no haya la posibilidad de que haya lucro fuera, en la privada” explica Vidal.
El proceso en principio es sencillo. Si cumples con los supuestos, acudes a tu médico de cabecera y el profesional te da toda la información y te desvía al especialista adecuado. Sara es médico de familia en Valencia. Conoce los protocolos porque en alguna ocasión se ha encontrado en consulta con este tipo de casos. “Una paciente que acude solicitando la interrupción voluntaria del embarazo la derivo o al centro de salud sexual de zona, para que pida ella misma cita, o le proporciono el teléfono de contacto de clínicas privadas concertadas donde efectúan el procedimiento. No hacemos seguimiento, pero sí una exploración psicológica y si considera que necesita apoyo psicológico les derivo a esa especialidad”, explica la doctora Sara Fernández Maza, especialista en medicina familiar y comunitaria.
Según Cristina Antoñanzas, vicesecretaria general de UGT, “te encuentras con que la objeción de conciencia de médicos provoca que en muchos hospitales públicos no se practiquen abortos y a los médicos que no les importaría, no lo hacen porque se sienten estigmatizados. Entonces tu médico te puede derivar a una clínica privada registrada como colaboradoras de la administración pública. Están concertadas y no te cuesta nada. Pero eso sucede si lo has solicitado con tiempo. Muchas mujeres en la práctica para evitar el calvario deciden pagarlo directamente de su bolsillo”, revela Cristina.
Y los precios son caros. En la clínica madrileña Isadora, hospital acreditado para el aborto en la Comunidad de Madrid, los precios varían según el tipo de intervención. Desde los 345 euros hasta las 12 semanas con anestesia local hasta los 3.500 euros de una microcesárea.
Para una mujer, por ejemplo, que cobre el salario mínimo interprofesional, significa destinar casi la mitad del sueldo de un mes para una intervención en torno a las 14 semanas (475 euros). Si son semanas posteriores, entonces los precios se disparan (por ejemplo, una intervención de veinte semanas cuesta 1.470 euros) y es posible que tengan que endeudarse o incluso renunciar a su derecho por falta de dinero.